Política

Cuadernos de las Coimas: nueva jugada K para tratar de anular la ley del arrepentido

Abogados de ex funcionarios y empresarios K solicitaron a una sala de la Cámara de Casación Penal que declare la "inconstitucionalidad" de esa norma legal, pese a que su constitucionalidad ya había sido declarada por otra sala del mismo tribunal.

Antes de elevar a juicio oral el expediente, el fallecido juez Claudio Bonadio dio por corroborados los dichos de los 31 "imputados colaboradores" de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. El 21 de octubre de 2019, la Cámara Federal porteña, integrada por los removidos jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, rechazó una serie de reclamos de ex funcionarios kirchneristas y empresarios, que pusieron en duda la constitucionalidad de la Ley del Imputado Colaborador y por ende, los testimonios que fueron estructurando el expediente que tiene como principal acusada Cristina Kirchner. Los camaristas habían sostenido que el magistrado "dio cumplimiento" a lo que impone la Ley respecto a la "verosimilitud" de las confesiones. Sin embargo, una sala de la Cámara de Casación analiza si es inconstitucional o no, aquella normativa y cómo se aplicó, lo que podría poner en riesgo el juicio. Sin embargo, otra sala del mismo tribunal ya declaró la constitucionalidad de la norma. Después de un año del comienzo de la instrucción de la causa, a principios de septiembre de 2019, Bonadio señaló en una resolución que los aportes de los 31 arrepentidos habían sido "sustanciales" para confirmar la existencia de una "estructura delictiva" que se dedicó al cobro de "fondos ilegales". "Habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas", sostenía aquella resolución. Así, dio cumplimiento a la norma que establece que en el plazo de un año el magistrado debe corroborar los dichos de los "imputados colaboradores". De haberse confirmado que algunas de sus afirmaciones no eran ciertas, los imputados habrían perdido todos los beneficios y hubiesen quedado detenidos por falso testimonio agravado. Varios de los acusados en el caso, ex funcionarios y empresarios, apelaron esa medida. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, rechazó dichas quejas. Los planteos llegaron hasta la Cámara de Casación, pero fueron más allá: el incidente sostiene que la ley del arrepentido "es inconstitucional". A esto lo acompaña una consecuencia inmediata a criterio de los acusados, "la normativa se aplicó de forma indebida". Como consecuencia directa de ambos argumentos, se pidió la nulidad de todo lo actuado. La semana pasada en una audiencia que originalmente, estaba pautada para marzo, la Sala I del Máximo Tribunal penal escuchó los planteos de varias defensas, entre ellas la de Julio De Vido a la que adhirieron otros imputados. Además, de Maximiliano Rusconi por De Vido, apoyan el pedido Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo y del dueño de Electroingeniería y militante K Gerardo Ferreyra, Laura Fechino, representante del ex funcionario, Hernán Gómez, y Marcelo Mónaco letrado del ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain. La Casación tiene veinte días para expedirse sobre un punto neurálgico para la causa donde Cristina Kirchner fue procesada como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Antes de pronunciarse la Sala presidida por la jueza Ana María Figueroa e integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pidieron al juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien subroga el juzgado del que era titular Bonadio, que responsa si existe "registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración previsto en la Ley 27.304". La discusión se centró en los "medios idóneos" que la ley exige como soporte para el resguardo de los testimonios. En diciembre de 2018, los camaristas Bruglia y Bertuzzi, avalaron como medio idóneo las actas firmadas por los arrepentidos, sus abogados y por el representante del ministerio Público Fiscal, ya que la misma se hace bajo juramento y de incurrir en falso testimonio, las penas se agravan y se pierden los beneficios obtenidos en el acuerdo de colaboración. El magistrado le corrió vista al fiscal Carlos Stornelli quien estuvo al frente los acuerdos que el kirchnerismo cuestiona. Fuentes judiciales señalaron a Clarín, que tiene 48 horas para expedirse al respecto. Hasta tanto, esa sala de la Cámara de Casación tendrá suspendidos los veinte días de plazos que corren para resolver si la Ley del Imputado Colaborador es inconstitucional, o no. Sin embargo, en julio de este año, otra sala de Casación, la IV integrada por Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos ratificó la constitucionalidad de la figura del “arrepentido” y denegó nulidades en una causa seguida al ex Juez Federal de Corrientes Carlos Soto Dávila. Las escuchas entre Roberto Baratta y Claudio Minnicelli desde la cárcel de Ezeiza en las que hablaban de cómo organizar el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. La sala IV lo hizo cuando declaró inadmisible el recurso extraordinario a la Corte presentado contra el rechazo del recurso de casación interpuesto contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que había rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la figura del “arrepentido” prevista en el artículo 41 del Código Penal, además de la ley. El año pasado, los camaristas Bruglia y Bertuzzi , sostuvieron que el juez Bonadio "ha dado cumplimiento" a lo dispuesto en la ley 27.304, "en cuanto a corroborar el cumplimiento de las obligaciones que los imputados arrepentidos contrajeron en el marco del acuerdo de colaboración" que firmaron, y que se dio por corroborado por parte del juez de la causa, "especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que han proporcionado". Sin embargo, gran parte de los procesados señalaron ante la Casación que las actas no eran registro suficiente, sino que deberían haberse grabado, filmado. Pero el planteo de base, es que la normativa "es inconstitucional" y que como tal corresponde anular todo el expediente ya elevado a juicio oral y radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) donde por ahora sólo hay dos jueces, ya que el tercer integrante, Germán Castelli fue removido también la semana pasada por el kirchnerismo. ¿Puede la Cámara de Casación declarar inconstitucional una ley aprobada por el Congreso? "Tiene potestad, ya ocurrió en otras ocasiones, como con la Ley de Drogas", respondió un integrante del Máximo Tribunal penal a Clarín. Esto no significa que se adelante ningún criterio sobre la cuestión que debe dirimirse, sino que se encuentra dentro de las competencias que enmarcan este reclamo de ex funcionarios y varios empresarios. El primer arrepentido que la causa de los cuadernos tuvo hace exactamente un año fue el chofer Oscar Centeno​, quien en la audiencia corroboró que los cuadernos habían sido escritos por él y ratificó su contenido. En sus páginas contaba encuentros en los que Baratta retiraba de distintos lugares de la ciudad bolsos, mochilas, valijas y bolsas con dinero que era cobrado a empresarios del área energética, de la obra pública y del sistema de transporte en concepto de coimas. Bonadio chequeó las anotaciones con cruces de llamadas, secuestro de documentación y otros testimonios, Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue el primer empresario en revelar la existencia de una estructura de negociados que bajó desde Planificación Federal, estableciendo porcentajes de coimas en función de los contratos otorgados. Junto a esta confesión, se evaluó la de otro ex titular de la Cámara, Juan Chediak, que habló de pagos realizados como motivo de "fuertes presiones" que sufrió su compañía durante el kirchnerismo para seguir operando. Otro testimonio clave fue el de José López, el primer ex funcionario de peso que aceptó acogerse a la figura del imputado colaborador, que contó cómo le cobraban a los empresarios los sobornos y cuál el rol de la ex Presidenta, a quien señaló como “conocedora de los hechos”. “¿Vas a hacer parte del problema o de la solución?”, le preguntó Cristina Kirchner en la quinta de Olivos después del fallecimiento de Néstor Kirchner. En su confesión, el ex secretario de Obras Públicos dijo que en su mano la senadora tenía un cuaderno donde se detallaba -de puño y letra del ex Presidente-, porcentajes de coimas, empresas, montos y obras. El ex funcionario y allegado a Julio De Vido Claudio Uberti fue otro de los arrepentidos importantes que integra el "cuarteto". Contó de las órdenes que recibía del ex ministro para arreglar con empresarios, a quienes se les otorgaba la concesión de peajes, y las indicaciones que descendían por parte de Néstor Kirchner. Pero además agregó información sobre los movimientos de bolsos con dinero que realizó Daniel Muñoz, contó dónde se guardaba ese dinero en Río Gallegos y los viajes a Santa Cruz en la flota presidencial. Del entorno de los Kirchner pero sin ocupar un cargo en la función pública, la lista de 31 imputados colaboradores también contó con la palabra de Víctor Manzanares, ex contador de la senadora que declaró sobre movimientos de dinero del ex matrimonio presidencial, sus negociados en el rubro hotelero y cómo Muñoz guardaba dinero en el sur. Por fuera de este círculo, pero que corroboró lo que contó Wagner, se ponderó entre los más importantes el testimonio del financista Ernesto Clarens. Sus aportes “explicaron la pata financiera de partes de las operaciones y, sobre todo, lo vinculado a las maniobras de Muñoz en el exterior" y "la cartelización en la obra pública, las empresas intervinientes y cómo se realizaban los pagos". Otros testimonios considerados como relevantes, fueron los generados en el marco del tramo por lavado de dinero que se centró en las operaciones de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) en el exterior. Sergio Todisco, Carlos Cortez y Carolina Pochetti fueron los tres principales arrepentidos, que permitieron configurar "la ruta de fondos, las 15 sociedades constituidas para adquirir 17 inmuebles entre Miami y Nueva York por 70 millones de dólares", señalaron fuentes judiciales. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores. Suscribite para comentar Ya tengo suscripción CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.

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