Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic no presentaron ni un mísero papel para sostener sus acusaciones en la causa llamada Operación Puf Puf. Públicamente aseguraron que Carrió había recibido un anónimo con la transcripción de llamadas de ex funcionarios y empresarios presos en el penal de Ezeiza y que esas desgrabaciones demostraban que en la cárcel se había armado un gigantesco complot para ir contra la causa de las fotocopias de los cuadernos: la supuesta conspiración consistía en haber develado las extorsiones del falso abogado Marcelo D'Alessio y, por esa vía, haber afectado al expediente que llevaban el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Pero ahora quedó claro que ni siquiera presentaron el supuesto anónimo o las transcripciones que, según ellas, alguien les hizo llegar de manera misteriosa. Sin nada --sin papel, sin sobre, sin la prueba original--, el juez Bonadio tenía listas más de veinte órdenes de detención, incluyendo a ex funcionarios, un empresario, varios abogados de los detenidos en Ezeiza e incluso periodistas, dos de ellos de Página/12. El argumento era que al haber publicado detalles de la causa de Dolores hasta los periodistas fueron parte de la conspiración. Al final Bonadio no se animó, en primer lugar porque vio que el expediente de Dolores acumulaba mucha prueba sólida y que Stornelli, su fiscal estrella, estaba involucrado en distintas maniobras. Los fiscales que investigan el espionaje ilegal en Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron los originales del anónimo supuestamente recibido por Carrió ya que esas escuchas fueron parte de las operaciones que hicieron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la cárcel de Ezeiza. Por esta razón, le dirigieron un escrito al juez Marcelo Martínez de Giorgi --sucesor del fallecido Bonadio-- pidiéndole ver la prueba original que debía constar en el expediente. La sorpresa mayúscula fue la respuesta de Martínez de Giorgi: ni Oliveto ni Zuvic, que presentaron la denuncia en nombre de Carrió, ni la propia Carrió, presentaron nunca el anónimo. Lo que hicieron fue entregar un escrito en el que dijeron que habían recibido un anónimo con la transcripción de diálogos de detenidos en Ezeiza que, según ellas, era una prueba de que armaron el expediente de Dolores como un complot contra la causa de las fotocopias. Los medios alineados con Cambiemos llamaron al supuesto caso la Operación Puf Puf porque el ex embajador Eduardo Valdés, en diálogo telefónico con el detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi dijo la frase: "Bonadio, Stornelli, puf puf". Como explicó Valdés en su momento, sus dichos no tenían nada que ver con la causa de la extorsión de D'Alessio, investigada en Dolores, sino con una columna que había escrito el periodista Carlos Pagni unos días antes. En ese texto, Pagni anticipaba que Stornelli y Bonadio contaban con que el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, declararía contra un ex secretario de los Kirchner, Isidro Boudine, y que éste prestaría un testimonio demoledor, como arrepentido, contra CFK. Nada de eso no ocurrió y por eso Valdés graficó que esa operación del juez y el fiscal se pinchó, "puf puf". Esta semana, Martínez de Giorgi archivó la denuncia de Carrió, Oliveto y Zuvic por inexistencia de delito. No hubo complot contra la causa de las fotocopias, al punto que ese expediente siguió adelante sin obstáculos, o más bien con los problemas surgidos de la grotesca investigación de Bonadio y Stornelli. El autor de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno, dijo que había quemado los originales, pero después aparecieron sanos, sin rastros de ceniza. La misma denuncia de las diputadas exhibió, desde el inicio, una maniobra grave. El fiscal Stornelli dijo que recibió un sobre, que le tiraron por debajo de la puerta de su oficina, conteniendo las transcripciones de las escuchas ilegales realizadas a los detenidos. Presentó la denuncia y resultaron sorteados el juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Como pensaron que les iba a ir mal con ese magistrado y ese fiscal, pocas horas después se presentaron las tres diputadas de Cambiemos diciendo que también habían recibido un sobre con las escuchas. Un sospechoso sorteo llevó a este segundo expediente al juzgado de Bonadio. Ahora se sabe que las diputadas nunca presentaron el supuesto anónimo. Como era previsible, Di Lello hace ya un año dijo que no había delito y Rodríguez archivó la causa. Y Bonadio no sólo no desechó el expediente sino que preparó una enorme redada. En junio de 2019 se filtró la información de que preparaba más de veinte detenciones, empezando por la de Pedro Etchebest, el empresario al que D'Alessio, después de un encuentro con Stornelli en Pinamar, le pidió 300 mil dólares para no involucrarlo en la causa de las fotocopias. En el listado de inminentes detenciones figuraban también la abogada de Etchebest, Natalia Salvo, Eduardo Valdés, varios de los ex funcionarios que ya estaban presos en Ezeiza, otros abogados y algunos de los periodistas que cubrimos la causa de Dolores. Se consideraba a todos parte del complot contra las fotocopias de los cuadernos. A último momento, Bonadio desistió de realizar las detenciones pese a que hizo trascender que las órdenes estaban redactadas. Influyó, por un lado, que la causa de Dolores, instruida por Alejo Ramos Padilla exhibía pruebas sólidas, empezando por el descubrimiento de que D'Alessio era un falso abogado, que mantenía relaciones con Stornelli y que había incursionado en el armado de varias causas. Por otro lado, las detenciones significarían un gran escándalo, arrancando porque Valdes había sido embajador en El Vaticano y es amigo del Papa Francisco. También pesó el estruendo que implicaría el arresto de abogados y periodistas. Ahora se sabe que la gigantesca acusación de complot ni siquiera tenía como sustento el anónimo del que hablaban las diputadas. Habrá que ver si en el juzgado de Lomas de Zamora que encabeza Juan Pablo Auge se empiezan a esclarecer todas estas maniobras, que fueron una mezcla de escuchas ilegales, denuncias falsas, servicios de inteligencia, medios de comunicación alineados, un juez, un fiscal y el gobierno de Mauricio Macri como gran armador.
