El martes 29 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia tratará la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, que fueron removidos de sus cargos tras una votación en el Senado de la Nación, luego confirmada por una serie de decretos del presidente Alberto Fernández. En la Casa Rosada hay tensión e incertidumbre porque desconocen cuál será la respuesta del máximo tribunal a los amparos presentados por los tres magistrados para que se declare inconstitucional la revisión de sus traslados durante el gobierno de Mauricio Macri, que el oficialismo considera están repletos de irregularidades. Se trata de tres jueces que investigan causas de corrupción. El nerviosismo se acrecentó más en las últimas horas porque cuando todo hacía suponer que el fallo de la Corte acompañaría la ofensiva de Cristina Kirchner, hubo un giro de algunos integrantes del máximo tribunal, que podrían aceptar el per saltum presentado por los magistrados. De concretarse, sería un traspié para la Vicepresidenta. En este contexto, hay una fuerte interna entre los cinco integrantes del tribunal. Las diferencias entre Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti por la cuestión son notorias y habría una resolución dividida. Los jueces esperan un fallo previo de la Cámara para luego fijar su posición sobre el tema. A través de los decretos N° 750, 751 y 752 publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó sin efecto las designaciones de los magistrados, que se realizaron durante la gestión de Mauricio Macri. La Casa Rosada cuestiona estos traslados al asegurar que no se cumplieron con criterios como el cambio de jurisdicción; mayor jerarquía en los cargos por ocupar; falta de competencia; pliegos sin el aval del Senado y las vacancias se tendrían que haber ocupado con la previa realización de concursos que no se llevaron adelante. Bruglia y Bertuzzi integran la Sala I de la Cámara Federal y Castelli es magistrado del TOF 7. El primero debería volver al TOF 4 y el segundo al TOF 1 de La Plata. El tercero tendría que retornar al Tribunal Oral Criminal Federal 3 de San Martín. La oposición afirma que la medida busca “garantizar” la impunidad de Cristina Kirchner. Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de la exmandataria en la causa de los cuadernos de la corrupción y Castelli integra el tribunal oral que debe juzgar el caso. El avance de Cristina Kirchner sobre los jueces que investigan causas de corrupción podría afectar aún más la economía al incrementar la inseguridad jurídica. Esto no es bien visto por el círculo rojo y los inversores.
