A días de su destitución como juez del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que debe juzgar a Cristina Kirchner en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas, Germán Castelli avisó que redoblará la apuesta: irá nuevamente hoy ante la Corte Suprema de Justicia, a la que responsabiliza por manejar mal sus tiempos y permitir “un daño a las instituciones republicanas”. Además, según le confirmó a Clarín, denunciará a la Cámara de Casación “por arbitraria” al haber “tomado partido por el Poder Ejecutivo”. Castelli también tiene críticas contra el Gobierno al que responsabiliza de “crear un nuevo sistema de destitución de jueces”. La renovada estrategia judicial de Castelli, incluye un pedido de licencia ordinaria a la espera de ser restituido en su cargo. Castelli insiste en que sus explicaciones deben ser jurídicas. Sostiene que pese a que en la actualidad la división de poderes contemplada por la Constitución Nacional, se encuentra “dañada”, confía en que habrá “un fallo favorable de la Corte”. Los planteos que presentará este lunes Castelli se dan en el marco del per saltum que ya está bajo evaluación de la Corte Suprema que no tienen plazos para definir. Una de los enojos del magistrado y que figuran en su nueva denuncia, apuntan a la Cámara de Casación por “arbitrariedad”. Es que ese tribunal penal el viernes pasado ratificó que el magistrado ya no integra el TOF 7, ante la consulta que se le hizo respecto a dónde debe presentarse a trabajar después del Decreto que salió en el Boletín Oficial confirmando su desplazamiento. "La mayoría de la Cámara conformada por Ángela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano Borisnky fue imprudente. E institucionalmente fueron irresponsables. Sabían que la Corte es la que tiene entre sus manos qué hacer, entonces que sea la Corte la que defina. Se metieron, tomaron partido por el Poder Ejecutivo cuando nadie se los requirió", le dijo Castelli a Clarín. El juez espera que la Corte, que no tiene plazos definir, se expida a su favor. Esto es: que declare nula la resolución del Consejo de la Magistratura del 30 de julio que habilitó la revisión de los traslados de diez jueces, al considerar que no cumplieron con los plazos requeridos como es el paso de sus pliegos por el Senado. Sobre esa situación, en 2018 el Máximo Tribunal se había pronunciado, con la acordada siete, avalando los traslados. Al tratarse de jueces de “misma competencia, mismo grado y jurisdicción”, la designación no debía pasar por el Congreso. Pese a entender que la Corte es el órgano que “siempre tiene la última palabra en materia jurídica”, Castelli cree que en su caso, los ministros que la integran se equivocaron en el manejo de los tiempos para resolver el per saltum. Ese escrito requería que se evite la remoción temporaria del cargo que ocupaba en el TOF 7. “Por omisión terminaron afectando la instituciones republicanas, al no meterse a tiempo, fue un error de cálculos en el manejo de los tiempos, siguen siendo quienes tienen la última palabra, pero quedé destituido, lo que se permitió es terrible para el sistema republicano”. Su análisis incluye al Poder Ejecutivo. Ante la consulta si la remoción votada por el Congreso, perseguía otros fines, sostuvo: “Yo veo los hechos, denuncié en el per saltum y en otras instancias que se debe prestar atención a qué órgano inició la remoción, lo firmó el representante del Presidente en el Consejo de la Magistratura, mientras Alberto Fernández en uso de su derecho a la libertad de expresión, habla de la inocencia de su compañera de fórmula quien tiene causas penales en el Tribunal siete del que yo era titular”. El TOF 7 por ahora, quedó incompleto. El juez federal, va más allá en su planteo y sostiene que el Gobierno habilitó una “remoción sui generis” que lo corrió del Tribunal que tiene a su cargo “procesos contra la vicepresidenta”, bajo un “peligrosos sistema” que “daña las instituciones republicanas y que va más allá de mi persona, a generan un daño estructural al sistema si sacan de esa manera a un juez ". " Este lunes iniciará, pidiendo ante la Casación una licencia extraordinaria de vacaciones pendientes, por el plazo de quince días, hasta que la Corte resuelva su situación, una que califica de “ilegal”, impulsada por el Poder Ejecutivo COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores. Suscribite para comentar Ya tengo suscripción CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
