Durante siete meses 14 empresarios agroexportadores, productores rurales y abogados de Río Cuarto, Córdoba, fueron juzgados sospechados de integrar una asociación ilícita para conformar empresas fantasma ligadas a la producción y exportación de granos y evadir sumas millonarias de impuestos; para lo cual armaron una ingeniería delictiva que explotó y utilizó a indigentes: ahora 12 de los sospechosos fueron condenados a penas que van desde los 7 años de prisión hasta los tres años de prisión en suspenso; mientras que hubo dos absoluciones. Según la acusación de los fiscales federales Carlos Gonella y Facundo Trota, a mediados de 2006 se habría montado esta banda liderada por el productor agropecuario Atilio Omar Mengo, presidente del directorio de FLG Agropecuaria SA y Soybeans SA; quien junto a sus hijas Francina y Luisina, montaron una estructura de empresas fantasmas –las mujeres como presidenta o directora de esas sociedades- con la apoyatura de los financistas Leonardo Petitti y Gabriel Ludueña quienes reingresaban el dinero producido de la evasión a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al circuito financiero a través de su cueva financiera Gordon SA. “Como primer eslabón de la cadena delictiva se detectó el reclutamiento de personas, en general de bajos recursos, a quienes mediante la promesa de dinero y con la finalidad de burlar el sistema tributario, al tratarse de sujetos insolventes, se los instaba a inscribirse en el régimen impositivo de monotributistas. Una vez inscriptos, se les habría hecho firmar documentación necesaria para la comercialización referida”, detalló el juez Ochoa al elevar la causa a juicio. Allí entraron a jugar como reclutadores de indigentes Hugo Agüero, Claudio Fabián Giles, Vanesa Moyano y María Pía Cardoso Magri, directora del área de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad de Río Cuarto; quién aprovechando su cargo tenía acceso a padrones de indigentes con nombres completos, DNI y domicilios. El nombre de María Pía Cardoso Magri fue conocido en el país a fines de 2006, al ser testigo en el caso del asesinato de Nora Dalmasso. Posteriormente, la mujer -ahora condenada por integrar esta banda-, fue pareja del viudo Marcelo Macarrón, único sospechoso de haber planificado el asesinato de su esposa, quien fe hallada estrangulada en su chalé de Villa Golf el 26 de noviembre de 2006. Un año después del femicidio de Dalmasso, el nombre de Pía Cardoso –en esa época no usaba el segundo apellido Magri- volvió a ocupar los titulares y permitió descubrir el accionar de la banda dirigida por Mengo: en noviembre de 2007, Nilda Romero, una indigente de Río Cuarto que era beneficiaria de planes sociales estaba en la cola de las cajas del Banco Francés junto a su hijo Esteban Príncipe. Le iban a pagar $ 150, dos días después que depositara el cheque que tenía en sus manos y le habían dado en las oficinas municipales donde Cardoso era funcionaria. La mujer dio vuelta el documento financiero y se sorprendió tanto, que le gritó a su hijo: “Tati, son 40 mil pesos, no 150!”. El chico agarró el cheque para verificar lo que le acababa de decir su mamá, cuando un carterazo en la cabeza lo aturdió y casi tira al piso. El policía que custodiaba la seguridad del banco intercedió y demoró a la agresora de Esteban Príncipe: Pía Cardoso. Al enterarse del escándalo, el intendente radical Antonio Rins despidió a Cardoso. Siete meses después, en junio de 2008, la ex funcionaria municipal fue detenida, acusada por la Justicia federal de evasión impositiva, y recuperó la libertad tres meses después, luego de pagar una fianza de $ 600 mil. Junto a María Pía Cardoso Magri fueron detenidos tres cómplices: un policía, un abogado y un puntero político. En el domicilio de la funcionaria se secuestraron bolsas de consorcio con cartas de porte y transacciones de comercio de granos con firmas de los pobres y menesterosos que acudían a la oficina municipal a regularizar la situación de sus terrenos. El juicio iniciado en febrero pasado en forma presencial en los Tribunales Federales de Córdoba terminó ayer, pero a lo largo del proceso, hubo un receso impuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en prevención por el COVID-19; chicanas y oposiciones de los abogados defensores de los acusados y finalmente un acuerdo para que las audiencias se desarrollaran en forma semipresencial: en las audiencias estuvieron presentes los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1, Julián Falcucci, Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier; los fiscales Gonella y Trota; los abogados de AFIP y los abogados defensores. Los imputados siguieron el juicio por videoconferencia y algunos testigos declararon en forma virtual, mientras que en contados casos lo hicieron en forma presencial. Atilio Mengo fue condenado a 7 años de prisión, inhabilitación para ejercer el comercio de granos y una multa de $ 90.000, tras ser encontrado culpable del delito de liderar una asociación ilícita fiscal para cometer delitos tributarios; sus hijas Francina Mengo y Luisina Mengo, fueron condenadas a 4 años de prisión como coautoras del mismo delito; al igual que Guillermo Barreiro y Sergio Bertoni; gerentes de las empresas Cereales y Pasturas SA y Oro Verde SRL; ambas investigadas por comercializar granos utilizando a los monotributistas de escasos recursos reclutados por Cardoso. Eduardo Meta, acusado de meter en el sistema financiero los cheques de las empresas de Mengo, fue condenado a 4 años y dos meses de prisión y fue inhabilitado para ejercer la actividad financiera por el mismo período de tiempo, igual que Fabián Petitti dueño de la cueva financiera Gordon SA. Gabriel Ludueña, el otro dueño de Gordon SA fue condenado a tres años y ocho meses de prisión, lo mismo que María Pía Cardoso Magri, ambos como partícipes necesarios de asociación ilícita fiscal. Mientras que los reclutadores al mando de Cardoso Magri, Vanesa Moyano, Hugo Agüero y Fabián Giles fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Actualmente, María Pía Cardoso Magri preside la fundación Patagonia Flooring, dejó Río Cuarto y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realiza eventos sociales en los que participó, entre otras figuras, Juliana Awada, esposa del ex presidente Mauricio Macri. Por pedido del fiscal Gonella, Diego y Gabriel Meta –hijos del condenado Eduardo Meta- fueron absueltos. “Tuvieron que pasar 13 años largos, pero finalmente se hizo Justicia”, resumió el fiscal Gonella a El Destape.
