Otra jueza reveló “presiones indebidas” y acciones contra el Poder Judicial por parte operadores del gobierno de Mauricio, esta vez para “disciplinar” y controlar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La denuncia formal fue hecha por la integrante de ese cuerpo, Marcela Pérez Pardo, a quien se le abrió una causa ante el Consejo de la Magistratura por pertenecer a Justicia Legítima y haber estado casada con un juez destituido por el macrismo. "Hubo un intento claro de disciplinamiento dirigido a la Cámara Civil" que, “en algunos casos, se logró con excusaciones o apartamientos de jueces", además de “denuncias ante el Consejo de la Magistratura", aseguró la camarista durante una entrevista por AM 750. La denuncia de Pérez Pardo sobre presiones en la Cámara Civil fue hecha ante el fiscal Franco Picardi y amplía el mapa de intervenciones del Gobierno de Juntos por el Cambio sobre el Poder Judicial, ya que anteriormente hubo denuncias similares planteadas por Ana María Figueroa, integrante de la Cámara de Casación Penal, y Luis Raffaghelli, de Apelaciones del Trabajo. Según Pardo, las presiones comenzaron luego de que la Cámara Civil, que es el tribunal de apelaciones de las decisiones que toma la Inspección General de Justicia (IGJ), resolviera sobre un cuestionamiento planteado por el Instituto Patria tras un pedido de la IGJ sobre “datos sensibles” de esa asociación civil que podrían haber sido manipulados. Luego de que los camaristas resolvieran ese planteo a favor de la asociación integrada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, “sufrimos una reacción desencajada de la IGJ”, dependiente del Ministerio de Justicia por entonces a cargo de Germán Garavano. Esos ataques comenzaron con “ataques personales” a través de los medios de comunicación y derivaron en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura presentada por el diputado Pablo Tonelli. “Politizaron la cuestión” y “nos atacaron con temas personales”, puntualizó la camarista. En el Consejo de la Magistratura “se promovieron (pedidos de) sanción y remoción” con el argumento de que el fallo de Pérez Pardo a favor del Instituto Patria tuvo relación con su pertenencia a Justicia Legítima, la organización que el macrismo tilda de “kirchnerista”. “Me atacaron por integrar Justicia Legítima cuando los cinco miembros de la Corte Suprema avalaron esa integración", dijo e insistió: “Ellos plantearon que yo debía haberme excusado porque el Instituto Patria era una entidad afín, y yo no tengo nada que ver” con esa asociación. La denuncia en su contra, añadió, solo fue “un tema discriminatorio hacia mí” y no por un mal desempeño. “Éramos los malos, sucios y feos del Poder Judicial”, remarcó. Estos hechos ocurrieron en 2018 y terminaron a favor de Pérez Pardo. No obstante, hubo otro punto por el cual también se la atacó: ser ex esposa de Eduardo Freiler, el ex camarista perseguido y destituido por el gobierno de Mauricio Macri tras avalar el cierre de la causa del Memorándum de Irán y votar el desplazamiento de Bonadio en la causa Hotesur. “Me presenté ante la Justicia y denuncié al medio y al periodista Jorge Lanata por daños y perjuicios: él mostró una foto de mis hijos que eran menores de edad. Los hijos no tienen nada que ver y no tienen que ser parte de ninguna animosidad”, comentó Por otra parte, sostuvo que las imputaciones en su contra en la causa del Instituto Patria “no tenían nada que ver con las cuestiones que se estaban analizando en el expediente” en manos de la Cámara Civil, remarcó. Por eso, Pérez Pardo sostuvo que este tipo de acciones fueron “intentos de disciplinamiento” dirigido hacia ese tribunal. En este sentido, señaló que, en su criterio, hubo jueces que cedieron ante las presiones. Algunos "se excusaban o aceptaban entrar en conflictos”, contó. Es que “el intento de disciplinamiento a través de denuncias en el Consejo de la Magistratura fue clara”, afirmó.
