La Unidad de Información Financiera (UIF) desplazó a 15 de sus trabajadores en el último mes. Los cambios en la estructura del organismo antilavado conducido por el abogado Carlos Cruz empezaron por tres despidos puntuales, que primero fueron leídos en clave política por haberse desempeñado estos durante la gestión de Mariano Federici, y luego alcanzaron a otros miembros de la planta, varios de ellos con participación en expedientes por corrupción contra el kirchnerismo. Primero fueron desplazados de sus cargos el director de Análisis, Lucas Reboursin; el coordinador de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo; y el jefe de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares. Luego, según reconstruyó LA NACION, fueron removidos tres abogados del Departamento de Litigios Penales, dos miembros del área de Internacionales y un experto del área de Análisis, entre otros trabajadores de la Administración y del área de Supervisión. En total fueron echadas unas 15 personas. Esos cargos, en su mayoría, siguen vacantes. Fuentes ligadas a la gestión anterior de la UIF advierten que el organismo muestra una mayor laxitud en la elaboración de informes de inteligencia financiera y que se aplican criterios partidarios en la selección de personal. La controversia en torno al organismo aparece en un momento inoportuno: el GAFI, el organismo internacional que fija los lineamientos de la política contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tiene en agenda evaluar a la Argentina el año próximo. Algunas de las personas despedidas aseguraron a este medio que no tenían ningún tipo de adhesión partidaria y que se desempeñaron en cargos técnicos. Y varios de los despedidos ingresaron a la UIF en gestiones anteriores, entre 2009 y 2015. Ante la consulta de LA NACION, en el entorno de Cruz atribuyen los despidos a cambios en la estructura organizativa y los desvinculan de cuestiones partidarias. A Reboursin, sin embargo, lo apuntaban en el kirchnerismo por haber tenido una conducta supuestamente favorable respecto de la empresa Vicentin. Y desde un sector del kirchnerismo más duro señalaban a Cruz en los últimos meses porque mantenía Reboursin y a Pandolfo -a quienes consideraban hombres afines a Federici- en sus cargos. Aunque hubo quienes vincularon los despidos con una reciente reunión entre Carlos Cruz y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada, en la UIF dijeron que esta era una decisión tomada desde marzo y no había podido ejecutarse antes por la restricción para despedir personal. Uno de los fines que expuso la nueva conducción es diferenciarse de la anterior en cuanto al nivel de intervención que debiera tener -según considera Cruz- el organismo como querellante en los expedientes por corrupción. La mayoría del personal desplazado participó, de alguna manera, en investigaciones contra el kirchnerismo durante los cuatro años del macrismo, donde la UIF mantuvo un rol activo en los tribunales federales. Con el cambio de gobierno, el mismo viraje anunció la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Félix Crous, al abandonar su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, por ejemplo. Fuentes que conocen desde adentro la dinámica del organismo antilavado señalan que existe una interna entre Carlos Cruz y la vicepresidenta de la UIF Mariana Quevedo, que se desempeñó allí durante la gestión de José Sbatella. Esas diferencias y disputas, dijeron, impiden la ejecución y la toma de decisiones. Según reconstruyó LA NACION a partir de información pública del organismo antilavado, este año se aplicaron solamente dos sanciones a sujetos obligados -Banco Galicia y el club deportivo Godoy Cruz-, mientras que el promedio de sanciones aplicadas en años anteriores era mayor a las 30 anuales. En el organismo atribuyen esa baja a la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, el Consejo de Asesores para el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal convocado por el Presidente estudia la posibilidad de traspasar la UIF y sus competencias a la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), ya que, sostienen quienes apoyan la iniciativa, se superponen las atribuciones de la UIF y las de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Según supo LA NACION de fuentes allegadas, Cruz considera que en la función esencial de la UIF es imposible esa superposición de tareas porque, sostiene, no es compatible el rol que tiene el MPF, debido al mayor nivel de información que maneja la UIF y el acceso que tiene. "La UIF y la Procelac están en estándares y niveles de trabajo distintos", dijo una de esas fuentes.
