Se le complica a Sergio Massa el debate sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Más allá de las modificaciones que los senadores del Frente de Todos le incorporen al texto para concitar adhesiones, la mayoría de los bloques opositores en la Cámara baja se expresaron en contra de la iniciativa por considerarla inoportuna. El Frente de Todos, en minoría con 118 miembros, debe conseguir al menos 11 adhesiones de otras bancadas para alcanzar el mágico número de 129 legisladores y lograr el quórum: hasta ahora sólo tendría asegurados siete votos. Massa, presidente de la Cámara baja, no cuenta con la holgura oficialista que ostenta Cristina Kirchner en el Senado. Se descuenta que la iniciativa se aprobará en la Cámara alta -seguramente la semana próxima-, pero la mayor expectativa se concentra en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo afronta dos problemas: el primero y más importante, no tiene asegurada la mayoría para aprobar la reforma judicial. Segundo, no está habilitado el protocolo para el funcionamiento remoto del cuerpo, que venció hace dos semanas. Si no se alcanza un acuerdo entre los bloques para prorrogar ese protocolo, la cámara no podrá debatir el proyecto en las comisiones ni en el recinto. Descartada la posibilidad de que Juntos por el Cambio, con sus 116 miembros, apoye la iniciativa, el oficialismo está obligado a buscar los 11 votos que le faltan para alcanzar el quórum en un mosaico heterogéneo de bloques e interbloques que, en total, reúnen 22 diputados. Son el fiel de la balanza en cada votación. En lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el oficialismo logró la aprobación de todos sus proyectos de ley gracias a que un sector de este conglomerado de legisladores prestó sus votos. Sin embargo, con la reforma judicial la situación se anticipa más difícil que en otras oportunidades. Los siete votos que el oficialismo descuenta tener asegurados son los de Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), José Ramón, Pablo Ansaloni, el rionegrino Luis Di Giacomo y los misioneros Ricardo Wellbach, Diego Sartori y Flavia Morales, todos ellos del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Justamente, esta bancada, con ocho miembros, es la más afín al oficialismo. Es presidida por el mendocino Ramón, quien hasta ahora votó todas las leyes impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, esta posición tan cercana al oficialismo por parte de Ramón comenzó a provocar grietas dentro del interbloque; la diputada Beatriz Ávila, quien en dos votaciones anteriores se desmarcó del oficialismo -votó en contra de la "cláusula Cristóbal López" contenida en la moratoria impositiva y de la dolarización de las deudas en pesos, incluida en la ley de ampliación presupuestaria-, avisó que en esta oportunidad tampoco apoyará la reforma judicial. "Es inoportuno avanzar en un proyecto de este tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuántos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuántas empresas pequeñas o medianas van a cerrar", planteó la legisladora. "En los lugares en donde yo milito el tema de la reforma no está presente ni interesa; además, tendrá un impacto presupuestario y económico, y en este contexto tenemos que dar prioridad a lo que la ciudadanía y la gente están pidiendo", sostuvo Ávila. Ávila, junto a Antonio Carambia, fueron los que se marcharon del interbloque de Juntos por el Cambio cuando despuntó el gobierno de Fernández. Fuentes legislativas anticipan que Carambia -quien también se desmarcó del oficialismo en las últimas votaciones más polémicas- tendrá una posición similar a la de Ávila. El Interbloque Federal, con 11 miembros encabezados por Eduardo "Bali" Bucca, es otro espacio adonde el oficialismo suele ir a la pesca de votos. Si bien esta bancada mostró diferencias internas en las últimas votaciones, en esta oportunidad la postura sería uniforme: no votar la reforma judicial por considerarla inoportuna y carente del respaldo de un acuerdo político amplio. Quien marcó la posición fue Consenso Federal, a la que luego adhirieron sus compañeros de interbloque. "Ya nos definimos y lo hicimos público como Consenso Federal: no acompañaremos así el proyecto. Requiere un amplio consenso y debate, y no lo tiene", adelantó uno de los integrantes del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti. No aclararon si, en este debate puntual sobre la reforma judicial, se sentarán en sus bancas para facilitar la sesión, pero lo cierto es que se trata de cuatro votos clave que hasta ahora dieron quórum y acompañaron la mayoría de las leyes del oficialismo. "Entendemos que, tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe", enfatizó, por su parte, el socialista Enrique Estévez. En la misma línea se expresó el salteño Andrés Zottos. "No queremos una reforma exprés de la Justicia", avaló Bucca. Quienes tampoco votarán la reforma son los dos representantes de la izquierda. "Este proyecto no cambia nada sustancial. Solo agrega más juzgados a un sistema judicial antipopular que se mantiene intacto, preservando la casta judicial. Así, se dejan en pie desde la nefasta ley del arrepentido hasta las leyes antiterroristas. La aplicación de los juicios por jurados, la elección directa de los jueces, la revocabilidad de los mandatos y que ganen lo mismo que un docente, es nuestro planteo para terminar con la casta privilegiada que hoy maneja la Justicia", sostuvo Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Aún no definió si dará quórum. Su colega Romina Del Plá ya definió que no dará quorum. "No apoyamos la reforma judicial ni la votaremos. Impulsamos la elegibilidad por voto popular de los jueces. Estamos contra la impunidad de las dos orillas de la grieta", sostuvo. Massa confía en poder disuadir a quienes ya se expresaron en contra del proyecto a que, al menos, den quórum para dar el debate. En Juntos por el Cambio descreen que eso pueda suceder. Sostienen que quien dé quórum en esta sesión va a quedar visto ante los ojos de la sociedad como cómplice de la aprobación de la ley, aunque vote en contra. Hay, además, otra dificultad. Con estos márgenes tan estrechos, donde los votos se cuentan de a uno, es imposible que la sesión sobre la reforma judicial sea remota, insisten los opositores.
