La Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de vacunas de acceso gratuito. A los dos años de la pandemia de gripe A de 2009, se incluyó la vacuna antigripal en el calendario obligatorio: fue tras firmar un convenio de exclusividad por 10 años con el consorcio local Sinergium Biotech para la producción de millones de dosis destinados al sistema público de salud. En ese plazo, el Estado compró al menos 30 millones de vacunas que registros oficiales indican que nunca fueron aplicadas. El acuerdo, que superó en estos años los US$500 millones, lo suscribió en 2010 el entonces ministro de Salud, Juan Manzur, con la compañía farmacéutica del holding liderado por el empresario Hugo Sigman, que ahora elaborará en el país una de las vacunas en carrera para el Covid-19. Desde la empresa informaron que ese acuerdo fue ampliado automáticamente y que está vigente hasta marzo de 2022. El hallazgo de unos cuatro millones de vacunas vencidas en el frigorífico Oneto, del barrio de Constitución, no sorprendió a especialistas y fuentes de la industria farmacéutica consultados que conocen el circuito de inmunizaciones. En ocho años (2010-2017), el Estado dejó de aplicar más del 35% de las vacunas compradas, de acuerdo con los datos que Jefatura de Gabinete entregó al Congreso en julio de 2018. Son, en promedio, algo más de 3 millones de dosis sobrantes por año, siempre según los registros del Estado. Los 30 millones de dosis que figuran hasta 2018 sin aplicar en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) implicaron desembolsos del Estado por más de $1500 millones, según las estimaciones realizadas por este medio. Estos pagos por dosis que se vencieron fueron autorizados durante las gestiones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Ante la consulta de LA NACION, Alejandro Gil, CEO de Sinergium, aseguró que los datos de aplicación son más altos que los registrados oficialmente. "Es evidente que hay un problema de registro porque no todas las provincias cargan su información de la misma manera. En la Argentina, hay 8300 centros de vacunación", advirtió. Y aclaró que el Ministerio de Salud distribuye a las provincias "entre el 95% y el 98% de las dosis entregadas" y que, en años como 2013 y 2016, incluso, se necesitaron más dosis como refuerzos. Los datos oficiales entregados por Jefatura de Gabinete hace dos años, ante el pedido de la diputada Graciela Ocaña, muestran que la población que se vacunó es de entre 4, 5 y 6 millones de personas en los inviernos con mayor circulación del virus de la gripe, como 2016. Sin tener en cuenta 2010, que fue el primer invierno posterior al de la pandemia de gripe A H1N1, ese fue el año con mayores aplicaciones notificadas on line por los vacunadores de las provincias a través del Nomivac. "Voy a pedir que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas investigue el convenio que ha traído como consecuencia que Argentina invirtiera miles de millones de pesos en compras de vacunas que nunca se habrían aplicado. El 40% de las dosis que se adquirieron nunca se utilizaron. Queremos que se explique dónde están y por qué razón durante tantos años se compró esa cantidad si no se podía inmunizar a la población o si fue sólo para garantizar la ganancia del laboratorio", dijo Ocaña a este medio. A pesar de que los registros más altos de vacunaciones efectivas nunca superaron las 6 millones de personas, el promedio anual de compra de dosis antigripales en el período 2010-2020 es de 9, 2 millones por temporada Pero a pesar de contar con estas estadísticas, el Estado nunca dejó de comprar entre 7 y 12 millones de dosis por temporada, de acuerdo con los registros oficiales. A pesar de que los registros más altos de vacunaciones efectivas nunca superaron las 6 millones de personas, el promedio anual de compra de dosis antigripales en el período 2010-2020 es de 9, 2 millones por temporada. Para este año, por ejemplo, se amplió el pedido inicial del año pasado de 8, 8 millones (incluidos 2 millones para chicos) a 11, 9 millones -según datos de Sinergium- por la mayor demanda ante la aparición del nuevo coronavirus. ¿Cómo funciona el sistema? Entre agosto y noviembre de cada año, el área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud calcula en consulta con los ministerios provinciales cuántas serán las dosis necesarias para cubrir a la población definida "de riesgo" la temporada de gripe del año siguiente. El consorcio fabricante informa cuándo las tiene disponibles para la entrega y completar el pago. El Estado recibe las dosis y las distribuye entre las provincias, que son las responsables de que la población beneficiada acceda a la vacuna. Esto ocurre de acuerdo con la disponibilidad de almacenamiento en frío disponible en cada jurisdicción. Las dosis en el frigorífico Oneto que las provincias no reclaman o sobrantes pasan cada año a rezago para su destrucción como residuo biológico a cargo de empresas que ofrecen ese servicio. Y el sistema de compra para el año siguiente, con las cepas para la nueva temporada de gripe, vuelve a comenzar. La vacuna antigripal fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación por Resolución Ministerial 35/11 en 2011 para los grupos en riesgo: personal de la salud, embarazadas y puérperas, chicos de entre 6 y 24 meses, personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. El convenio firmado con Sinergium Biotech implicó un crédito por parte del Estado de $79 millones en 2010 para que la empresa construyera su planta de Garín, como lo indicó la propia Cristina Kirchner cuando inauguró el edificio, en diciembre de 2012. Sigman se asoció entonces con la firma suiza Novartis para producir la vacuna antigripal para el sistema público de salud. En esa misma planta de Garín, el consorcio, que se fue ampliando para satisfacer otras demandas para el Calendario Nacional de Vacunación, desarrolló también productos biotecnológicos con mAbxience, la compañía del holding de Sigman que participará ahora en la producción de la vacuna contra Covid-19.
