El espionaje ilegal que el gobierno de Mauricio Macri realizó dentro de la cárcel de Ezeiza y otros penales sobre ex funcionarios y empresarios presos tuvo como “paraguas” un convenio secreto de cooperación firmado entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Es un acuerdo de carácter “secreto” que aparece como la primera prueba documental de la vinculación entre ambas dependencias que estuvieron involucradas en la búsqueda y recolección de información de quienes eran llamados despectivamente “presos K” y que era utilizada para perseguirlos o presionarlos. El pacto fue firmado el 8 de junio de 2018, que fue el año de máxima actividad de inteligencia ilegal según lo que se advierte en la causa que tramita en Lomas de Zamora, y el de gran cantidad de detenciones bajo la llamada “doctrina Irurzun”. El texto habilita actividades difusas y claramente da pie a la “asistencia tecnológica” de la AFI, lo que lleva a sospechar que se utilizó para instalar el cableado con micrófonos y cámaras, además de dar luz verde al tráfico de informes sobre las personas privadas de la libertad por corrupción. El documento es analizado por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que la semana pasada allanaron distintas dependencias del SPF: la Dirección General, la ex Dirección de Inteligencia, conocida como Área 50, la Dirección de Asuntos Internos y el propio penal de Ezeiza. Como informó PáginaI12, además, el procedimiento en la Dirección derivó en que dos funcionarios declararon ante la fiscal que dos ex colaboradores del ex titular del SPF Emiliano Blanco se había llevado cajas con documentación al dejar el cargo, lo que desembocó en otro allanamiento a la vivienda del entonces jefe de las cárceles. Blanco es, además, quien firma el convenio analizado en representación del SPF, y por la AFI, lo suscribe su ex director, Gustavo Arribas. En su cláusula primera dice “que el SPF se compromete a brindar la información que la AFI le requiera" y la central de inteligencia “podrá prestar asistencia exclusivamente en cuestiones logísticas, tecnológicas y/o de mantenimiento siempre que resulte necesario para la observancia de las mismas legalmente asignadas”. La firma de Blanco llamó la atención de los investigadores, porque si se tratara de cuestiones sólo de inteligencia, núcleo de actividad de la AFI, habría firmado el jefe de ese área, que era Cristian Suriano. Pero Blanco fue la autoridad máxima y a partir de la semana pasada quedó claramente imputado en el expediente. Los fiscales, a esta altura de la investigación, ya están convencidos de que desde el SPF sus “máximas jerarquías” implementaron “un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), donde alojaban, todos juntos, a ex funcionarios acusados en causas de corrupción. El IRIC fue un invento de la gestión macrista y proporcionó, según Incardona y Eyherabide, un “mecanismo que habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada con distintos fines, y compartida presumiblemente con la Agencia Federal de Inteligencia”. El documento que revela ahora PáginaI12, y que llegó esta semana a manos de la fiscalía, es el que muestra ese nexo. En los procedimientos hechos hasta ahora en la causa ya se constató que en el penal de Ezeiza había por lo menos un micrófono y cámaras en el módulo VI, donde estaba el IRIC, además de gran cantidad de cables que permiten deducir que había más adminículos todavía. La excusa para instalar ese cableado para espiar fue la presencia del narco Mario Segovia, quien en rigor parece haber sido trasladado allí, en medio de los ex funcionarios presos, precisamente para justificar el espionaje. Se suponía que a él lo debían controlar por posible fuga y actividad narcoterrorista desde la cárcel. A los otros presos les llamaba mucho la atención su presencia en ese lugar, que además también se usó como justificativo para pinchar los teléfonos públicos, de donde se grabaron conversaciones privadas de los detenidos, difundidas a través de medios de comunicación, con el objetivo, entre otros, de atacar el expediente del D’Alessio Gate, donde aparecían sospechas sobre el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio en plena causa de los cuadernos. Pero además dos testigos de identidad reservada, que pertenecen al SPF, hicieron aportes cruciales al relatar cómo se recolectaba la información con todas esas instalaciones para espiar y se hacía un monitoreo desde el Área 50, que también recibía información, que probablemente terminaba en la AFI, según sospechan los investigadores. Emiliano Blanco, ex titular del SPF. También contó uno de los testigos que un asesor de Blanco, Fernando Carra, era el encargado de presionar a algunos de los presos, con la información obtenida en los seguimientos ilegales, para que declararan contra Cristina Fernández de Kirchner u otras personas. Los otros jefes que fueron mencionados por estos testigos secretos fueron Juan Carlos Silveira (de Seguridad) y Miguel Angel Perrotta (Asuntos Internos), más el chofer de Carra, Sergio Ducal. Ahora también están complicados los funcionarios que se llevaron documentación el último día de trabajo de Blanco. Ellos son Fernanda Koser (del Servicio de Prevención de Corrupción, ligado al IRIC) y Carlos Marchese (jefe de gabinete de Blanco). También está corroborada la relación de algunos de los espías del llamado grupo “Super Mario Bros”, que participaron en múltiples operaciones ilegales, con Suriano, que dirigía el Área 50. El convenio secreto AFI-SPF viene a confirmar la existencia de ese fluido lazo entre ambos organismos que, por la vastedad de las posibles acciones que habilitaba, se pudo haber usado perfectamente como justificación del cableado para espiar, entre otras medidas de vigilancia sobre los presos, cuyas familias, conocidos y abogados en varios casos también fueron monitoreados sin justificación legal alguna. En su segunda cláusula, el convenio dice que las “partes se comprometen a guardar absoluta reserva de la información, datos, circunstancias y/o personas respecto de las cuales pudieran tomar conocimiento”. Y en la tercera, “habida cuenta la naturaleza y objeto” determina que el acuerdo tiene carácter “secreto”. Tenía vigencia por dos años, pero la actual intervención de la AFI consideró que cayó automáticamente con la modificación de todas las reglamentaciones. Claro que no fue reemplazado porque no tiene razón de ser y, al parecer, tampoco tenía antecedentes. Los fiscales analizan por estas horas el material recolectado en los allanamientos de la semana pasada que resultó de gran relevancia: hay carpetas de cada uno de los presos del IRIC, con informes sobre ellos. Hasta ahora se conocía que había un seguimiento puntilloso porque en el celular de uno de los espías implicados apareció una planilla tipo Excel con una larga lista de los ex funcionarios, sindicalistas y empresarios presos y datos sobre sus causas, en algunos casos sobre su entorno y presos allegados junto con un semáforo que indicaba el grado de interés o énfasis que había que poner en el seguimiento, y qué agente se ocupaba de cada uno. Además de ese listado, uno de los testigos secretos habló de aprietes a ciertos presos. En la lista del semáforo estaban, por caso, Lázaro Báez, Omar "Caballo Suárez", Ricardo Jaime, César Milani, Julio de Vido, Fabián de Sousa, Juan Pablo "Pata" Medina, Cristóbal López, Carlos Kirchner, Oscar Thomas, Víctor Manzanares Fernando Esteche, Rafael Llorens, Jorge Chueco. Es probable que esta semana ya algunos de ellos sean citados como testigos en este gran capítulo del espionaje ilegal.
