Dispuestos a redoblar la apuesta contra la reforma judicial impulsada por la Casa Rosada en el Congreso, diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por presunto "abuso de autoridad" en relación a la designación de Carlos Beraldi y Carlos Arslanián, como integrantes del Consejo Consultivo del Poder Judicial que analizará el funcionamiento de la Corte Suprema, cuando a la vez son abogados de Cristina Kirchner y Ricardo Echegaray, respectivamente, en causas por corrupción. La denuncia recayó en el juez federal Ariel Lijo. "Hay muchas regulaciones por los cargos honorarios, que también tienen que cumplir con los requisitos de la ley de ética pública", afirmó a LA NACION el diputado Juan Manuel López, uno de los firmantes de la denuncia penal. "Estamos haciendo lo que corresponde", agregó la diputada Paula Oliveto, otra de las firmantes de la presentación junto a sus pares Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Marcela Campagnoli y Mónica Frade. En el escrito, los diputados le piden a la Justicia que solicite a Beraldi y Arslanian "que informen los clientes que tienen o han tenido en los últimos 8 años", y a la vez se requiera a distintos estamentos (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Corte Suprema y a la Cámara Criminal y Correccional Federal) para que "informen los juicios en los cuales los nombrados abogados se encuentran interviniendo". En otro escrito, los diputados de la CC-ARI pidieron a la Oficina Anticorrupción que a su vez solicite a todos los miembros de esa comisión el listado de sus clientes. En el escrito, los diputados sostienen que hay un manifiesto "conflicto de intereses" en el caso de Beraldi, quien tiene seis recursos presentados ante la Corte como abogado de la vicepresidenta, y también con Arslanian, que representa a Echegaray en el caso Oil Combustibles. "Resulta evidente, como lo es en tantos casos en los que se presentan conflictos de interés, que la tarea desarrollada por Beraldi y Arslanian en la esfera privada, puede colisionar, con el asesoramiento que brinda al Presidente de la Nación, y por lo tanto no debían ser parte del Consejo Consultivo mencionado", afirman los denunciantes en el escrito. "Sin embargo, el Presidente, violando la normativa vigente y la interpretación que de la misma ha hecho la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, decidió igualmente avanzar en la nominación" de ambos abogados, señalan los legisladores. La iniciativa de los diputados que responden a Carrió -"muy al tanto" de la presentación, según afirman cerca suyo- llega un día después de que la cúpula de Juntos por el Cambio reafirmara su rechazo a la reforma judicial, a la que calificaron de "reedición de una propuesta de los años noventa" y afirmaron que, además, "implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4000 millones anuales". "No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte", había escrito Carrió en su cuenta de Twitter luego del anuncio oficial. Mientras Carrió sostenía la posición más dura contra la reforma en el seno de JxC, la inclusión de Inés Weinberg de Roca, durante muchos años titular del Superior Tribunal de Justicia porteño y frustrada candidata del gobierno de Cambiemos al cargo de Procuradora, mereció discusiones dentro de la alianza opositora. Fuentes de la UCR afirman que el diputado Mario Negri le pidió sin éxito al expresidente Mauricio Macri que intercediera ante Weinberg de Roca para que se "bajara" de la lista, algo que finalmente no ocurrió.
