En medio de fuertes presiones del kirchenerismo, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, aseguró que no renunciará, ya que cree que actuó "según la ley y lo reglamentos" desde que quedó al frente del Ministerio Público Fiscal en 2016, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. "Ya lo he dicho, no voy a renunciar, nada cambió", dijo Casal ante una consulta de LA NACION, y agregó: "Estoy muy tranquilo con la gestión que realice al frente del Ministerio Publico Fiscal porque está de acuerdo a la ley y reglamentos". En la Procuración siguieron este lunes por YouTube la sesión de la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal donde abogados y ONGs kirchneristas avanzaron cuestionando la conducta de Casal e integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados anunciaron que estudiarán promover un jury para destituir al funcionario. El clima entre los funcionarios de la Procuración era de indignación por la sesión, a la que calificaron de "vergonzosa", a la vez que de angustia y preocupación, ya que ven en este trabajo de pinzas de activar dos comisiones legislativas contra Casal una iniciativa de desgaste profundo que busca forzar su renuncia. Pero Casal dijo a LA NACION que está tranquilo con su conducta y que no piensa irse del cargo. En su entorno señalan que el procurador interino ya estaría jubilado si quisiera y que si sigue al frente de la Procuración es por su rol institucional. La interpretación que hacen en la Procuración es que el kirchnerismo va a duplicar la presión al trabajar simultáneamente en las dos comisiones (la de Juicio Político de Diputados y la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público), buscando el desgaste y para acercar a Casal a la remoción. Aunque no creen que la destitución sea un resultado posible. Primero, la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público enviara a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados los 12 pedidos de juicio que hicieron las ONGs kirchneristas. Sobre esa base trabajará la segunda comisión. Pero, para que prospere el proceso, primero debe aprobarlo la propia Comisión de Juicio Político y con ese dictamen iniciar el trámite, citar a Casal a declarar y a escuchar a los que lo acusan, sacar un dictamen y llevarlo al recinto, donde son necesarios los votos de los dos tercios en Diputados y del Senado para acusar y lograr destituirlo. Por eso, los legisladores ya están cuestionando el modo en que fue designado Casal por la ley anterior (de 1998) a la vigente (de 2015). Sin embargo ese nombramiento es el que hizo Gils Carbó al dejarlo al frente de la Procuración cuando pidió licencia. Se basó en la ley 24.946, que establece que por antigüedad le correspondía quedar en el cargo. La nueva ley 27.148 habla de que el que queda en el cargo es el fiscal coordinador más antiguo. Pero como esos cargos nunca se eligieron se aplicó la ley antigua para el régimen de sucesión. En la Procuración le enviaron las contestaciones a los informes que pidió la comisión bicameral y esperan que el desgaste continúe esta misma semana. Por lo pronto, los legisladores de la oposición promovieron la citación de la fiscal de la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín, que promovió una denuncia por la deuda de la familia Macri con el Correo Argentino. Casal -por consejo de un comité evaluador de fiscales- promovió la semana pasada un sumario administrativo contra Boquín, acusada de maltratar a sus empleados. Boquín denunció que es una represalia política por su actuación en la causa del Correo Argentino. En la Procuración ven que subió la tensión y la virulencia y que los legisladores de la oposición no están defendiendo a Casal en lo personal, sino su gestión y a la institucionalidad. Ven que están defendiendo el mecanismo por el cual un procurador llega al cargo, que son los votos de los dos tercios de los senadores, que el oficialismo no consigue para imponer el pliego de su candidato a la Procuración, el juez federal Daniel Rafecas, y que por eso acude a estos atajos. Claro que Cambiemos apeló a mecanismos semejantes, que terminaron con la licencia de Gils Carbó, ante la imposibilidad de que la candidata de Mauricio Macri, Inés Weinberg de Roca, llegara a la Procuración.
