Germán Castelli, juez del Tribunal Oral Federal N°7 que prepara el juicio por los cuadernos de las coimas, se defendió hoy ante el Consejo de la Magistratura por la intención del kirchnerismo de revisar su designación en dicho tribunal por supuestas irregularidades cometidas en su traslado. "Atropello constitucional", "abuso de funciones" o, simplemente, "ilegal" fueron algunos de los términos que usó el magistrado en una carta enviada hoy a la diputada Graciela Camaño, horas antes de la sesión en donde se tratará el tema. Durante las 37 páginas de la carta -a la que accedió LA NACION- el juez Castelli explica por qué entiende que es absolutamente legal su traslado desde el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de San Martín a Comodoro Py y que solo podría dejar su lugar como juez ante un juicio político. El magistrado sustenta su argumentación en que el traslado fue aprobado por el propio Consejo, avalado por dos acordadas de la Corte Suprema y ratificado por el Poder Ejecutivo en 2018. Castelli, que en ningún momento hace referencia al juicio de los cuadernos durante la nota, advierte que no dudará tocar las puertas de instancias "nacionales e internacional" para defender su lugar en el tribunal de juicio. "No voy a trepidar en acudir a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para que se asegure mi estabilidad, y en consecuencia, la tranquilidad del pueblo argentino de que cuenta con un juez de la Constitución", escribió el magistrado. El kirchnerismo intentará aprobar mañana en el Consejo una revisión de los traslados de diez jueces federales cuyo trámite -entiende el oficialismo- está incompleto. Para terminar el acto administrativo -sostienen- las designaciones de esos magistrados debería ser aprobada por el Senado. El proyecto despertó fuertes rechazos en la oposición y algunos jueces involucrados prometen judicializar el tema apenas el Consejo dé este jueves el primer paso. Los nombres de los jueces trasladados que aparecen objetados por el kirchnerismo y, sobre todo, los lugares que están en juego son los condimentos de un tema que promete largos y acalorados debates. En el caso de Castelli en particular, el kirchnerismo asegura que su traslado está incompleto porque el juez concursó para ser juez del TOF N°3 de San Martín, pero ejerce como parte de un tribunal de juicio en Comodoro Py, Capital Federal, es decir, otra jurisdicción. Entonces, el oficialismo pedirá que su pliego sea aprobado por el Senado, con amplia mayoría peronista, para que continúe en su cargo. Caso contrario, Castelli debería volver a San Martín. Durante su carta, Castelli explica que incluso antes de ser aprobado su traslado en 2018, ya había participado en distintos juicios orales en tribunales porteños, que, además, había pedido su traslado otras dos veces a la Capital. A continuación, las frases más destacadas de la carta: "Pido que se detenga y que se archive el atropello constitucional, que atenta no sólo contra las garantías que la Constitución asegura a los jueces, en punto a la inamovilidad de los cargos e independencia que en mi caso gozo como juez natural del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, sino al derecho de la sociedad toda de contar con un juez imparcial e independiente". "No puede soslayarse que el suscripto lleva casi dos años como titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, ejerciendo la actividad cotidiana de las causas que se encontraban en trámite con anterioridad a su llegada y de las que fueron sorteadas con posterioridad -muchas de ellas de conocimiento público-, sin haber recibido impugnación alguna en torno a la cuestión por parte de algún ciudadano o ciudadana, como bien pudieron hacerlo, en ese carácter y en su inicio, algunas de las personas que hoy integran el Consejo; lo que también demostró, en los hechos, la estabilidad y legalidad de la designación y la confianza ciudadana en su juez de la Constitución, lo que, por cierto, me honra". "Insisto en que la gravedad institucional de dicha pretensión redunda en el socavamiento de las garantías fundamentales de independencia, imparcialidad e inamovilidad de los jueces, de raigambre constitucional". "Así, entre otros principios, debo destacar que he acreditado suficientemente mis aptitudes técnicas y personales para ocupar todos los cargos de magistrado judicial que he tenido el honor de alcanzar, además de cumplir con la reglamentación vigente. Y, por tanto, se debe garantizar mi permanencia e inamovilidad en el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7, pues así lo asegura nuestra Constitución y los estándares internacionales en la materia". "Me avergüenza profundamente haber recibido al ahora consejero (Alberto Lugones) y titular del organismo en mi despacho, luego del brutal ataque incendiario contra el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, en plena democracia, ocurrido aquel 13 de octubre de 2016, que aún no arrojó sospechosos, pese a la pesquisa y recompensa ofrecida entonces por el Poder Ejecutivo para dar con sus autores materiales e intelectuales. No tenga dudas, Sr. consejero juez, que existen maneras más sutiles y eficaces que la propia violencia explícita, para atentar contra la inamovilidad de los jueces y su independencia, tal como ocurre con la maniobra ilegal en progreso que parte de esa Comisión, con su apoyo insensible". "No voy a trepidar -como ya lo he hecho- en acudir a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para que se asegure mi estabilidad, y en consecuencia, la tranquilidad del pueblo argentino de que cuenta con un juez de la Constitución, comprometido con el magnánimo deber y privilegio de asegurar la justicia humana como pilar fundamental de la democracia".
