Después del anuncio de Alberto Fernández, desde Juntos por el Cambio salieron previsiblemente a rechazar la propuesta de reforma judicial. No fue sorpresa: ya lo habían rechazado en un comunicado un día antes de que hiciera el anuncio formal. Luego de la presentación del Presidente, distintos legisladores del espacio opositor fueron por más: aseguraron que la reforma es para "buscar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner". También compararon la eventual Corte que surgiría de una presunta ampliación del tribunal con la Corte menemista. El día que llegue la discusión al Congreso será picante. Los radicales fueron de los primeros en salir a rechazar el anuncio del Presidente. No se privaron de nada: “Hoy Alberto Fernández es el testaferro político de su vicepresidenta. Con la reforma judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia”, lanzó primero el diputado Luis Petri. Le siguió Gustavo Menna que denostó a la comisión de expertos y dijo: "Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los 90”. "Buscan hacerse del control de la Corte y garantizarse el resultado de las causas de corrupción. Apuesto a que sus integrantes mayoritariamente coinciden en qué hay que ampliarla", insistió Petri. Por último, Alvaro de Lamadrid remarcó que “la reforma de la Justicia es la destrucción de la Justicia”. Ninguno esperó a que hubiera un proyecto con detalles para analizar. Tampoco entraron en las particularidades que esbozó el Presidente: fue un rechazo a la totalidad. Más rápido que los radicales fue el diputado de la Coalición Cívica Juan López, quien tuiteó segundos después de que terminara de hablar Alberto Fernández: "De las palabras del Presidente ya podemos preocuparnos por la cantidad de juzgados que va a crear en el fuero federal de CABA y la decisión de que funcionen inmediatamente con un sistema de subrogancias especial. Demasiado poder para quien controle eso desde el Senado", cuestionó. Antes del anuncio, López --abogado de confianza de Elisa Carrió-- ya se había pronunciado en contra de una supuesta ampliación de la Corte y había anunciado que van a rechazar en el Senado a cualquier candidato al máximo tribunal, "propongan a quien propongan". Allí reiteró lo que había dicho Juntos por el Cambio en un comunicado un día antes: el bloqueo de todo candidato postulado por el Gobierno para la Corte Suprema en el contexto de un intento de ampliarla. También horas antes del anuncio, la diputada Graciela Ocaña sostuvo que todo lo que se iba a anunciar era para garantizar la impunidad de la vicepresidenta. "Los argentinos tenemos que buscar una Justicia más efectiva, no se puede tener una Justicia que beneficie a una sola persona. Claramente eso muestra que todo este trabajo tiene un objetivo: mostrar la impunidad”, aseguró. El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, también se había anticipado al anuncio: "Con la reforma judicial buscan satisfacer las tensiones entre la vicepresidenta y el Presidente. Pero nos asombra el momento que eligen, porque estamos ante la incertidumbre de la pandemia y de la deuda". No obstante, a diferencia de algunos compañeros de bancada, Negri aclaró que quería estudiar el proyecto de la reforma judicial. "Analizaremos con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la 'democratización de la Justicia'", afirmó. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, evitó referirse al contenido de la reforma. En su lugar, planteó que no es el momento para discutirla: "Consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar. Muchos menos pueden esperar los miles de trabajadores registrados que quedaron en la calle, las miles de empresas que quebraron y los miles de comerciantes que bajaron la cortina". Ninguna de las palabras de los opositores, en definitiva, fue una sorpresa para nadie porque ya se habían opuesto un día antes del anuncio en un comunicado conjunto. " La última reforma de la Corte fue en 2006. No hay razón para plantear un nuevo cambio, tampoco para integrar ninguna comisión", había rechazado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuando compartió el comunicado que le costó horas de discutir con los sectores moderados que pedían esperar a conocer la reforma. Triunfó el ala dura. El comunicado se vanagloriaba de que "cuando Juntos por el Cambio llegó al gobierno nacional no se propuso cambiar lo que heredamos con la composición de la Corte porque siempre entendimos y defendimos el valor del sistema ideado por nuestra Constitución". Eludieron mencionar el decreto de Mauricio Macri para designar dos nuevos jueces en el máximo tribunal. En ese comunicado también cuestionaron otros aspectos que no habían sido anunciados, a la comisión creada y sostuvieron que el objetivo era lograr resoluciones judiciales "que garanticen impunidad". Por último, dejaron en claro que habría un bloqueo legislativo a una ampliación de la Corte: "Oponernos a la ampliación de la Corte Suprema también implica, obviamente, oponernos a la invitación a proponer candidatos y a facilitar los dos tercios de los votos en el Senado de la Nación para su eventual integración".
