La Legislatura catamarqueña eliminó el Consejo de la Magistratura provincial y amplió la cantidad de miembros de la Corte de Justicia, de cinco a siete. Ambos proyectos de ley, que fueron aprobados en Diputados ayer y este jueves en el Senado provincial, fueron impulsados por el bloque oficialista del Frente de Todos, que comanda el gobernador Raúl Jalil. La oposición provincial, encabezada por Juntos por el Cambio, denuncia un golpe institucional. Uno de los proyectos fue denominado Ley Orgánica del Poder Judicial, promovido por el diputado oficialista Augusto Barros, y amplía los miembros de la Corte provincial de cinco a siete. En 2016, durante el gobierno de Lucía Corpacci, esa cifra había sido modificada de tres a cinco. El otro proyecto fue la derogación de la ley provincial 5012 del año 2000, que creó el Consejo de la Magistratura en esa provincia. El argumento del oficialismo provincial es que la creación del Consejo de la Magistratura no tenía rango constitucional y "violentaba la Constitución". La sesión de ayer fue cuestionada por la oposición provincial. Según reconstruyó LA NACION, el debate había sido convocado para tratar la campaña para promocionar la donación voluntaria de plasma sanguíneo, un proyecto que fue aprobado. Pero los dos proyectos cuestionados no habían sido incluidos en el temario ni tratados en comisión. "Con la eliminación, en una sesión sin debate, del Consejo de la Magistratura y el incremento del número de jueces que integran la Corte Suprema, Catamarca retrocede tres décadas. En adelante, será la voluntad del gobernador de turno la que decida la designación de los cortesanos provinciales", señaló Rubén Manzi, diputado nacional de la CC-ARI por Catamarca. En diálogo con LA NACION, Manzi agregó que estos proyectos implican "un camino hacia la hegemonía y la concentración de poder", y que esto podría ser leído como "una prueba piloto de lo que puede suceder a nivel nacional". "Este avance sin precedentes sobre la institucionalidad, sumado al incremento del número de jueces en la Corte Suprema, representan una clara maniobra que atropella la independencia de la Justicia y pretende mantener bajo control a los magistrados de la provincia", añadió. "Esperamos la inmediata condena del Ejecutivo Nacional a esta maniobra para amañar la Justicia catamarqueña y de convertirla en una herramienta de impunidad. Será este pronunciamiento el que nos permita pensar a los argentinos que no es ese el destino que quieren darle a su proyecto de reforma judicial", sostuvieron desde la CC ARI. El Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (Fofecma) también repudió la iniciativa a través de un comunicado. "El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas, proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos", señalaron desde Fofecma
