Con un cambio de fiscales y la cuarentena, mantienen congelada la resolución de la situación procesal de los abogados Daniel Llermanos y del ex titular del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel, entre otros, imputados por haber supuestamente presionado a un barrabrava de Independiente que había declarado como arrepentido contra Pablo Moyano. Esta trama comenzó en marzo del año pasado, cuando el fiscal Pablo Rossi había solicitado la detención y allanamiento de Llermanos y Hortel por instigación a falsa denuncias y amenazas contra el hincha del “rojo”, Damián Lagaronne, para que testifique contra el fiscal Sebastián Scalera. Pero el juez de garantías Jorge Walter López lo rechazó y una serie de jugadas dilataron una definición. Así el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari –el mismo que amenaza a sus subordinados con fotos de Hannibal Lecter-, terminó sacándole la causa a Rossi y se la dio a otro fiscal que congeló una definición sobre el tema. En su contraataque, Llermanos negó los cargos e hizo una denuncia contra Scalera, agentes de la AFI de Macri y el periodista Luis Majul ante el juez federal de Federico Villena y pidió ser querellante en la causa del Operativo Puf ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El pedido del fiscal Rossi tiene su antecedente. En diciembre de 2018, el abogado Facundo Melo -mientras estaba contratado por la AFI macrista- propuso al barrabrava Lagaronne dar vuelta su confesión de arrepentido y acusar al fiscal Scalera a cambio de ser libertado y mejorar su situación económica. La propuesta se hizo luego de que Scalera pidiera, en octubre del 2018, la detención del vicepresidente de Independiente Pablo Moyano, medida que fue rechazada por el ahora suspendido juez Silvio Carzoglio. Esta causa tiene maniobras y protagonistas que se repiten en el Operativo Puf que fue lanzado contra la causa de los cuadernos de las coimas. Lagaronne fue visitado en el Penal de Melchor Romero por su abogado Melo y le propuso “un plan acordado con el abogado Víctor Hortel” –conocido por la agrupación K Vatayón Militante- quien se sería su nuevo “defensor” o Graciana Peñafort, y también con Llermanos, defensor de Pablo Moyano. Le dijeron que Peñafort era la abogada de Cristina Kirchner y “tiene un buen manejo de la prensa” para lanzar “una bomba” en C5N. Así Melo lo convenció a Lagaronne de que transcribiera en forma manuscrita una solicitud de hábeas corpus contra el fiscal Scalera, que había traído redactada de antemano. Le contó que Llermanos le había dicho si quería seguir como arrepentido tuviera en cuenta que este tipo cosas “se arreglan en la calle” y que recordara que tenía una hija, lo que fue tomado por su interlocutor como una amenaza. En la causa hay un audio en el que se escucha que Melo decirle a Pérez que iba a tirar “una bomba en la fiscalía” de Scalera que tendría, luego, amplia difusión periodística en medios K, igual que en el Operativo Puf. Y que si declaraba en contra del fiscal Scalera le aseguraban sacarlo en libertad "con los contactos que Hortel tenía en la Cámara de Casación bonaerense". El padre del barrabrava, Ruben Lagaronne, confirmó que también se reunió con Melo y que éste le dijo que si su hijo cumplía los términos del acuerdo “no le faltaría nada en lo económico, que eso lo había acordado con Llermanos y que eso lo había acordado con Hugo Moyano”. El padre declaró como testigo, entre otros. Efectivamente, el 7 de diciembre de 2018, Hortel se presentó en la cárcel y Lagaronne le firmó su designación como defensor y luego presentó un recurso ante la Sala II de la Cámara Penal de Lomas de Zamora relatando una golpiza de parte de “Bebote” Alvarez, que no había existido . Simultáneamente, su jugada salió publicada en los medios K Eldespateweb y Llermanos fue entrevistado por el “Gato” Sylvestre para denunciar “los aprietes” de Scalera, usando el mismo mecanismo de difusión que en el Operativo Puf. Sin embargo, Lagaronne se comunicó con el abogado Alejandro Pérez -defensor de “Bebote" Alvarez- y le preguntó si era cierto que iba a salir de la cárcel siguiendo ese plan. Pérez le respondió que era “una locura” cambiar su declaración. Después llamó por teléfono a Melo –quien actualmente está con arresto domiciliario en la causa por el supuesto espionaje macrista del juez federal Juan Pablo Auge- y le dijo que no iba a hacer ninguna denuncia contra Scalera y que ratificaba su acuerdo como imputado colaborador. Horas después, le revocó el poder a Melo y a Hortel y contrató a los abogados Alejandro Pérez y Rubén Resnik, dicen documentos de la causa judicial a los que accedió Clarín. Estos se presentaron en la Sala II de la Cámara Penal con un escrito que dejaba sin efecto “las falsas manifestaciones efectuadas bajo presión”. El 13 de diciembre de 2018, Lagaronne prestó declaración en calidad de arrepentido ante el fiscal Scalera, la jueza de Garantías Laura Ninni y relató "la maniobra de la que fue víctima" por parte de los abogados Melo, Hortel y Llermanos. La audiencia fue registrada en audio y video y en ella dijo que Scalera “nunca me amenazó”. Entonces, en la misma causa 0700013471-19 el fiscal Ricardo Silvestrini desestimó la falsa denuncia contra Scalera y abrió otra que quedó a cargo de su colega Pablo Rossi quien imputó a Llermanos, Hortel y Melo por los supuestos delitos de amenazas coactivas, instigación a la falsa denuncia, falsa denuncia, prevaricato de abogado, falsificación de documento en grado autoría mediata y uso de documento falso. Después de reunir prueba, Rossi pidió la detención, allanamiento, secuestro de pruebas y requisa personal de los tres abogados al juez de garantías, Jorge Walter López, quien lo rechazó. Rossi apeló tres veces a la cámara de Lomas de Zamora, la cual anuló resoluciones de López, hasta que después de las elecciones PASO de octubre de 2019, el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, directamente le sacó el caso a Rossi y se lo dio al fiscal Sebastián Bisquert. En el nuevo caso, Llermanos se presentó, negó los cargos y contraatacó diciendo que había habido “un complot” contra Pablo Moyano motorizado por Scalera, dos agentes de la AFI y los periodistas Luis Majul, Nicolás Wiñazki y Gustavo Grabia y reclamó una indemnización civil por 30 millones de pesos. Además, pidió al ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, como testigo. Llermanos hizo una denuncia parecida ante el juez federal porteño Ariel Lijo quien la rechazó categóricamente con el apoyo, luego, de la Cámara Federal. Con la victoria del Frente de Todos en las PASO como contexto, Bisquert aceptó una última resolución del juez López de noviembre de 2019, dijo que ya habían pasado “siete meses” desde el pedido de detención y allanamiento y por lo tanto las medidas “han perdido virtualidad”. Así el nuevo fiscal admitió el criterio del juez López y aseguró que continuará con “la pesquisa sin perjuicio de tomar algún otro temperamento” en el futuro sobre las medidas procesales que había pedido Rossi, aunque no se registran grandes movimientos en la causa en los últimos meses. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? 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