La causa judicial en torno al hotel boutique que el macrismo le puso a Alejandro Vandenbroele, testigo clave contra Amado Boudou, tuvo varios movimientos en los últimos días. Por un lado, la fiscala Paloma Ochoa avanza en la pesquisa y pidió más información al ministerio de Justicia para tener detalles del programa de Protección de Testigos, el área desde la cuál se gestionaron los fondos para el hotel. Por otro, los abogados de Boudou lograron finalmente que les permitan leer el legajo de Vandenbroele, algo que reclamaban desde el juicio por Ciccone. La fiscala Ochoa, que tiene delegada la investigación por decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, pidió una serie de medidas de prueba al ministerio de Justicia, que bajo el comando de Germán Garavano fue el que direccionó finalmente los fondos para que Vandenbroele pusiera el hotel boutique La Masía en Mendoza. A su vez, ayer el juez Martínez di Giorgi accedió al reclamo de Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, abogados de Boudou, de acceder al legajo de Vandenbroele como testigo protegido. Les indicó que deben dejar por escrito “su compromiso de guardar el más estricto secreto y confidencialidad”. La defensa de Boudou había solicitado esto durante el juicio por el caso Ciccone pero se los negaron. En mayo, el juez Martínez de Giorgi había habilitado la feria judicial, aceptó a al propio Boudou, a José María Nuñez Carmon y a Rafael Resnick Brener como querellantes y delegó la investigación en manos de la fiscala Ochoa. En el escrito de Ochoa, al que accedió El Destape, la fiscala pide detalles sobre “gastos destinados a la implementación del proyecto de inversión presentado por ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE respecto de la explotación del desarrollo turístico identificado ‘Posada La Masia’”. Buena parte de esos gastos fueron revelados por El Destape en febrero, cuando publicó los documentos que muestran los pedidos de fondos luego de que se lograra la condena contra Boudou y las rendiciones por más de un millón de pesos. También sobre sobre “gastos destinados a la implementación del proyecto de inversión presentado por ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE , titulado por él como ‘Proyecto Aeroparking Mendoza 2018’”. Este proyecto era un estacionamiento frente al aeropuerto de Mendoza a mitad de precio del que está dentro de la terminal. Vandenbroele pedía una inversión inicial de $6.870.000. En los documentos a los que accedió El Destape no figura si esto prosperó. Ochoa solicitó además otros datos sobre el trato preferencial que tuvo Vandenbroele como Testigo Protegido. Por ejemplo, por cuanto tiempo se le otorgó asistencia económica y “cuáles fueron los fundamentos y resoluciones a partir de las cuales se resolvió continuar con la asistencia en función del vencimiento del plazo estipulado en el artículo 5o, inciso d, de la Ley 25.764”. Vale recordar que la ley establecía un límite de 6 meses en los cuales el Estado podía sostener económicamente a un testigo protegido, pero en el caso de Vandenbroele como de otros vinculados a causas que interesaban a Macri ese plazo fue prorrogado. También información sobre si la confidencialidad establecida en el “‘Protocolo de Actuación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados’ se proyecta -y en su caso bajo qué términos- a aquellos casos donde la persona protegida ha dejado de pertenecer al Programa”, sobre la “totalidad del dinero que fue destinado con motivo de la tramitación del Legajo N° 753/2017, desde el ingreso de ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE con fecha 13 de noviembre de 2017 hasta su salida el día 28 de febrero de 2020” con precisiones sobre los gastos de relocalización y supervivencia diario, de traslados, alimentos, cuotas alimentarias de su hija e incluso los pagos a abogados en el marco de un juicio por alimentos que le inició Laura Muñoz, su ex esposa. Todo lo pagaba el ministerio de Justicia. Otro dato interesante que pidió la fiscala Ochoa son “gastos efectuados por los distintos funcionarios y/u operadores del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados que intervinieron en la asistencia brindada a ALEJANDRO PAUL VANDENBROELE en concepto de traslados, alojamientos, alimentos, viáticos, etc.”. Además del dinero, con esa información se podrá reconstruir quienes fueron los que tenían trato diario con Vandenbroele. Tal como reveló El Destape, el que tenía ese rol era Carlos Linsalata, un policía porteño que el macrismo puso a disposición de Garavano para el manejo de los casos de testigos protegidos en causas contra opositores.
