El Congreso avanzó hoy en la iniciativa de declarar inválido un decreto de Mauricio Macri que estatizó 393 millones de dólares vinculados a los tarifazos de gas. Se trata del decreto 1053 del 2018 por el cual, tal como anticipó El Destape, Macri selló el pacto entre el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y las empresas productoras y distribuidoras de gas donde primero dolarizaron las tarifas y luego, con la devaluación de fines de 2018, evitaron que se reflejara un nuevo aumento en las facturas en año electoral trasladando esa deuda al Estado. La estafa casi perfecta, ya que el Congreso nunca convalidó ese decreto y ahora puede anularse. Desde Juntos por el Cambio intentaron convalidar la estatización pero quedaron en minoría y se retiraron mientras que numerosas organizaciones sindicales y sociales apoyan la iniciativa y se lo hicieron llegar por escrito a CFK y a Sergio Massa. Hoy, la Comisión Bicameral que trata los decretos emitió dictamen para declarar inválido el decreto 1053 de Macri que, bajo el paraguas de una modificación presupuestaria, estatizó la deuda de las distribuidoras de gas con las productoras. Es el primer paso para anularlo, ahora será el turno de Diputados y Senadores que deberán aprobar ese dictamen. La deuda era por la diferencia en las tarifas dolarizadas que generó la devaluación. Se iba a pagar en 30 cuotas, algo que indica que se trató de otro aporte de campaña ilegal para Juntos por el Cambio. Un aporte original, ya que implicaba que el tarifazo no se reflejara en las facturas de los votantes. De hecho, la primera cuota se tenía que pagar en octubre de 2019, post elecciones, y Macri la pagó el 6 de diciembre, a 4 días de dejar la Casa Rosada. Gracias a una denuncia del interventor del ENARGAS Federico Bernal se logró frenar el resto de las cuotas. Y ahora todo indica que se rechazará la estatización de esa deuda. La propuesta para anular la estatización de 393 millones de dólares fue parte del temario de la Comisión Bicameral que preside el diputado Marcos Cleri. La oposición se atrincheró en defender a Macri y su decreto. Cleri planteó que “el DNU 1053/18 es inválido porque es una modificación presupuestaria que modificó los presupuestos del 2018 y comprometió los siguientes, tratando de transferir una pérdida de una empresa a todos los argentinos”. El diputado del PRO Pablo Tonelli saltó en defensa de este beneficio para las empresas y reclamó que se “excluya los decretos que ya han sido dictaminados”, o sea, que no se toque el decreto de Macri y que el Estado se haga cargo de esa deuda. “Si no derogamos este decreto, todos los argentinos vamos a seguir pagando algo que es confiscatorio. Es una urgencia dar tratamiento a este DNU, darle dictamen, invalidarlo e impedir que se estafe a los argentinos”, sostuvo por su parte la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti. Si bien el Congreso puede declarar la invalidez es sobre todo el decreto, el eje central es artículo 7 del decreto 1053. El decreto tenía como título una modificación presupuestaria, pero allí traficaron en el artículo 7 este favor a las empresas que les garantizaba el cobro de los tarifazos dolarizados por parte del Estado. La razón era sencilla: si no hacían eso tenían que trasladar el tarifazo a la factura de los usuarios y Macri no quería malestar de cara sus intenciones de reelección. El artículo dice que “el Estado Nacional asume, con carácter excepcional (…) el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”. Cuando, a fines de 2018, el Congreso trató ese decreto de Macri, el Frente para la Victoria hizo un dictamen de minoría donde advirtió que debía ser invalidado ya que no se explicaban los motivos por los cuales el Estado absorbía la deuda privada de las distribuidoras de gas ni cuál era la necesidad y urgencia de hacerlo por decreto. Es evidente que la necesidad y la urgencia eran las elecciones 2019 y que si bien ese aporte de campaña no fue suficiente lo que sí dejó es esta deuda impaga al nuevo Gobierno. Ese dictamen y el de mayoría de Cambiemos fueron elevados a las Cámaras parlamentarias pero no fue tratado. El DNU rige mientas no se lo rechace, que es lo que ahora parece ser su destino. Ahora, el Frente de Todes logró un dictamen de mayoría bajo los mismos conceptos y desde Juntos por el Cambio no quisieron ni siquiera dejar asentado uno de minoría. Tal como anticipó El Destape, un importante número de dirigentes políticos, sindicales y sociales, algunos agrupados en el Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, le enviaron notas a CFK y a Massa donde les solicitaron que las Cámaras de Senadores y Diputados rechacen el decreto por el cual Macri “estatizó u$s 393 millones de deuda privada que las empresas distribuidoras de gas natural mantenían con los productores”“El ex Presidente decidió que el Estado Nacional absorbiera esta millonaria deuda que las distribuidoras mantenían con las productoras, profundizando aún más el endeudamiento que la Nación tiene con los intereses que el ex presidente representa”, dicen los escritos a los que accedió El Destape.
