Se reconocen en estos siete meses del gobierno de Alberto Fernández tres cursos de acción. El más dominante, sin dudas, forzado por la inesperada irrupción de la pandemia que alteró la escena pública y política. La negociación de la deuda asomó desde el 10 de diciembre como un mojón para abordar algún orden de la economía en grave crisis. También se perfiló con mecanismos del Estado una gestión para desentramar las causas de corrupción en las cuales está implicada Cristina Fernández. La administración de la pandemia sigue dando buenos resultados sanitarios. Con costo económico ruinoso. La negociación de la deuda, a cargo de Martín Guzmán, el ministro de Economía, se extiende casi tanto como la cuarentena. Difícil de entender en un Gobierno que repite que carece de margen para mejores ofertas y las termina haciendo. De hecho, desde que comenzaron las conversaciones en marzo sumó a su propuesta US$ 15.000 millones y aceptó acortar el período de gracia. Ecuador rehizo el endeudamiento en dos meses. En el plano político-judicial el oficialismo ha logrado notables progresos. En defensa, claro, de sus intereses. Aquella descripción tiene mucho que ver con el modo en que se recortan las figuras de Alberto y de Cristina. Está claro sobre qué aspectos de la gestión incide cada uno. Existe correlación acerca del modo en que la sociedad va definiendo los liderazgos. Según un trabajo de la consultora ARESCO, entre los votantes del PJ el 65% cree que las decisiones corresponden a Alberto y el 14% a Cristina. Pero entre los no votantes del PJ la relación se invierte: el 55% concede el podio a la vicepresidenta y apenas el 21% al Presidente. Con apoyo de esos sectores, Alberto consiguió la centralidad política que ahora parece menguar. Al Presidente se le sigue reconociendo la gestión consensuada por la pandemia. Pero el progreso de la impunidad motorizada por Cristina, con anuencia de sectores del Poder Judicial y la complicidad de la Casa Rosada, terminan inclinando la balanza a su favor dentro de ese sistema de poder que nació anómalo para abordar las elecciones del 2019. El arresto domiciliario que se le concedería al empresario K Lázaro Báez no es más que la coronación de un proceso que alumbró apenas la dupla de los Fernández triunfó en los comicios de octubre. Entre esa fecha y la asunción, por ejemplo, lograron sus libertades, entre varios, Cristóbal López y Fabián De Souza. A partir de entonces se produjo la oleada con beneficios para otra docena de ex funcionarios. Amado Boudou, Julio De Vido, Luis D’Elía, Roberto Baratta y hasta el abogado y el contador de Báez. El caso más emblemático fue el del ex vicepresidente. No tenía condiciones que justificaran el beneficio del arresto domiciliario. Doble sentencia en la causa Ciccone y ningún riesgo vinculado a la pandemia o hacinamiento carcelario. El juez Daniel Obligado falló a su favor y el fiscal Javier De Luca desistió de apelar. Ahora argumentó para resguardar a Báez. De Luca pertenece a Justicia Legítima y fue siempre, en tiempos de Cristina y de Mauricio Macri, una pieza clave del mecanismo K. Los casos de Báez y Boudou poseen contrastes. Rascando en el fondo de la historia también se rescatan similitudes. El empresario K lleva cuatro años en prisión preventiva sin condena. Por una causa que arrancó en 2013. Con juicios que nunca terminan de arrancar. Hay una estrategia de dilación propia. Otra, acicateada por Cristina que también está siendo juzgada por la concesión arbitraria de obra pública en favor del ex dueño de Austral Construcciones. La pandemia les vino como anillo al dedo. El TOF 2 (Tribunal Oral Federal 2) pide la reanudación virtual del juicio. El Consejo de la Magistratura lo sigue denegando aduciendo falencias técnicas. El ex vicepresidente, en cambio, fue juzgado y condenado. ¿Dónde radicarían los puntos de contacto? En la defensa que siempre articuló el kirchnerismo. Para abonar la impunidad. En el 2014 bloqueó en la reforma del Código Procesal Penal el artículo que convalidaba la prisión definitiva con la existencia de una doble sentencia. Repasando la historia se refresca algo. El kirchnerismo nunca votó a favor, ni en Diputados ni en el Senado, la Ley de Arrepentido. El mecanismo resultó neural para dilucidar la ruta del dinero K. También para el caso Ciccone. Y el escándalo de los Cuadernos de las coimas. La estrategia de la vicepresidenta apunta a invalidar a esos arrepentidos. La fiesta kirchnerista de esta época encierra una paradoja. Los beneficios corren más para ex funcionarios que para Cristina. La vicepresidenta, sin embargo, contó siempre con una ventaja que, salvo De Vido, no tuvieron aquellos: los fueros que la eximieron de prisión. Claudio Bonadio la reclamó en tres ocasiones. A diferencia de otras causas, el magistrado fallecido obró de manera expeditiva. Investigó y elevó a juicio oral los casos que complican a Cristina. No fue el único. Julián Ercolini hizo lo mismo con Los Sauces y Hotesur. En ellas existe sospecha de lavado de dinero. Rodea a toda la familia Kirchner. Incluidos el diputado Máximo y a Florencia. Es mucho más difícil volver de esa situación. Sería con un indulto o una amnistía. Cristina aspira a una declaración universal de inocencia. El único atajo que podría quedarle a la vicepresidenta es el de la dilación. La Justicia resulta un muestrario inagotable de causas que se perdieron en el tiempo o que caducaron por prescripción. Cristina –vaya incongruencia-- podría estar mirando a Carlos Menem. El ex presidente fue condenado a 7 años y medio de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Luego de un proceso de 23 años. Sus fueros impidieron la prisión. La Cámara de Casación Penal resolvió la caducidad del “plazo razonable” para el cumplimiento de la pena. Final. El espejo de Menem sería engañoso para Cristina. Aunque la dilación, teniendo en cuenta la habitual sujeción del Poder Judicial a los poderes de turno, constituiría el único camino abierto. Ocurre que la Cámara Federal de La Plata, en agosto del 2018, estableció que los delitos por corrupción son imprescriptibles. La mayoría de las acusaciones que enfrenta la vicepresidenta tienen relación con esa figura. Cristina afronta otros problemas por afuera de la Justicia. Tienen relación con la reputación pública. Afloran con demasiada frecuencia. El crimen de su ex secretario, Fabián Gutiérrez, avivó aquellos fantasmas. No hay razón para ligarla con la tragedia. Tampoco, como se apresuró Cambiemos, para echar sombras sobre el Gobierno. Pero la víctima formó parte del enorme entorno penumbroso que, junto a Néstor Kirchner, jalonó su trayectoria en la política. Gutiérrez fue arrepentido en la causa de los Cuadernos. Era investigado por un patrimonio inexplicable que, se calcula, en unos US$ 15 millones. Elisa Carrió estuvo precisa cuando requirió al juez Carlos Narvarte, que entiende en el crimen, el cuidado de dicho patrimonio. El de ex secretario asesinado no es un caso aislado. Daniel Muñoz, íntimo del matrimonio, murió dejando una fortuna en el exterior calculada en US$ 150 millones. Isidro Bounine, que se alejó en 2011, incrementó su patrimonio en 5.500% en sólo seis años que merodeó el poder. Historias parecidas se escribieron con Ricardo Barreiro (el jardinero) y su hijo Pablo. Constructores de un imperio. O con el contador de la familia, también arrepentido, Víctor Manzanares. Que desde marzo denuncia amenazas. Aquel panorama se expande como una mancha incómoda para Alberto cada vez que una parte del pasado se vuelve presente. Le sucede lo mismo a un equipo de gobierno que fue pensado, tal vez, para otros menesteres. Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, vaciló cuando resultó interrogado sobre la fortuna de Gutiérrez. Alberto sobreactuó la réplica a Cambiemos por aquel asesinato. Seguramente para contentar a Cristina. También quizá para disimular debilidades. Llamó la atención el alerta de Aníbal Fernández por la pasividad del Gabinete. El titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) sostuvo que al Presidente lo estarían dejando demasiado solo. Argumentación que circula también en el Instituto Patria. ¿Pura casualidad? ¿Aníbal se aburre con el carbón? ¿O estaría preparando una plataforma para volver a la primera línea del poder cuando pase la cuarentena? Alberto tiene otro de sus problemas con la sociedad. En siete meses ningún gobierno cosechó expresiones colectivas tan continuas de disconformidad. Pueden estar azuzadas por el cansancio de la pandemia. Por la crisis social. O por las promesas incumplidas. Entre ellas, la moderación. El Presidente asumió los últimos tiempos posturas muy kirchneristas. Con el zarpazo por Vicentin. O la venia ante la impunidad que va consagrando la vicepresidenta. Tampoco en aquella cuestión se diferencia de Cristina, de Kirchner o de cualquier mandatario: descree de las protestas populares genuinas. Descarga la responsabilidad en la oposición. El escape más fácil. También manifiesta dificultades con el uso del lenguaje. Canallas, le dijo a la oposición. Miserables, a los empresarios. Ejemplar, a Hugo Moyano. Actúa de manera irresponsable en las redes sociales. Y contagia. Cafiero se acordó de los “odiadores seriales” cuando un móvil de un canal de TV oficialista fue brutalmente atacado en el Obelisco. En cambio, reinó su indiferencia luego que Luis D’Elía pidió fusilar a Macri. O Raúl Zaffaroni comparó al periodismo con las prácticas de Hitler. Tanta farsa profundiza una desconfianza de la sociedad que parece acrecentarse con peligro. Desmerece al Presidente cuando asegura que llegó para ponerle fin a la grieta COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
