“Constituye un principio básico del Estado de Derecho el respeto a la independencia judicial y el acatamiento de las resoluciones de los órganos judiciales, resultando contrario a ello que se ejerzan presiones desde el Poder Ejecutivo nacional sobre lo que debe decidir un magistrado en una causa en trámite”, sostuvo la entidad que agrupa a 15.000 jueces y funcionarios judiciales de todo el país. En el texto, la FAM “acompaña” al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe y “expresa su solidaridad con el Juez interviniente, poniendo a su disposición lo necesario a fin de garantizar a la ciudadanía que el trámite y las resoluciones que deban adoptarse en el marco de dicho proceso concursal tengan como respaldo la aplicación de la ley, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. “El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales establecidos por las normas fundamentales”, sostiene la entidad en el comunicado, que lleva las firmas de Ariel Ariza y Omar López, presidente y secretario respectivamente de la FAM. Asimismo, el Colegio de Magistrados de Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe emitió otro comunicado en el que también expresó “su respaldo y solidaridad” al juez Lorenzini. En el texto, se señala que “la disconformidad con las decisiones jurisdiccionales emitidas o a emitirse en el marco de dicho proceso concursal -y respecto de las cuales este Colegio está impedido de ingresar a su análisis-, deben viabilizarse a través de los mecanismos recursivos que el propio legislador ha conferido para impugnarlas, conforme nuestro estado de derecho y el respeto al orden jurídico preestablecido”. “Resulta esencial que la independencia para adoptar las resoluciones que correspondan en el marco de una causa judicial sea preservada por todos los actores implicados en el mencionado proceso, ya que de lo contrario podría erosionarse el principio de división de poderes propio de nuestro sistema democrático, en tanto la mencionada independencia del Poder Judicial se erige como una garantía de los ciudadanos para que sus derechos sean respetados”, se advierte en el comunicado. En diálogo con Infobae, el presidente de la entidad que agrupa a funcionarios y magistrados santafesinos, Roberto Dellamónica, sostuvo que buscan “respaldar ciertos principios, como la independencia de poderes y que los jueces tengan la necesaria libertad para adoptar sus decisiones”. Y agregó: “Entendemos que se pueda criticar una decisión, pero las disconformidades debe seguir los canales que los legisladores ya establecieron, por las vías recursivas que están en los códigos procesales y en este caso, la ley de Concursos y Quiebras”. La instancia superior a Lorenzini es la Cámara en lo Civil Comercial y Laboral de Reconquista, hoy tiene un solo juez, Santiago Dalla Fontana. María Eugenia Chapero se excusó en esa causa del concurso y Aldo Casella se jubiló, por lo que deberá integrarse con la Cámara de la ciudad santafesina de Rafaela. Reclamo de más estructura Dellamónica también contó que el Colegio de Magistrados de Santa Fe “recibió este fin de semana planteos de varios magistrados de la provincia reclamando algún respaldo a la magistratura en este tipo de situaciones”. Aclaró, sin embargo, que no recibió “ningún planteo en particular” del juez Lorenzini, y que “su reclamo pasaba más por la necesidad de mayor estructura y recursos humanos para su Juzgado para atender un concurso de la magnitud como el de Vicentin”. En este sentido, el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe informó que se comunicó con la Corte Suprema de la provincia para trasladar el pedido de mayores recursos. Según precisó, el Máximo Tribunal santafesino “ya lo había sacado del turno a Lorenzino en determinados temas, y esta semana o la próxima podría eximirlo de atender las demandas que le ingresen en su turno normal”, para que pueda disponer de más tiempo y recursos para tramitar el concurso de Vicentin. “Hay que entender que no se trata de un juicio ordinario. En un concurso preventivo donde hay infinidad de decisiones que hay que ir adoptando, a las que se suman presentaciones, como la del viernes de la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe. Y hoy entiendo que hubo otra del secretaria de Justicia de la Provincia”, por Gabriel Somaglia, explicó a Infobae. Pedido del gobierno santafesino En efecto, el gobierno de Santa Fe le solicitó hoy al juez Lorenzini que, además de aceptar la intervención de tres miembros que propuso, deje sin efecto la resolución del viernes de reponer al antiguo directorio debido a que “no es ajustada a derecho”. Somaglia, en declaraciones a Radio Universidad, de Santa Fe, afirmó que “las facultades de intervención que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas las marca claramente la Ley General de Sociedades, artículos 301 y 303”. Para el funcionario, Lorenzini, “tomó en cuenta para la intervención otra parte de esta ley, que significa un interés privado, (pero) acá no hay un interés privado, sino un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado”. Según señaló Somaglia, esa ley sostiene que, “cuando este organismo de control (Personas Jurídicas) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención”. Somaglia advirtió que, si el juez sigue “en la postura que señaló el día viernes, en caso de que resuelva que su postura es irreversible”, la provincia irá " subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto”. El secretario de Justicia santafesino justificó la presencia de interventores nacionales “porque, sin dudas, la Nación va a ser uno de los que va a asistir en el salvataje, en el rescate de la empresa”. Aclaró luego que, “con la intervención, lo único que se corre es a los gerentes actuales de Vicentin” porque -indicó- “los socios continúan siendo socios”, con lo cual “no pierden su situación”. Afirmó que “no es que los interventores llegan y hacen lo que quieren” y -según explicó- que “hay tres síndicos que son propios de la empresa, que controlan al directorio y con interventores; hay tres síndicos concursales qeu van a controlar; hay un juez, y está el comité de acreedores”.
