Constitucionalistas, abogados y diputados rechazaron las duras críticas del presidente Alberto Fernández al juez de la quiebra del Grupo Vicentín, Fabián Lorenzini, y reclamaron que el jefe de Estado "respete la división de poderes y no presione a la Justicia" El viernes el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, restituyó la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. En declaraciones a la prensa, Fernández cuestionó en duros términos el fallo de Lorenzini: "Discrepo absolutamente con el fallo del juez, es disparatado. Lo que hizo es un dislate jurídico de magnitudes, lo que hizo fue decir que no puede opinar sobre el DNU pero que no se cumpla". "El juez ha tenido más en cuenta el microclima de la zona que los criterios de Justicia. Él es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes", continuó en su crítica a Fabián Lorenzini, asesorado por la abogada de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort lo que le dijo a la Corte que falle por "la razón o la sangre". En declaraciones a Clarín, el constitucionalista Daniel Sabsay comentó que “el Presidente olvida que el artículo 109 de la Constitución le prohíbe intervenir en causas judiciales”. Además, “está ejerciendo una presión inadmisible como juez de la causa. Opina sobre el fallo a través de expresiones y de epítetos pero no plantea argumento alguno fundado en Derecho que lo sustenten”, agregó el vicepresidente de la asociación iberoamericana de derecho constitucionalista. El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó al presidente por atacar al juez e interpretar que "los DNU equivalen a leyes. Negri señaló que "es muy grave el desborde de poder que expresa el presidente" y añadió que "si los DNU equivalen a las leyes, el paso siguiente es cerrar el Congreso". "El lugar para alegar en un litigio es el expediente judicial, no el atril presidencial", concluyó el diputado cordobés. A su vez, la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña dijo a Clarín que “El presidente debería entender que en la Argentina existe la separación de poderes. El decreto del presidente es claramente inconstitucional. El juez del concurso es el único que puede nombrar a un interventor”. “Las Leyes las sanciona el Congreso, salvo ante razones de urgencia y receso del parlamento. Ninguna de estas situaciones existen hoy. El presidente debería repasar derecho constitucional y entender claramente la división de poderes. No se puede amañar a un Juez desde el atril presidencial”, agregó Ocaña. Por su parte, su colega de bancada Paula Oliveto aseguró a este diario que “el presidente muestra su lado más autoritario cuando no respeta la República y maltrata al que piensa distinto. Sus palabras llenas de crispación no hacen más que agregar angustia a un pueblo que está sufriendo”. Al preguntársele por estas declaraciones del presidente a la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade comentó que “la independencia judicial le produjo frustración al presidente y se dirigió al juez, como lo hace un déspota”. “Le hablo a un siervo, no a un juez. . . perdió toda noción de la vigencia de los tres poderes, dos de los cuales están para controlarlo y uno, para limitarlo. Además, imita mal a Cristina Kirchner”, agregó la asesora de Elisa Carrió. En tanto, el ex miembro del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi, rechazó las presiones del jefe de Estado y explicó que "los artículos 14 y 17 de la Constitución prohíben que nadie que no sea el juez de una causa, afecte el derecho de propiedad de alguien". Además, si la familia Vicentin administró mal su empresa, "el no gobierno no puede actuar para sancionar violaciones a las leyes, eso debe aprobarse en un juicio, probarse el daño, que el concurso pase a quiebra o el acreedor vote contra el concordato y solo lo decide un juez", añadió Fargosi. Luego la abogada y asesora de Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, dijo que "el Presidente debe dejar de usar el ninguneo de los que piensan diferente que él, poniéndose en profesor de Derecho". "Tiene que ser el primero, como presidente y profesor, en respetar la división de poderes", agregó Martínez. Más tarde, el abogado Federico Casal opinó que "las críticas del Presidente respecto de la decisión tomada por un Juez importan de hecho una evidente intromisión en asuntos judiciales en trámite, expresamente prohibida en el artículos109 nuestra Constitución". "Cuando el Estado es parte en un litigio judicial, el poder ejecutivo debe ser muy cauto en sus opiniones y abstenerse de utilizar mecanismos directos o indirectos que puedan influir en el criterio del Magistrado interviniente, limitando su intervención a las reglas procesales. De lo contrario, se estaría afectando además, la garantía de imparcialidad de los Jueces expresamente consagrada en nuestra Constitución y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos", agregó Casal. "La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados pronunciamientos, ha dicho que los funcionarios del Estado deben abstenerse de formular declaraciones que pudieran influir en la opinión pública respecto de una cuestión que se ventila ante la Justicia, porque ello podría afectar la independencia de los Magistrados que la integran. Resulta claro que las declaraciones de nuestro Presidente en nada se ajustan a esa norma del Estado de Derecho", finalizó Casal. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
