La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin -la compañía recientemente intervenida por Alberto Fernández- de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados. El petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior. De acuerdo a la hipótesis de la UIF, tanto las presuntas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, partícipes y encubridores surgen también claramente de las pruebas analizadas. "Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, señaló. “Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de GLENCORE para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior", señala el texto al que accedió Infobae. En ese contexto, el organismo reclamó la inhibición general de bienes de todos los involucrados y un estudio del patrimonio de todas las personas y empresas que intervinieron en las operatorias investigadas con el fin de evitar que los imputados puedan desapoderarse de sus tenencias o bien realicen maniobras para complicar el análisis de la trazabilidad del dinero que es objeto del proceso. La causa se inició por la denuncia del ex diputado y economista Claudio Lozano, elegido luego por el gobierno de Alberto Fernández para integrar el directorio del Banco Nación. Vicentin es la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país. Fue uno de las principales aportantes a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio. En diciembre de 2019, entró en un proceso de reestructuración de pagos por estrés financiero y en febrero inició un concurso preventino. Pero la UIF denunció que la empresa comenzó a inclumplir con sus pagos pagos cuando Cambiemos perdió en las elecciones primarias de 2019. En febrero tenía una deuda de $18.500 millones por créditos otorgados por el Banco Nación. Esa cifra superaba los límites de líneas otorgadas a grandes empresas y -según las acusaciones- se había refinanciado sin fundamentos. En su presentación ante el fiscal Pollicita -a quien el juez Julián Ercolini delegó la causa-, la UIF resaltó la “gravedad institucional” del caso: “No solo por implicar una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina sino también por comprender millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos”. El organismo aseguró que “existió y/o existe una estrategia tendiente a concentrar las pérdidas en una firma del conjunto, a la que endeudaron irrazonablemente, para beneficiarse entonces con las ganancias de las otras firmas del grupo”. La presentación remarcó que “Vicentin SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”, y apuntó al rol de RENOVA, “firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que VICENTIN tiene con el Grupo GLENCORE, uno de los mayores traders de granos del mundo”.
