El presidente Alberto Fernández dispuso la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y designó al frente de la nueva gestión a la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, expresidenta de Justicia Legítima, agrupación que ofició de aval académico-judicial para las leyes de "democratización de la Justicia" que impulsó Cristina Kirchner. El Presidente le ofreció el cargo Garrigós ayer en una reunión en la quinta presidencial de Olivos. Ambos se conocen desde hace cuatro décadas, cuando trajinaban los pasillos de tribunales. "La respeta mucho", confió una integrante de gabinete al tanto de la conversación. Fernández le pidió que investigue las supuestas irregularidades que se habrían cometido en los últimos años. "Es la persona ideal para ordenar todo el sistema. Es sólida y honesta", resaltaron fuentes del Ministerio de Justicia. Garrigós asumirá como interventora del Servicio Penitenciario Federal por seis meses, pero además se hará cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. La exmagistrada se jubiló en 2018, después de una larga carrera en el Poder Judicial. Su último cargo fue de jueza de la Cámara Nacional de Casación. El año pasado, cuando había dejado ya los tribunales y la presidencia de Justicia Legítima, se incorporó al Instituto Patria, la fundación política que responde a Cristina Kirchner, como coordinadora del equipo de Administración de Justicia. A pesar de que Garrigós viene de trabajar en el Instituto Patria, Alberto Fernández la definió como alguien elegido por él y de su confianza. Cuando todavía no se había hecho público el nombre de la nueva interventora, el Presidente dijo: "Es alguien que conozco desde mis 20 años; una persona impoluta en la Justicia". Lo mismo sostenían esta tarde cerca de la ministra Marcela Losardo. Así, reemplazará a Emiliano Blanco quien renunció en medio de una disputa de poder dentro de Justicia entre la ministra Marcela Losardo y Juan Martín Mena, su segundo, hombre de máxima confianza de la expresidenta. A qué filas pertenece Garrigós no es un dato menor. Blanco dejó su cargo en medio de fuertes internas con el kirchnerismo más duro, encabezado por el secretario Juan Martín Mena, pese a que la ministra Losardo no solo defendía a Blanco, sino que impulsaba públicamente su designación como subsecretario de Política Penitenciaria, a pesar de que venía de la gestión macrista. Según fuentes oficiales, el detonante para decidir la intervención fueron las presuntas escuchas a presos en la cárcel federal de Ezeiza, penal que fue allanado hoy. "Se están investigando estas escuchas ilegales -dijo una fuente del Gobierno a LA NACION-. Pero era un Servicio que arrastraba problemas. " Ese cargo, de subsecretaria de Política Penitenciaria, ahora lo ocupará ahora Garrigós, informaron fuentes oficiales, en paralelo con el de interventora del SPF. "Vamos a ocuparnos de intervenirlo (el Servicio Penitenciario) y de ciertas cosas que nunca más quiero que ocurran", aseguró Fernández en diálogo con Radio 10. Y dijo que tenía una "enorme preocupación" ante las denuncias de presunto espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
