Tras remarcar que no debe dejarse la idea de que "la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”, el funcionario afirmó que en una causa como esta “no podemos quedarnos a medias” y el final no puede ser “una maraña de hipótesis dirigidas a cubrir los aspectos no indagados”. Así, reclamó no solo que se revoque el sobreseimiento, sino que, apenas se reabra la investigación, el juez Marcelo Martínez de Giorgi la delegue en la fiscalía para “dar celeridad” a la causa. “Debemos investigar, producir prueba y esclarecer aquellas incógnitas que aún están presentes. Las expresiones aquí vertidas en modo alguno han de ser tomadas como crítica a la persona del extinto magistrado; ellas se dirigen a cuestionar un producto deficitario. Al fin y al cabo, todos tenemos un mal día alguna vez”, afirmó. La causa penal para investigar esas obras se inició el 25 de octubre del 2018 con una denuncia de Fernando Míguez, de la Fundación del Cambio Climático, a la que luego se le sumó otra investigación realizada por la PIA. La base de la acusación gira en torno a si se adjudicó de forma indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor que el que hubiese correspondido, el tramo más oneroso de la licitación pública internacional en cuestión, en favor de la empresa IECSA. El presupuesto de esa obra habría sido de $8.700.000.000, solventados en un 43% con fondos de la Ciudad y en un 57% con aportes nacionales, provenientes estos de un préstamo de hasta USD 400.000.000 otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo modelo fue aprobado mediante Decreto PEN 67/2017. Esa norma delegó en el ministro de Finanzas la suscripción del convenio y designó al Ministerio de Transporte de la Nación como “Organismo Ejecutor”, que a su vez, mediante la suscripción de un convenio, delegó la ejecución de la obra en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la contratación de las obras fue realizada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). La parte clave de la maniobra, sostiene la fiscalía, radicaría en haber adjudicado este último tramo a la unión transitoria conformada por IECSA y Fontana Nicastro SA mediante la alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, beneficiando indebidamente a la UT en cuestión. Hay otros dos ejes más de la investigación, que apuntan a la inclusión de las obras de infraestructura civil del llamado “RER” y la remoción de un gasoducto. Después de recolectar información sobre el proceso administrativo, la licitación y los costos de la obra, el juez Bonadio decidió en diciembre pasado sobreseer al jefe de Gobierno porteño, al ex ministro de Transporte y al presidente de Autopistas Urbanas. También a Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la época de los hechos investigados; y Natalia Bustos, jefa de Compras de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima. “No cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos en los hechos denunciados –escribió Bonadio–. Nada de todo lo actuado, extensamente considerado, indica que se haya favorecido a IECSA-Fontana Nicastro en forma ilegal y deliberada, en ninguno de los supuestos denunciados. La totalidad de los procedimientos observados no exhiben cuestiones susceptibles de encuadrar en alguno de los tipos penales previstos en nuestra legislación”. La fiscal Mangano y el titular de la PIA apelaron ante la Cámara Federal. Ahora, de cara a ese análisis, el fiscal ante la Cámara Federal reforzó los argumentos para seguir investigando el caso. En su postura, Agüero Iturbe afirmó que la decisión de Bonadio “se arraiga en una pléyade de consideraciones generales más propias de un relato de ficción que de una resolución judicial. Pieza procesal que a pesar de su finalidad deja entrever que, otra vez, los tramoyistas de la obra pública están presentes. No sabemos quiénes son, no se adoptó ninguna medida al respecto, pero se advierte ese tufillo de que allí están". Según sostuvo, “la alteración de la apertura de ofertas que debía hacerse primero por el tramo 'C', luego el 'B' y finalmente por el 'A' es precisamente el puntapié inicial de la hipótesis criminal. Ello existió, acreditado está y no puede cohonestarse bajo la premisa (tan remanida por estos lares judiciales) de una ‘simple desprolijidad administrativa’. Sellado el primer acto del presunto desparpajo espurio se fueron adosando a la empresa escogida la realización de distintas obras por fuera del proceso legal por el que debieron canalizarse”. El fiscal de Cámara agregó que “tampoco puede sustentarse el cierre en la supuesta nimiedad del perjuicio económico” porque “recuérdese” que “estamos ante un hecho de corrupción en el que el monto del perjuicio no disminuye el desvalor de la acción investigado”. Incluso, remarcó, que en “otras causas, ventiladas en este fuero, bajo el mote de ‘mega corrupción’ ya vimos este mecanismo que importa derivar fondos nacionales para ser ejecutados por un municipio evitando los sistemas de contralor propios del Estado nacional. Esta sistemática similar, de por sí, ya debe alertarnos sobre que algo ocurrió”. Agüero Iturbe advirtió que aquí se trata de “investigar para saber si realmente nos enfrentamos a un fenómeno criminal, producto una vez más de la tramoya pública privada, o si realmente y conforme a prueba suficiente aquí no ha pasado nada. La duda no puede fundar una decisión desvinculante, mas tampoco podemos dejar por una decisión así sembrada la duda”. “En esta causa, dirigida por quien fuera el mismo magistrado (Bonadio) también revistaba entre sus filas la firma investigada en las presentes actuaciones. Y no hace falta mucho esfuerzo señores jueces, si se tiene en cuenta aquellas actuaciones, para darnos cuenta que a la fecha de la presente licitación aquí cuestionada la firma se encontraba vinculada con Ángel Jorge Antonio Calcaterra, nombre emparentado con el ex primer mandatario de la República. Claro que este último no figura en ninguna parte de esta maniobra. Si se observa detenidamente su ingeniería, ella es similar a otras ya vistas y que se encuentran esperando su juicio”, resaltó, y sostuvo que “para sostener la finalización de la pesquisa, eventualmente, son necesarias más constancias que contradigan la idea de esta parte o despejen sus dudas”. Según sostuvo, “como todas estas cuestiones me llevan a sospechar que en la Licitación investigada se han cometido actos que penalmente no pueden resultarnos indiferentes, en base al ‘papel decisivo en la lucha contra la corrupción’ asignado al poder judicial, entiendo que estamos obligados a profundizar la investigación para descartar posibles acuerdos espurios y preexistentes entre los oferentes y los funcionarios públicos intervinientes en el proceso de licitación”, afirmó. Incluso, citó palabras de la misma Sala que debe resolver en este caso y su mirada sobra la importancia de investigar “posible corrupción cometida por agentes públicos del Estado” en la causa Gas Licuado, la misma en la que comenzó la investigación por los cuadernos de Oscar Centeno. El fiscal agregó que “ante la peregrina hipótesis de una decisión adversa” en la que los jueces no compartan la reapertura de la investigación, recurrirá a Casación y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia.
