“¿Cómo es la imagen de la Justicia en la gente? Mala. Estamos comprometidos en cambiar eso, que tiene que ver con la vida de la gente”, afirma una de las plumas judiciales a las que recurre hoy Alberto Ángel Fernández para diagramar el esquema de cambios en la Justicia que incluyen un proyecto de reforma y posibles modificaciones en la conformación de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. En el Poder Ejecutivo avanza -en medio de las urgencias por el coronavirus- la reforma judicial que el Presidente se había planteado ejecutar desde los tiempos de la campaña electoral del Frente de Todos. Fernández mira, concretamente, hacia los terrenos de Comodoro Py, el nombre que define a los tribunales federales de la zona de Retiro, emplazados en la calle nominada en homenaje a un marino argentino de origen español que participó en la Guerra del Paraguay y en acciones de defensa de la Patagonia. Allí, se define la suerte de los funcionarios investigados en las causas de corrupción. Hay varios que forman parte del Gobierno de Fernández como la vicepresidenta que tiene varios procesamientos y un juicio en proceso que se paralizó por el coronavirus. Para el oficialismo, gran parte de los jueces de Comodoro Py fueron partícipes de la supuesta persecución a ex funcionarios K y tienen vínculos con los servicios de inteligencia. Alberto Fernández dividirá sus planes judiciales en dos tramos: primero, la reforma del fuero federal, que ampliará el número de jueces de Comodoro Py (actualmente, son 12) y sumará allí a magistrados de otros fueros para licuar el poder. Además avanzará con el sistema acusatorio que dota de mayor poder a los fiscales. Según planean en la Casa Rosada, luego habría una segunda parte, que incluiría cambios en la Corte Suprema y en el Consejo de la Magistratura. Sobre el máximo tribunal, Fernández decía en campaña que no le interesaba ampliar el número de cinco cortesanos, tal como viene empujando un sector del kirchnerismo. Respecto de la Magistratura (el órgano que selecciona a los candidatos a jueces nacionales y juzga su desempeño), el abogado y Presidente quiere poner sobre el tapete su accionar actual. Esto significa que la Corte y la Magistratura están en discusión. Pero con diferentes planos políticos. En el caso de los cambios en el fuero federal, el Presidente habla con Gustavo Beliz, Vilma Ibarra -la influyente secretaria Legal y Técnica de la Presidencia- y Marcela Losardo, la ministra de Justicia e histórica socia en el estudio jurídico de Fernández. Allí, -dicen cerca del Presidente- Cristina Kirchner no tendría influencia en la letra de los cambios que se preparan. Donde sí tiene palabra e interés la vicepresidenta es en los eventuales cambios en la Corte y en los retoques o ajustes del Consejo de la Magistratura. Un detalle importante: la actual conformación del Consejo, fruto de una reforma impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006, fue declarada inconstitucional, porque no respetaba las proporciones de la representación entre jueces, legisladores, académicos y representantes del Ejecutivo con que fue concebido el organismo desde su creación en la Constitución en 1994. La razón de la objeción es el poder de veto que con la actual conformación tiene el oficialismo de turno para bloquear designaciones o remoción de jueces. La Corte tiene que sentenciar si obliga a volver a la integración previa a la reforma o le indica al Congreso que sancione una nueva ley que recupere el equilibrio perdido. Alberto Fernández ya dijo públicamente que él no pensaba en ampliar la Corte Suprema, pero sí señaló que quería escuchar a otras voces de relieve sobre el tema. Con lo cuál, en realidad dejó abierta la puerta para que se agreguen más jueces al tribunal. Esto derivará en la conformación de un Comité Asesor Presidencial, donde serían llamados a dar su visión referentes del tema judicial. Allí, recalarían, dicen en el oficialismo, especialistas sin importar su sensibilidad partidaria: desde un Eugenio Raúl Zaffaroni hasta un Federico Pinedo, el primero ex juez supremo identificado con el kirchnerismo y el segundo, abogado y ex presidente provisional del Senado por el PRO. Y sobre la Magistratura el Presidente no dejó definiciones públicamente, pero es conocido que la vicepresidenta observa con obsesión a ese consejo que define la suerte de los jueces, pues la ex presidenta acciona cotidianamente para resolver los entuertos judiciales propios más los de su hijo Máximo y su hija Florencia. Los plazos en el Ejecutivo, al día de hoy, son los siguientes: la reforma judicial llegaría al Congreso recién en dos semanas -más allá de que Sergio Massa la esperaba en Diputados para este viernes- y la discusión sobre la Corte y la Magistratura llevará más tiempo, en medio de las urgencias de la pandemia. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
