Mientras la política metropolitana debate si habilita la apertura de la construcción, los comercios o la industria, el transporte, encargado de dar soporte a cada una de esas decisiones, vive uno de los momentos más críticos que se recuerden. Actualmente, el sistema está en un momento de quiebre -y de quiebra técnica-, según dicen varios de los dueños de empresas consultadas. El problema es puntual. La deuda actual que tienen la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y los municipios con el sistema es de 6000 millones de pesos. "Esto es equivalente al costo de 15 días de operaciones en forma completa. De ese total, la deuda de la provincia de Buenos Aires asciende a $4000 millones, es decir el 65%. El sistema está al borde del colapso", dice un empresario que tiene líneas a ambos lados de la General Paz. Actualmente, el sistema de transporte solo sube alrededor del 25% de los pasajeros habituales. Esto tiene un impacto enorme en la facturación de las líneas de colectivos, ya que una porción importante de la caja de las empresas se debe a la utilización de la tarjeta SUBE. Ese monto, que cada usuario paga al subir, luego es rendido al empresario. "Esa recaudación se desplomó", se sinceró un transportista. Solo para poner en perspectiva. Antes del coronavirus, la tarifa representaba el 30% de la recaudación; ahora, apenas el 6%. Pero a este atraso se suman los subsidios o las compensaciones tarifarias, como prefieren llamarlas los dueños de los colectivos. Todo ese sector de transportistas del AMBA mira con recelo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Él es el responsable de una deuda de $4000 millones. "Cuando llegó al gobierno dijo que él no iba a pagar el subsidio a los colectivos. Ya en febrero, desde La Plata miraron a la Casa Rosada y endosaron el cheque. Finalmente, el ministro de Transporte, Mario Meoni, adelantó cerca de $3000 millones que originalmente les correspondía poner a los bonaerenses. Justamente ese pago de los subsidios fue eje de gran debate sobre fines de 2018, después de que la Argentina acordara con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y para bajar el déficit, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal se hizo cargo de abonar $23.000 millones que no estaban presupuestados, y que terminaron por generar cancelar otros proyectos. Aquellos días, además, la fiebre federalista de los gobernadores exigió que la Nación dejara de pagar ese importe y que lo absorbieran la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Sabedores del daño que le hacía a Vidal semejante pago, todos empujaron la medida. Un año después, aquellos federalistas permanecen callados ante la nacionalización de los subsidios bonaerenses. El punto crítico es que el nivel de servicio exigido es el máximo, con lo cual los costos son los mismos que antes de la pandemia. Los colectivos, ahora, no pueden llevar pasajeros parados, por lo tanto, cada unidad lleva menos ocupantes. La distancia social destruyó uno de los indicadores que más utilizaba el sector para medir la rentabilidad. El llamado índice de pasajeros por kilómetro da cuenta de la cantidad de boletos que se venden cada mil metros. Las empresas, o los recorridos, que dan más ganancias son aquellos en los que la rotación de gente es mayor. Por el contrario, las líneas que más sufren son la que tienen usuarios que recorren mucho trayecto arriba de la unidad. Los números que a diario elabora el gobierno porteño les dan la razón. "Los colectivos, que realizan el 80% de los viajes que se hacen en transporte público, trasladaron ayer 2.376.000 pasajeros, 4% más que la semana anterior y 73% menos que un día normal fuera del aislamiento, cuando se mueven 8.891.000 personas en ese medio de transporte", dice el comunicado, que a diario se actualiza. El combo, dicen los transportistas, tiene más condimentos. "Esto se suma además a un gran problema de arrastre, que es que la tarifa del transporte público es el único insumo de la economía argentina que lleva 14 meses congelado. Si no hay una solución de fondo a todo esto es probable una parálisis total del sector", comentan. Durante la semana, las principales cámaras de empresarios enviaron una carta a Meoni: "Ante los reiterados planteos formulados por las entidades respecto de la angustiante situación económica y financiera que enfrenta el sector y la falta de respuesta por parte de ese ministerio, las empresas de transporte público de pasajeros por automotor se encuentran en un estado de precariedad tal que no pueden garantizar la continuidad en la normal prestación de los servicios", se lee. Sin medias tintas. El sistema AMBA de colectivos tiene 18.000 unidades entre las tres jurisdicciones.
