María tiene 12 años y un embarazo forzado. Su pancita está empezando a crecer. No buscó ese embarazo y tampoco pudo decidir interrumpirlo, aunque la ley la ampara. No le dieron la opción porque en Santiago del Estero, donde vive, no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921. Y las niñas pobres, como ella, dependen de si les toca enfrente personal médico anti-derechos o no, para que se les garantice el acceso a una interrupción legal de embarazo. María no tuvo suerte. Es cartonera y su vida está atravesada por la violencia sexual desde pequeña: en su legajo del sistema de protección de niñez –que no la protegió—figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017. María quedó atrapada en una perversa trama que deja en evidencia como profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE en Santiago del Estero: mienten sobre el tiempo de embarazo de las niñas y postergan la notificación del caso a las autoridades sanitarias de la provincia, para que la gestación sea –y además parezca-- cada vez más avanzada, y no quede alternativa que continuarla. El de María es un caso testigo, en el que el Ministerio de Salud del gobierno de Gerardo Zamora –a cargo del Ejecutivo provincial desde 2017-- prefirió mirar para otro lado y aunque descubrió el 7 de mayo la manipulación, no garantizó los derechos de la niña. María se convertirá en madre, como el centenar de niñas menores de 15 años, que cada año dan a luz en la provincia, de acuerdos a estadísticas oficiales, en la mayoría de los casos, sin buscarlo. La niña vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, también cartonera, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria, que alquilan, en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. La mayor parte de su vida, María la pasó en instituciones alejada de su familia, como consta en el expediente del sistema de protección de la niñez provincial, que la volvió a desproteger. María es un nombre ficticio para proteger su identidad. Acompañada por su mamá, el 2 de abril la niña fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA –porque ahí no tenían equipamiento—y se la hicieron el 6 de abril en el del barrio Misky Mayu. La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. La niña y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado. Es decir, María no recibió información completa, adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26). Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos. María no está escolarizada. La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días –casi tres semanas-- en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual. El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. En ese paper informa que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Y más adelante, detalla: “Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que “ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2”. Nada más. Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, para que la atendiera un equipo especializado. El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial, tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada. La mamá, al día siguiente, dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, y firmó el alta voluntaria de María. Y se fueron las dos. El caso generó gran revuelo en el Ministerio de Salud provincial. Pero los días siguieron pasando. Y de los derechos de María pocos se acordaron. El miércoles 13, una semana atrás, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica. Sin embargo, la versión que dieron a este diario en ese Programa fue distinta, aseguran que no fue esa la respuesta. El 14 de mayo, según pudo saber este diario, una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades que se habrían cometido en la atención de María, y recomendaron dar intervención a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que adopten las medidas de protección para garantizar la preservación y restitución del ejercicio de los derechos “extremadamente vulnerados” de María. ¿Habrá consecuencias? ¿Se iniciará un sumario administrativo para deslindar responsabilidades en el área de salud y en la de Niñez en la atención de la niña? En algunos meses más, la atenderán como a una parturienta que espera un embarazo deseado y seguramente, vivirá hacinada con su madre, su padrastro, y sus dos hermanitos. Sin agua. En una habitación alquilada. Con su hijx recién nacido, saldrá a cartonear. La falta de un protocolo claro avalado por el poder político de la provincia, gobernada por el Frente Cívico y Social, aliado al Gobierno Nacional, genera los estragos que padeció Lucía en Tucumán, hace un año, y ahora María, en Santiago del Estero. Los protocolos de abortos legales justamente buscan dar directivas claras al personal médico, sobre un procedimiento que históricamente generó discusiones. Queda en evidencia, una vez más, que aún hay profesionales de la salud en el sector público que pretenden imponer sus preceptos religiosos frente al cumplimiento de la ley. Hace dos semanas, en Santiago del Estero, a otra niña de 11 años, se le garantizó una ILE. María no tuvo suerte.
