La justicia deberá resolver si saca del archivo la causa judicial en la que el extitular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, se auto-denunció y denunció al ex ministro Germán Garavano por el delito de encubrimiento. Es que en el juicio por las pistas falsas sembradas en la investigación del atentado, Garavano intervino para que no se acuse a quienes fueron fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia. Luego ordenó el cambio de los abogados que representaban al ministerio en las audiencias y finalmente los nuevos letrados pidieron que Mullen y Barbaccia sean absueltos, algo que finalmente no ocurrió. Ambos fueron condenados. En ese momento, Cimadevilla hizo la acusación, pero también hicieron lo propio el otrora principal acusado Carlos Telleldín y el abogado Leonardo Martínez Herrero. Las denuncias fueron archivadas porque el fiscal Carlos Rívolo sostuvo que no existía delito. A raíz de la difusión de un audio en el que Gabriela Michetti aparece presionando de forma grosera a Cimadevilla para que juegue a favor de Barbaccia, Telleldín y Martínez Herrero pedirán que la denuncia se saque de archivo y se investigue, por la aparición de una nueva evidencia. En verdad el audio --otra demostración de cómo el macrismo operaba y presionaba en la justicia-- fue aportado hace dos años por Cimadevilla en la denuncia que presentó en aquel momento. Sin embargo, se conoció públicamente este fin de semana en el sitio El Cohete a la Luna. La entonces vicepresidenta le mandó un audio de whatsapp a Cimadevilla diciéndole, en tono prepotente, "escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José (Barbaccia), y que el tema ha pasado a vos, pero que no... que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar?". Traducido a palabras sencillas, en la grabación Michetti le recrimina a Cimadevilla no haber protegido a Barbaccia como supuestamente prometió y le exige una explicación de por qué no le dió cobertura a quien estaba sentado en el banquillo de los acusados, imputado por un delito. Además, llama la atención la familiaridad con la que trata a Barbaccia, llamándolo José, como si fuera un amigo. La historia tiene la siguiente secuencia: * Después del atentado, el hilo de la investigación partió de la camioneta Trafic que estalló en la sede de la mutual judía. * Ese vehículo fue armado, con partes robadas, por Telleldín, quien por entonces se dedicaba a eso. Hoy es abogado. * Telleldín dijo que vino una persona con 16.000 dólares en efectivo, él le entregó la Trafic y el individuo le entregó un documento que resultó falso. El único dato que aportó El Enano, como le decían a Telleldín, es que el desconocido tenía acento centroamericano. * Sin embargo, desde su celda, Telleldín sugería que le había entregado la camioneta a policías bonaerenses que por entonces lo extorsionaban. * En esa situación, el juez Juan José Galeano pactó con el gobierno y con la SIDE pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que declarase que le entregó la camioneta a policías de la provincia que en aquella época gobernaba Eduardo Duhalde, archirrival de Carlos Menem. * No sólo no se verificó que los dichos de Telleldín fueran ciertos sino que, incluso, en la negociación llevada adelante personalmente por el magistrado se le mostraron fotos de uniformados de la Bonaerense y se le indicó a cuáles debía marcar como los que se llevaron la camioneta. O sea que fue una declaración preparada. Toda la prueba resultó falsa, un desvío de las pistas del atentado, y la agrupación de familiares y amigos de las víctimas, Memoria Activa, denunció a todos los que participaron de la maniobra por encubrimiento: Galeano, la SIDE, el ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Federal, Jorge El Fino Palacios y otros funcionarios. En todo momento, Memoria Activa sostuvo que Mullen y Barbaccia estuvieron al tanto del pago ilegal a Telleldín y por eso la acusación también fue contra ellos, que finalmente fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y no por encubrimiento. En el juicio a raíz de la denuncia de Memoria Activa, el Ministerio de Justicia fue uno de los querellantes. Cuando asumió el macrismo, en 2015, cambió los abogados de la época del gobierno de CFK y puso en su lugar a Mariana Stilman -cercana a Elisa Carrió-- y Ezequiel Strajman, quienes continuaron de forma normal con la acusación, por supuesto también contra Mullen y Barbaccia. Pero ya en 2017, el ministro Garavano empezó a intervenir en el caso a favor de los ex fiscales, con los que había trabajado. En primer lugar, nombró una especie de comisario político, Miguel Inchausti, que presionó para que la acusación no fuera tan dura y hasta insistió con que los abogados del ministerio no debían estar tan cerca de Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa. Finalmente, la presión derivó en la renuncia de Stilman y Strajman. Con ambos letrados apartados, sus reemplazos, designados por Garavano, directamente pidieron el sobreseimiento de Mullen y Barbaccia. Todas estas escandalosas jugadas llevaron al radical Cimadevilla, responsable del caso AMIA en el Ministerio de Justicia, a presentar también la renuncia. Dado que parte de los familiares y otros abogados querellantes, como José Manuel Ubeira, sostuvieron que todo el Ministerio de Justicia estuvo involucrado en el nuevo encubrimiento de Mullen y Barbaccia, Cimadevilla se auto-denunció y denunció judicialmente a Garavano, mientras que señaló a Mauricio Macri como principal imputado por tapar las maniobras en la investigación del atentado. En paralelo, Telleldín y Martínez Herrero presentaron una denuncia similar contra Garavano, por lo que se abrió una causa en el juzgado del juez Luis Rodríguez. El magistrado le dio vista al fiscal para que impulsara la acusación, pero quien dictaminó fue Carlos Rívolo, que sostuvo que se trataba sólo de diferencias de criterio en una querella y que por lo tanto no existía delito. Curiosamente, al principio de la acusación, Rívolo había firmado junto a otros 14 fiscales dos cartas de apoyo a Mullen y Barbaccia. Muchos sostienen que debió excusarse, pero su pronunciamiento produjo el archivo de la causa contra Garavano. Este lunes, al conocerse el audio de Michetti, Telleldín y Martínez Herrero anunciaron que presentarán un escrito pidiendo que el expediente se saque de archivo y se investigue la brutal presión y el doble encubrimiento que se produjo en el caso AMIA. En un país normal, una vicepresidenta increpando a un funcionario para que se ponga del lado de un acusado, produciría un escándalo de proporciones. Pero durante el gobierno de Macri no se trató de algo excepcional: el propio presidente exigía que se saque a tal o cual juez o incluso que se encarcele a personas "porque es lo acordado".
