El juez federal Sebastián Casanello procesó a ex funcionarios K de la ex Enarsa (llamada actualmente Energía Argentina SA) y empresarios por el direccionamiento en la multimillonaria licitación e irregularidades en la construcción de dos centrales termoeléctricas que terminaron costando al Estado casi el doble del precio original, se informó oficialmente. El procesamiento fue sin prisión preventiva y con un embargo de 785 millones de pesos. El ex titular de Enarsa Exequiel Espinosa (2003-2013) y el ex gerente de esa empresa Santiago Pierro fueron procesados por la supuesta comisión de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que los empresarios fueron considerados presuntos partícipes necesarios de la maniobra. Espinosa era un hombre de confianza del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en un área que manejaba su mano derecha, Roberto Baratta. Entre los empresarios procesados se encuentran el ex CEO de Iecsa Héctor Javier Sánchez Caballero; Juan Carlos de Goycochea, de Isolux, y Santiago Altieri, Alejandra Kademian y Osvaldo Macías, que también participaron de la unión de empresas investigada por las supuestas irregularidades en las obras. Sanchez Caballero y de Goycochea están también procesados en la causa de los cuadernos de las coimas que investigaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. A mediados de 2018, el juez federal Julián Ercolini había procesado a Espinosa y a y otros ex directivos de ENARSA por los delitos de administración fraudulenta por la contratación de una consultora integrada por ex funcionarios del organismo. Espinoza también está procesado en la causa por irregularidades en la importación de gas natural licuado a través e ENARSA. La causa se inició por una denuncia presentada por el entonces diputado y ex fiscal Manuel Garrido a partir del estudio realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando ésta era dirigida por el fallecido Leandro Despouy. En 2007 se hizo una licitación pública para la selección de oferentes que construyeran cinco nuevas centrales termoeléctricas: Ensenada de Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano II, Necochea II e Ingeniero Francisco Bazán. Sin embargo, en dos de esos casos la licitación fue direccionada hacia una UTE integrada por Isolux, la misma empresa investigada por las causas relacionadas con la mina de Río Turbio y su central eléctrica e Iecsa, la firma que perteneció al ex primero de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. De las cinco centrales que se licitaban, finalmente, sólo se adjudicaron dos: Ensenada de Barragán y Brigadier López. Garrido denunció irregularidades giraron en torno a la contratación en forma directa de ampliaciones de obras para la construcción de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán. "La intimación formulada a los imputados comprende dos hipótesis concatenadas. La primera consiste en el reparto amañado de obras durante el proceso de licitación, según el cual la UTE Isolux-IECSA obtuvo la adjudicación de los contratos de las dos centrales. La siguiente consiste en las ventajas indebidas obtenidas en la etapa de ejecución de esos contratos. ", sostuvo el juez Casanello en el fallo publicado en la agencia de noticias de la Corte. "Esas ventajas fueron el resultado de una serie de irregularidades: la incorporación de obras sin procedimientos competitivos (contratación directa), el incremento del precio de los contratos y el retardo en la entrega, entre otros", sostuvo el magistrado en el fallo de 83 páginas que firmó el jueves pasado y las fuentes judiciales dejaron trascender hoy. El contrato por la central de Brigadier López originalmente era, en 2007, por 711 millones de pesos pero luego se contrató por 1.016 millones. Sin embargo, luego de varias modificaciones el precio final para esa central ubicada en Santa Fe fue de 1.127 millones. Parte de los pagos se hicieron a través de Nación Fideicomisos. Por su parte, el contrato para la central de Barragán, ubicada en Ensenada, era por 1.237 millones pero se contrató por 1.500. No obstante, luego de una serie de adendas negociadas directamente con la UTE el precio final terminó en 2.189 millones. El juez Casanello señaló que a través de la negociaciones con directivos de ENARSA "la empresa contratista obtuvo en forma directa la contratación para esas nuevas obras y mayores ganancias. Por otro lado, llevaba aparejado un perjuicio para el Estado que debió pagar demás, se privó de efectuar un procedimiento competitivo y transparente para seleccionar al mejor contratista, y no recibió las obras en el plazo previsto". "No hubo un ámbito de competencia que permitiese al Estado la mejor oferta técnica al mejor precio. En efecto, si no hay contienda la competencia está distorsionada o es una ficción. Desde el plano de la Administración, la capacidad de negociación que pudo haber tenido ENARSA quedaba reducida al acuerdo y compromiso de la única empresa que había presentado oferta", agregó el magistrado en su resolución de 84 páginas. Luego de analizar los pasos de la licitación, el juez dijo que se trató de "una licitación amañada, a través de las irregularidades detectadas en los procesos de contratación, revelaron la existencia de un acuerdo entre empresarios (oferentes) y funcionarios públicos, que se concretó en el reparto de las obras –en condiciones beneficiosas para los privados por fuera de las previsiones originales- y, también, en los aumentos de precios". "Se comprobó que ENARSA no había promovido un verdadero escenario de competencia entre las empresas oferentes (una de ellas era Siemens), no mitigó las características apuntadas si no que, por el contrario, las acentuó. Esto se hace evidente en las ventajas obtenidas durante la ejecución de los contratos: incorporación de obra por fuera de los procedimientos administrativos, incrementos de precios e incumplimientos de plazos", añadió. En su descargo, Espinoza y Di Pierro negaron haber cometidos delitos y coincidieron en señalar que los pliegos de licitación no fueron elaborados por ENARSA, si no que esa responsabilidad recayó sobre el Ministerio de Planificación que dirigía De Vido y la Secretaría de Energía. Los empresarios también negaron haber participado de maniobra alguna. Sin embargo, el juez Casanello afirmó que "el aporte de Espinosa y Pierro, cada uno desde el rol que tenían asignado en ENARSA, conduce a afirmar, con el grado de sospecha que este tipo de pronunciamientos requiere, que con sus decisiones condicionaron la voluntad negocial de la Administración persiguiendo un interés no administrativo, que trajo aparejado la celebración de contratos por montos superiores al presupuesto oficial y con plazos que excedieron los inicialmente fijados". En conclusión, "se encuentra comprobado –con el grado de probabilidad que exige esta etapa procesal- que los empresarios pactaron con los funcionarios públicos de ENARSA distribuirse los contratos, simulando licitaciones públicas para que les sean adjudicadas las Centrales Térmicas de Ensenada de Barragán y Brigadier López, el permiso para modificar las condiciones de contratación y asegurarse nuevas obras sin ningún tipo de competencia". Como consecuencia de estas maniobras, obtuvieron "un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas". En concreto, ENARSA "pagó en forma irregular a la UTE Isolux-IECSA para la Central Ensenada de Barragán las siguientes sumas: $ 367.965.234,65 (adenda 3), $ 89.686.573,07 (adenda 4) y 223.499.987,07 (adenda 5). Y para la Central Brigadier López pagó en forma irregular la suma de $ 111.5000.000 (adenda 4). La suma de esos montos arroja un total, a octubre de 2011, de $ 792.651.795,48", finalizó el juez Casanello. 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