Pedro Olmos había sido detenido en septiembre pasado, acusado de abusar sexualmente de una niña, de 13 años. A pedido de un fiscal de Lomas de Zamora, estaba a punto de ser condenado a ocho años de prisión en un juicio abreviado. Desde el 4 abril pasado, Olmos está en su casa de Burzaco, situada a pocas cuadras de la vivienda de la víctima. Ni a la menor abusada ni a su familia le avisaron que el supuesto agresor sexual había regresado al barrio, luego de haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria. Según el recurso de inaplicabilidad de la ley presentado por el fiscal ante la Cámara de Casación penal bonaerense, Carlos Altuve, en la resolución con la que se otorgó el beneficio al presunto abusador sexual, no figura ningún informe médico que indique que el procesado, de 67 años, sufre "hipertensión crónica y osteoporosis" y que debía ser incluido entre el grupo de riesgo de presos con peligro de vida, en caso de un contagio masivo del virus Covid - 19 en la cárcel en la que está detenido. Además, según pudo constatar La Nacion, el nombre de Olmos, tampoco figura en los tres listados elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial, con los nombres de 662 presos que, por tener más de 60 años y padecer patologías crónicas, diabetes, enfermedades inmunosupresoras u oncológicas, corrían riesgo de vida y podrían ser beneficiados con prisiones domiciliarias. Al menos 430, de esos 662 presos, tenían causas por denominados delitos leves. A partir de la reconstrucción del proceso, realizada por el Ministerio Público, que terminó con Olmos en su casa, se determinó que el de 27 de marzo pasado, el juez de Garantías de Lomas de Zamora que tenía a su cargo el caso de Olmos, rechazó el pedido de la defensora del imputado para que se le conceda la posibilidad de cumplir la prisión preventiva en su casa. En la misma resolución el magistrado ordenó que Olmos, que hasta ese momento estaba preso en una comisaría, sea trasladado a una cárcel común. Entonces, la defensora presentó una acción de Hábeas Corpus por el presunto agravamiento de las condiciones de detención del imputado y, el 3 de abril pasado, el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense, Víctor Violini, determinó que se conceda la prisión domiciliaria del acusado mientras dure la situación actual de pandemia debido a su edad. Al fundar su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado sufría hipertensión crónica y había padecido neumonía. Además, el camarista ordenó que se resguardara la "incolumnidad psicofísica de la víctima", debido a la cercanía con el domicilio del imputado. Al día siguiente, Olmos llegó a su casa para cumplir la prisión domiciliaria. El fiscal de Lomas de Zamora que se había opuesto al primer pedido recibió la notificación el 6 de abril. "La acción de hábeas corpus ha sido resuelta sin documentación respaldatoria médica, en ausencia de historia clínica e informe ambiental y teniendo solo en consideración los dichos de la defensora particular del imputado", sostuvo el fiscal Altuve en el recurso presentado ante el Máximo Tribunal provincial. Según fuentes policiales y judiciales, el ataque por el que fue acusado Olmos, ocurrió el 24 de abril de 2019. Un mes después, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional del imputado, quien fue apresado el 17 de septiembre pasado, cerca de su casa. El hecho de que Olmos estuvo prófugo y, además, es vecino de la víctima, constituyen los denominados riesgos procesales que, de acuerdo a la ley serían: eludir la acción de la Justicia y entorpecer la investigación. "No se ha resguardado debidamente a la víctima, una niña, de 13 años, vecina del imputado. No solo se ha omitido disponer la obligatoriedad de la información previa y la citación a la víctima a los efectos de ser escuchada antes de la concesión del arresto domiciliario; sino que tampoco se ha ordenado la implementación de recaudo alguno a efectos de asegurar y garantizar la protección de la misma y su entorno, debido a que solo se ha consignado que se debía resguardarse su salud psicofísica", concluyó el fiscal Altuve al fundar su recurso ante la Suprema Corte. En los fundamentos del planteo, el representante del Ministerio Público sostuvo que en la resolución que benefició al supuesto violador, se hizo referencia a un imputado que estaba en una comisaría y postrado. "Cuando, en realidad, el acusado había sido trasladado a una cárcel y se movía por sus propios medios", indicó el fiscal en su presentación.
