El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, presentó un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar -debido a la pandemia de coronavirus- la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, quien está detenido en la cárcel de Ezeiza. La presentación firmada por Pietragalla y por Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la secretaría de Derechos Humanos, se realizó en carácter de “Amicus Curiae" y para respaldar los solicitado por Jaime. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2004 señaló que la figura del “amigo del Tribunal” es “un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia, el Tribunal considera apropiado que, en las causas en trámite ante sus estrados y en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del asunto”. Los funcionarios del gobierno nacional hicieron la presentación -a la que accedió Infobae- en la que establecieron que “esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime, toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad...”. En abril de 2016 fue detenido por el orden del juez federal Julián Ercolini en un caso en el que se lo acusa -junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, -por la compra de trenes chatarra en España y Portugal. En mayo de 2018 la Cámara de Casación confirmó la condena por la Tragedia de Once y le fijó una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por la suma de los otros dos casos en los que ya había sido condenado. En octubre de 2018 la Casación rechazó el recurso extraordinario presentado para apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entonces fueron encarcelados todos los imputados que debían cumplir condenas por su responsabilidad el choque del 22 de febrero de 2012. Queda por resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja contra las condenas presentados por los imputados. Por la acumulación de las tres condenas por corrupción, Jaime deberá estar detenido hasta el 4 de octubre de 2026 ya que su pena a ocho años de prisión por la Tragedia de Once fue confirmada por Casación en octubre de 2018. Podrá acceder a salidas transitorias el 4 de octubre de 2022. Podrá gozar de libertad condicional desde el 4 de febrero de 2024. Y desde el 4 de abril de 2024 podrá acceder al régimen de libertad asistida. Hasta el momento del comienzo de la ejecución de la condena por la Tragedia de Once, Jaime había estado poco más de dos años detenido con prisión preventiva -aún vigente- por la causa de la millonaria compra de trenes en desuso. Ese caso está en juicio oral y público: en un mismo debate se lo acusa de enriquecimiento ilícito, de una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas y del uso de dos autos públicos para su beneficio particular. El Tribunal Oral Federal 6 a cargo del juicio por múltiples casos de corrupción le prorrogó la prisión preventiva. Aunque lo liberara ese Tribunal, tiene condena a cumplir dictada por la Tragedia de Once por el Tribunal Oral Federal 2 que le negó la prisión domiciliaria. La defensa de Jaime apeló ante la Casación. Fue en ese incidente ante la Casación que el gobierno nacional pidió por el ex funcionario kirchnerista. Pietragalla Corti señaló que “se presenta en la causa con el fin de apoyar el otorgamiento de la prisión domiciliaria de Ricardo Raúl Jaime y para advertir que de no adoptarse una solución como la solicitada, estaría en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”. La Secretaría de Derechos Humanos compara el caso de Jaime con el de la dirigente jujeña Milagro Sala. “En estos últimos años, la Argentina ya fue advertida por el sistema internacional de protección de los derechos humanos. En una resolución del 23 de noviembre del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tuvo que intervenir mediante el dictado de una medida cautelar ante la violación de derechos humanos del Estado argentino, al expedirse sobre la prisión de Milagro Sala y la denegatoria del Poder Judicial de otorgarle la prisión domiciliaria frente a su delicado estado de salud, al igual que en el caso del aquí imputado”, señala el escrito. Para pedir la domiciliaria del primer ex funcionario kirchnerista que admitió recibir coimas, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación argumentó que “…cuando existe un riesgo para la salud física o psíquica de una persona privada de su libertad, la prisión domiciliaria es la solución que permite el ordenamiento jurídico para preservar el derecho a la salud y a la vida de la persona condenada, quien conserva todos sus derechos constitucionales inalterados, salvo el de la libertad ambulatoria. Asimismo, resulta pertinente resaltar que la condena por la cual Ricardo Jaime permanece detenido no se encuentra firme al día de la fecha, quedando aún pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Atento ello, toda detención previa a una sentencia firme solo puede ordenarse (y mantenerse) cuando se configuren los riesgos procesales establecidos en la ley de rito y en el derecho internacional de los derechos humanos”. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación depende del ministerio de Justicia de la Nación. De ese ministerio también depende el Servicio Penitenciario Federal en una de cuyas cárceles está alojado Jaime. Los presos que fueron condenados por casos vinculados a la administración fraudulenta mientras eran funcionarios públicos , están detenidos en un programa llamado Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad, más conocido como IRIC. Están en pabellones especiales en mejores condiciones que las que tienen los presos comunes. Y sin uno de los principales problemas de las cárceles: el hacinamiento. Antes de la pandemia Jaime había pedido su prisión domiciliaria debido a que había tenido un intento de suicidio, por sus condiciones de salud y para cuidar a su madre en Córdoba. Había sido rechazada. Ante aquel rechazo del Tribunal Oral Federal 2 apeló a Casación y sumó los argumentos sobre su condición de integrante de grupos de riesgo por el coronavirus. Cuando el juez Jorge Gorini rechazó el pedido de prisión domiciliaria en febrero pasado-el ex funcionario había dado cuenta de un intento de suicidio- citó varios estudios médicos que se le hicieron a Jaime por parte de integrantes del Cuerpo Médico Forense. En aquel fallo se lee: “En síntesis, analizados los informes obrantes en autos, considero que Ricardo Raúl Jaime desde el punto de vista médico legal posee sus facultades mentales conservadas y no se observan patologías o dolencias que permitiesen inferir que cuenta con una enfermedad que le impida recuperarse en un establecimiento carcelario. Sin perjuicio de lo expuesto, habré de resaltar que tanto el perito psiquiátrico como el psicológico recomiendan la realización de un tratamiento terapéutico a fin de tratar el cuadro depresivo por el cual atraviesa Jaime. Ello, a fin de evitar la posibilidad de futuras descompensaciones emocionales. De tal modo, no puede considerarse que dicho tratamiento psicológico justifique la concesión de la prisión domiciliaria solicitada, ya que el tratamiento terapéutico puede ser realizado intramuros. En este sentido, se advierte que las diversas patologías que los galenos del Cuerpo Médico Forense han consignado en los informes psiquiátrico, psicológico y neumonológico pueden ser tratadas en el Complejo en el cual se encuentra actualmente detenido y no evidencian una situación crítica que ameriten ser subsanadas a través de la morigeración de la detención requerida". En la presentación de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se explica que la defensa oficial de Jaime se presentó ante la secretaría de Derechos Humanos para pedir la intervención en el caso. Y acompañó un informe del médico Jorge Rachid, en el que diagnostica que “Ricardo Raúl Jaime cuenta con 65 años de edad, se encuentra privado de su libertad mediante pena de encierro desde el 2 de abril de 2016, es hipertenso desde hace años, sin medicación actual por decisión propia, asmático hasta los 7 años, tabaquismo y nódulo pulmonar solitario calcificado, con episodios ocasionales de broncoespamos al esfuerzo máximo y taquicardia, que aumenta su ritmo en la noche, según relata, por lo cual ingiere ansiolíticos que aumentan su concentración ante la falta de respuestas a la dosis inicial”. Rachid es un conocido militante peronista que es médico de Milagro Sala y aboga por la libertad de los denominados “presos políticos”. La decisión sobre la prisión domiciliaria de Jaime debe ser resuelta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación que está integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani. Aunque debido a la situación generada por la pandemia la integración de la Sala puede variar debido a la feria judicial establecida por el coronavirus. El fiscal es Raúl Pleé y la audiencia virtual se realizará mañana. Jaime solicitó que su prisión domiciliaria se concrete en la casa de una de sus hijas en la calle Omaguacas 91 en Villa Carlos Paz. La compra de esa casa está cuestionada en el caso en el que tanto al ex funcionario como a su hija Julieta y a otras personas, se los investiga por enriquecimiento ilícito. La Justicia sospecha que fue comprada con dinero provenientes de la corrupción que reinó en la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009 SEGUÍ LEYENDO
