El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, pidió a la Cámara Federal de Casación la libertad de Martín Báez, que cumple prisión preventiva acusado de haber lavado dinero vinculado a la corrupción. Esta presentación, que se conoció hoy, llegó a los tribunales la semana pasada, al igual que la solicitud de Pietragalla para que la Justicia excarcele a Ricardo Jaime . Ninguno de los pedidos -dijo una alta fuente del Gobierno- contó con un aval previo de la Casa Rosada. En el Ministerio de Justicia dijeron incluso a LA NACION que se habían enterado de las presentaciones del Secretario de Derechos Humanos por los medios. "Lo hizo solo. Nadie lo sabía", fue la respuesta. La estrategia oficial de la cartera que conduce Marcela Losardo en relación con los presos y la crisis carcelaria se había limitado a presentar en los tribunales una lista con los nombres de los más de mil internos del sistema federal que integran grupos de riesgo de contraer coronavirus por su edad o su salud. No incluía hacer planteos particulares por la suerte de ninguno. Según Pietragalla, la decisión del tribunal de mantener preso a Martín Báez "podría acarrear una responsabilidad internacional para el Estado argentino" porque es arbitraria y está "reñida con el Estado de Derecho" y con la jurisprudencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El funcionario sostiene que, por eso, su intención es "evitar que la continuidad de la prisión preventiva del imputado Martín Báez repercuta en responsabilidad internacional para el Estado argentino". En su escrito, Pietragalla citó a Alberto Fernández . "Cuando el Presidente de la Nación, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, se refirió a 'detenciones arbitrarias' lo hizo en consonancia con las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. De eso se trata", afirmó. Pero Pietragalla cuestionó además las condiciones de detención en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal (que depende del Ministerio de Justicia), aunque señaló como principal responsable a la Justicia. "No se puede soslayar el contexto de la emergencia carcelaria y el grave problema de sobrepoblación que afecta a los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, en gran medida a causa del exceso de las prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial por fuera de las normas, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos", dijo. Pietragalla insisitió: "Por supuesto que esta sobrepoblación carcelaria significa un óbice para la realización y respeto de todos los derechos humanos del conjunto de las personas privadas de su libertad". En los últimos tiempos, casi todos los presos por corrupción dejaron la cárcel. En lo que va del mes salieron de prisión el exvicepresidente Amado Boudou y el exfuncionario kirchnerista Luis D'Elía (que le agradeció a Pietragalla su intervención). Los dos están condenados y tienen hoy un arresto domiciliario. Para el secretario de Derechos Humanos, en el caso de Martín Báez no sería suficiente, en cambio, una forma atenuada de prisión preventiva (como la prisión domiciliaria) porque lo que corresponde es la libertad. Baez no fue condenado y es "un ejemplo del abuso de las prisiones preventivas", dijo Pietragalla. Martín Báez lleva un año y dos meses preso. Está acusado de haber participado de una maniobra de lavado de dinero junto con su padre, Lázaro Báez, que fue amigo y socio de Néstor Kirchner. Martín Báez transitó la primera parte de la causa en libertad. Lo detuvieron cuando la Justicia advirtió que había sacado 5, 5 millones de dólares de una cuenta de Bahamas que estaba embargada. Debe otorgársele la excarcelación -concluyó el funcionario- "con el fin de evitar que el Estado argentino caiga en responsabilidad internacional y fundamentalmente, de respetar el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia de todo imputado, hasta que recaiga condena firme en su contra".
