El terremoto por los sobreprecios en la compra sin licitación de aceite, azúcar, fideos, arroz y lentejas por parte del ministerio de Desarrollo Social a vendedores mayoristas que ni siquiera los fabricaban tuvo réplicas que aún se suceden. El PAMI, que dirige Luana Volnovich, fue apuntado por la adquisición de alcohol en gel a precios exuberantes. Pero el pago a valores superiores a los de mercado no es el único desafio a la transparencia. El instituto Malbrán, cuyos brillantes científicos acaban de revelar el genoma del coronavirus, se apresta a cerrar una compra de medio millón de tests para hallar contagiados a través de una singular "invitación" por correo electrónico, sin apertura de sobres ni conocimiento de las ofertas por parte de los candidatos. La compra directa sería por unos 855 millones de pesos. Facsímil del mail a través del cual el Instituto Malbrán convocó a algunos proveedores para comprar medio millón de tests de diagnóstico para el coronavirus La crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus exige respuestas excepcionales y veloces. Evidente, lógico e indiscutible. Pero la piel de cordero de la emergencia no puede esconder ni justificar las dentelladas de lobo sobre un patrimonio público exhausto y también lastimado por las consecuencias de la cuarentena. La indecorosa compra de alimentos en el ministerio de Daniel Arroyo -castigada por el presidente Fernández con despidos y nuevas reglas para las compras estatales de emergencia- iluminó otras operaciones singulares. Esta semana se conoció la compra directa por parte del PAMI de 1.500 sachets de alcohol en gel de 800 mililitros por 1.086 pesos la unidad, cuando quince días antes recomendaba pagar 250 pesos por un litro del mismo producto. "No se trata de alcohol en gel en cualquier presentación ni de cualquier calidad que pueden comprarse a granel en bidones de Mercado Libre, sino de cartuchos específicos para los dispensers tipo Diversey que hay empotrados", se defendió la titular del ente, Luana Volnovich. Este miércoles, sin embargo, el sitio web Periodismo y Punto, que había publicado el caso del alcohol en gel, también denunció la compra de 1, 2 millones de vasitos descartables con supuestos "sobreprecios de 105%". Se trata de vasos de 180 centímetros cúbicos, que costaron un total de 3.686.400 pesos: 3 pesos cada unidad. "El mismo producto y de primerísima calidad puede adquirirse a razón de 1, 46 pesos la unidad", advierte la nota. Un dato: en medio de la emergencia, los oferentes podían hacer su propuesta con un simple correo electrónico. El mismo sistema peculiar se utilizó para otra "licitación" que no se abrió al público, convocada por el Instituto Malbrán para comprar medio millón de reactivos de diagnóstico para el coronavirus. Del mismo modo que lo que habría ocurrido en el PAMI, el jueves 2 de abril se invitó a algunas empresas a mandar su cotización por correo electrónico.... "y después te digo como saliste", según dijo a este diario un conocedor de esa contratación. "Las propuestas debían entregarse el lunes 6 de abril a las 12, también por mail. Por eso no se conocen las ofertas ni los precios finales. Es un terrible avasallamiento de las garantías constitucionales", se queja el viejo proveedor, que trabajó con el Estado bajo otras crisis y situaciones extraordinarias. Primer detalle: el plazo para proveer semejante cantidad de reactivos y varios accesorios, era de apenas cuatro días. Solo dos hábiles. Según la información que obtuvo Clarín, se trata de la Contratación por Emergencia COVID-19 N°001/2020, expediente 2020-20436738 PAN-ANLIS#MS, por un valor total de 854.915.510,10 pesos: casi 855 millones. Este diario también entrevistó a uno de los oferentes, que confirmó la versión. "Recibimos una llamada telefónica para decirnos que estábamos invitados a una licitación de emergencia para comprar medio millón de tests, y que nos iban a mandar un mail. Al rato, llegó ese correo", explica el empresario, cuyo producto es de primera calidad según los estándares de Europa, donde también los vende. "El texto no pedía detalles sobre el producto; sólo había que poner la marca y el precio en el cuerpo del mensaje. Nos avisaron el jueves 2, y presentamos todo el lunes 6 por mail, a la cuenta [email protected]. Me pasé el fin de semana hablando con bancos extranjeros, proveedores, medio mundo. Yo pude participar porque ya reservé los tests en el exterior, pero estoy a ciegas, no sé quién oferta, por qué producto, a qué precio. No está estipulado nada", se queja sorprendido. "Para saber qué estaba pasando llamé al Malbrán el miércoles, y me dijeron que estaban haciendo una tabla comparativa de las ofertas, que ya avisarían. " Así de informal, para ser prudentes. Tampoco queda claro cuán urgente era todo, si el proceso viene requiriendo más tiempo para evaluar las propuestas del que hubo para formularlas. El empresario dejó otra inquietud: la "licitación", se hace en pesos argentinos, pero como los kits de testeo son importados se les aplican todos los impuestos de rigor: 14% de derechos de importación, 3% de tasa de estadística, 21% de IVA, 20% de IVA adicional, 6% de impuesto a las Ganancias, 2, 5% de Ingresos Brutos. "Cada 100 pesos de lo que vale el producto, el Malbrán pagará más de 170, por un montón de impuestos que podrían evitarse con otro tipo de convocatoria, como se hizo muchas veces", dice el empresario, que es proveedor del Estado argentino y de otros países desde hace años, y que también participó de compras en otras emergencias. Efectivamente, la inusual "invitación" aclara que "la cotización será en pesos argentinos. Los gastos que surjan de la presente adquisición y todos los impuestos a abonar serán íntegramente a cargo del adjudicatario, debiendo ser contemplados en la cotización". Lo más interesante es que todo el mecanismo, a simple vista más que dudoso, está contemplado en las normas de emergencia que ahora rigen para todas las compras del Estado vinculadas a la pandemia, Aclaremos: la Decisión Administrativa 409/2020, que reglamenta el decreto 260/20 con el que Alberto Fernández oficializó la emergencia, permite "efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia" y "efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios". Esas normas extraordinarias contemplan el mecanismo de las "invitaciones", con una "dirección de correo institucional donde serán recibidas las ofertas". Todo eso fue cumplido y respetado por el Malbrán. "Analizadas las ofertas, se procederá a dictar el acto de adjudicación a la o las ofertas más convenientes, y a emitir la o las órdenes de compra correspondientes". ¿Sin que los oferentes sepan cómo se decidió todo? La norma no lo aclara. Sin embargo, aún bajo la velocidad que imprime la emergencia, esas mismas regulaciones recuerdan que las contrataciones deben respetar los principios generales enumerados en el artículo 3º del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto 1023/01. ¿Qué establecen? Entre otras cosas, la "promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes"; la "transparencia en los procedimientos" y la "publicidad y difusión de las actuaciones". Ninguna de esas obligaciones fue respectada por el Instituto Malbrán en esta convocatoria. Tampoco la "igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes", ya que todos ignoran cuáles son las comunicaciones del organismo con sus competidores. Recordemos, se trata de compras por 855 millones de pesos. Además, se debe aclarar el "criterio de selección de las ofertas", un punto clave para que la arbitrariedad no sea absoluta. Pero en el caso de los tests para coronavirus, sólo se dice que ese criterio responderá a "un análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero". No dice mucho eso. Otra puerta dudosa que la emergencia abre es que si la contratación resulta fracasada o desierta -imposible controlar ninguna de las dos cosas- el titular del organismo "podrá seleccionar de forma directa al proveedor o a los proveedores". Comprensible para una urgencia, peligroso para la transparencia. Eso sí: el contratante y su auditor interno tienen la obligación de firmar un acta "donde constará todo lo actuado": Consultados por Clarín, desde el Instituto Malbrán aseguran -con razón- que "se cumplieron todas las exigencias de los decretos y normas para realizar compras en la emergencia". Sus científicos están en la vanguardia del combate contra el coronavirus y la investigación de su comportamiento. Deben tener los mejores herramientas para hacerlo. Rápidamente. Y lejos de cualquier sospecha. COMENTARIOS COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS. ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE. Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
