Daniel Pérez Gadín , excontador de Lázaro Báez , dejó la cárcel de Ezeiza después de cuatro años en prisión. El juez federal Sebastián Casanello , que lo investiga por lavado de dinero, le concedió el arresto domiciliario basado en que Pérez Gadín, por su edad, integra un grupo de riesgo frente al avance del coronavirus . El arresto será con tobillera y con una "consigna policial permanente" en su casa. La Policía deberá presentar informes diarios al juzgado. En lo que va del mes, salieron también de la cárcel de Ezeiza el exvicepresidente Amado Boudou y el exfuncionario kirchnerista Luis D'Elía . A los dos, la Justicia les otorgó el arresto domiciliario por el coronavirus. Lázaro Báez, en cambio, sigue preso en ese penal. Casanello detuvo a Pérez Gadín el 5 de abril de 2016, el mismo día que ordenó la prisión preventiva de Báez. En diciembre de 2017 elevó a juicio a los dos -con otras 23 personas- acusados del lavado de 60 millones de dólares, provenientes, al menos en parte, de la corrupción. Fue en la causa que se conoció como "la ruta del dinero k". En ese caso, que hoy tiene el juicio suspendido por el coronavirus, el tribunal oral le otorgó a Pérez Gadín la excarcelación. Pero Casanello sigue investigando al excontador de Báez por hechos vinculados con aquella causa y se negó a liberarlo. La excarcelación fue, el mes pasado, el primer pedido de la defensa de Pérez Gadín. El fiscal federal Guillermo Marijuan se opuso a su concesión y el juez dispuso que siguiera en prisión preventiva. Ahora, en un segundo fallo, Casanello accedió a que esa detención fuera domiciliaria y en la noche del martes pasado Pérez Gadín dejó la cárcel, confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal. El peligro que implica para Pérez Gadín la pandemia fue un argumento central de la decisión de Casanello. Sus 67 años son un "factor de riesgo". Además, fue fumador y tiene un antecedente lejano de neumonía. Pero el juez valoró otros dos elementos para dejarlo salir de la cárcel: su "comportamiento durante la investigación" -según el juez, a diferencia otros acusados, Pérez Gadín no entorpeció la causa- y la exhortación que la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, les hizo a los jueces ante el avance del coronavirus. Casanello recordó en su fallo que la Casación acababa de pedirles a los magistrados que hicieran una "revaluación de los casos de prisión preventiva para identificar a aquellos que pudieran ser sustituidos por medidas alternativas, dando prioridad a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo". La abogada de Pérez Gadín, Tatiana Terzano, presentó un escrito, en el que sostuvo que su cliente estaba en peligro y era sometido a controles dentro de la cárcel que no respetaban "los protocolos de higiene y de seguridad". Que en las revisaciones los enfermeros no usaban guantes ni barbijos y que utilizaban termómetros que no higienizaban entre interno e interno. Por eso, afirmó, su defendido y otros presos se estaban negando a ser controlados. El distrito con más detenciones "morigeradas" es hoy la provincia de Buenos Aires. La Procuración bonaerense, que dirige Julio Conte Grand, estima que unos 800 presos obtuvieron en la provincia la prisión domiciliaria por integrar grupos de riesgo. El cálculo es que la justicia provincial concedió cerca del 40% de los planteos que recibió en relación con la pandemia. Reforzó esta línea un fallo de esta semana del juez Víctor Violini, a cargo interinamente de la presidencia de la Casación bonaerense, que dispuso que mientras dure la cuarentena se conceda el arresto domiciliario a los detenidos por "delitos leves" que estén en situación de riesgo y así figuren en las listas que elabora el Ministerio de Justicia de la provincia. Fuentes del gobierno provincial contaban ayer a 418 internos en esas condiciones.
