Luego del escándalo por las compras de alimentos más caros que los recomendados por la SIGEN, que terminó con 15 funcionarios de Desarrollo Social afuera del ministerio, Daniel Arroyo evalúa si retendrá a varios de ellos. El sumario interno iniciado por la compra de alimentos terminó con el despido del secretario de Articulación de Política Social Gonzalo Calvo, un hombre del intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares. Diversas fuentes del ministerio más heterogéneo del Ejecutivo aseguran que el subsecretario del área Carlos Montaña, un alfil de Sergio Berni en la Cartera, que ya había sido parte del ministerio durante la gestión de Alicia Kirchner, seguiría en su cargo. En Desarrollo Social en la noche del martes confirmaron que los 14 funcionarios que dependían de Calvo habían presentado sus renuncias. Cerca del secretario despedido las habían calificado como “indeclinables”. Sin embargo, algunos de los funcionarios implicados relativizaron esa versión. “Nadie nos desplazó. Pusimos la renuncia a disposición. Es más, pensamos que vamos a seguir trabajando. Está en potestad del ministro aceptarla o rechazarla”, dijo el propio Montaña, quien también es vicepresidente de Independiente y es bien valorado por dirigentes de la oposición y por los distintos actores que conviven con tensión en Desarrollo Social. Por el momento la secretaría que conducía Calvo -clave en el marco de la emergencia económica y alimentaria profundizada por la pandemia- quedará a cargo de Erika Roffler, jefa de gabinete de Arroyo. “Lo más importante es que no se demoren en comprar comida”, alertó uno de los funcionarios del ministerio que mejor conoce el Conurbano. Otros dirigentes insistían en que los intendentes del Gran Buenos Aires -que también tienen diferencias con las organizaciones- mantendrán su “cupo” dentro del ministerio. Algunos de los referentes de los movimientos sociales que también ostentan cargos en el Gobierno no están satisfechos con los cambios realizados hasta el momento. “Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios", habían dicho cerca del ministro cuando comunicaron el cese de Calvo. Desde las “orgas” apuntaban en particular contra la secretaria de Gestión Administrativa María Cecilia Lavot. La señalan junto a otros funcionarios que trabajaron en el pasado bajo la órbita de Carlos Castagneto y de la ex ministra Alicia Kirchner, a quienes responsabilizan por haber institucionalizado las compras a los proveedores que quedaron en la mira por las adquisiciones de arroz y aceite. “Esperamos que haya cambios más adelante, bien quirúrgicos y para desmantelar el área de compras”, dicen ahora. Las reincorporaciones, por ahora, están en observación. Algunos de los renunciados razonaban que una vez que el ministro se decida, se verá si es conveniente que regresen a sus puestos; es decir si esa decisión no tiene un costo político mayor al cambio de nombres. “La salida de Calvo tal vez fue injusta, pero todas las explicaciones para el afuera no resultaban convincentes y el tema se había instalado”, argumentaban con algo de resignación. En efecto, el propio Arroyo debió revisar las explicaciones con las que justificó originalmente el volumen de la compra y finalmente decidió despedir a Calvo. Desde La Cámpora defendieron mientras tanto a la secretaria de Inclusión Social de la Cartera, Laura Alonso, que milita en esa organización y que había sido apuntada por algunos funcionarios por las compras en cuestión. “Ella no tiene que ver con las compras. Es una suerte de nutricionista. Fue una buena decisión del Presidente y ministro correr al secretario del área”, evaluaron en la agrupación que conduce Máximo Kirchner. Arroyo, que el martes a última hora se reunió con el Presidente en Olivos para analizar la situación, se reunió con intendentes del interior bonaerense para avanzar en la firma de los convenios por los fondos rotatorios para precisamente comprar alimentos y artículos de limpieza. Esta vez se reunió con los jefes comunales de Campana, Bolívar, Brandsen y Chivilcoy. Debió postergar el encuentro con las organizaciones sociales de izquierda, que por ahora no participan del Comité de Emergencia Social que reúne a intendentes y a las organizaciones sociales en los diferentes municipios para optimizar las ayudas. “Las demoras solo perjudican a los miles de comedores populares que están desbordados de pedidos de alimentos y que no han recibido ni un litro de alcohol en gel ni un solo barbijo”, se quejaron desde el Polo Obrero. La publicación en el Boletín Oficial de compras de insumos médicos o alimentarios en el medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus se convirtieron en un dolor de cabeza para el Gobierno, pero también para la Ciudad. En ese contexto, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, debió salir a aclarar el alcance de una licitación para comprar alcohol en gel. Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, el Ejecutivo porteño estaría dispuesto a pagar $31, 5 millones por 18 mil litros de alcohol en gel; esa cifra da un promedio de $1750 por litro; muy por encima de los precios minoristas y también de la compra del mismo producto que hizo el PAMI y quedó en el centro de la polémica. Hora Rodríguez Larreta junto al ministro de Salud de la Nación Ginés González García El Gobierno de la Ciudad pretendía Adquirió 40 mil unidades de alcohol en gel de 200 ml; 800, de 5 litros, 500 de 10 litros y 200 de 5 litros. El ministerio de Desarrollo y Hábitat, que conduce María Migliore, convocó a la licitación en marzo, que culminará el 17 de abril. El jefe de Gobierno rechazó las versiones que no tardaron en viralizarse en las redes sociales y que comparaban la operación con las del Ejecutivo nacional. “No tiene nada que ver, primero no se compró, no se pagó, ni se contrató, ni se comprometió, es una orden de compra que la presentación de las ofertas vence a mitad de abril. Generalmente hay mucha competencia en esto, se elige el precio más bajo y si no hubiera precio conveniente se da de baja la licitación”, sentenció Larreta en declaraciones a América 24. Fuentes oficiales consultadas por Clarín expresaron que caso de que las ofertas no sean convenientes, se declarará el proceso fracasado. También añadieron que el producto se repartiría en los barrios vulnerables hasta septiembre por lo que era necesario tener en cuenta la fluctuación de los precios hasta ese momento. 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