El proyecto de ley que esta semana presentará en el Congreso el diputado Máximo Kirchner para gravar con un nuevo impuesto a quienes ingresaron en el blanqueo en 2017 y con otro a las grandes empresas con altas rentas está cosechando una catarata de rechazos y cuestionamientos por parte del sector privado y de abogados tributaristas, quienes ya están advirtiendo por su “inconstitucionalidad”. “Cobrar un plus de impuesto sobre los que entraron en el sinceramiento fiscal afecta los derechos adquiridos de propiedad al momento del pago del impuesto especial que se hizo efectivo en 2017”, enfatizó César Litvin, ante la consulta de Infobae. Y agregó: “Ese impuesto especial viola la garantía constitucional del derecho de propiedad porque estaría tomando como hecho imponible una exteriorización de riqueza previa a la sanción de la ley”. Pero no quedan dudas de que el diputado kirchnerista avanzará por este camino y que tendrá todo el apoyo del Gobierno. Lo dijo el propio presidente Alberto Fernández, en diálogo con Horacio Verbitsky. Según precisó el jefe de Estado, tendría “más lógica” exigir un aporte excepcional a los que más han ganado o se beneficiaron con el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos" que pedirle a la dirigencia política que se reduzca 30% el sueldo, como propuso Juntos por el Cambio. Si el proyecto es finalmente presentado y se aprueba, son altas las posibilidades de que el nuevo tributo se judicialice, ya que “no puede agregarse un nuevo impuesto de forma retroactiva, ya que el pago tiene efecto liberatorio”, precisó Litvin, y porque, por otra parte, afecta el derecho de igualdad, agregó el tributarista Sebastián Domínguez. El planteo, afirmó Domínguez, podría ser que “condicionar la gravabilidad a que alguien haya hecho un blanqueo hace dos años, con lo cual ya pagó el impuesto por esa plata que exteriorizó, violaría el principio de igualdad y no reflejaría exactamente la capacidad contributiva”. El contador explicó que si dos personas hoy tienen el mismo patrimonio, no sería justo que uno pagase una alícuota y el otro otra diferente porque ingresó al blanqueo en 2017. “También estaría vulnerado el principio de capacidad contributiva porque no sería adecuado medirla por el patrimonio que uno tiene hoy en base a algo que se hizo dos años atrás”, agregó. Respecto del cuestionamiento por la retroactividad, Litvin destacó que hay dos fallos de jurisprudencia de la Corte Suprema que trataron temas similares (caso Navarro Viola de Herrera Vegas y la causa Insúa) y que establecieron que procede la garantía constitucional por sobre una ley que viola los principios constitucionales. “La retroactividad vulnera un derecho del contribuyente. Después de que una persona pagó, no pueden querer cobrarte un plus de ese tributo más tarde”, explicó el tributarista, quien agregó que, si llegara a sancionarse la ley con el nuevo impuesto, el contribuyente podría judicializarlo sin pago previo hasta la primera instancia. Por su parte, el tributarista Ezequiel Passarelli sostuvo que si bien el país se encuentra en “una situación realmente crítica, la Argentina siempre vive en una situación crítica y siempre la solución es crear nuevos impuestos”. “Por otro lado, hay que entender que a los que blanquearon ya los castigaron con la suba del 800% del impuesto a los bienes personales. Por lo cual, habrá que ver cuánto más les van a exigir (muchos ya hablan de planteos de inconstitucionalidad) y, sobre todo, a partir de qué nivel de patrimonio habrá que pagar este nuevo sobre impuesto o sobre tasa”, agregó. A su vez, el abogado tributarista Diego Fraga coincidió en que “constitucionalmente el planteo es inviable, porque quienes adhirieron al sinceramiento fiscal ya regularizaron su situación y tienen derechos adquiridos, según antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar un impuesto por haber adherido a un régimen de regularización es una idea absurda y sin precedentes”. Y se preguntó: “Con ese criterio ¿por qué no aplicar un impuesto a quienes se beneficiario con anteriores blanqueos impositivos o moratorias?”. Impuesto a las “altas rentas” El diputado Kirchner también estaría enviando al Congreso un proyecto de ley para crear un impuesto a las “altas rentas”, que también fue altamente cuestionado por los analistas. “Ello afectaría la motivación a nuevas inversiones en la Argentina. Parecería ser que tener rentabilidad es pecado. Las inversiones se mueven con impuestos razonables, con seguridad jurídica”, manifestó Litvin. Fraga, en tanto, remarcó que en la Argentina ya se aumentó el impuesto sobre los bienes personales para quienes tienen patrimonio en el exterior y ello generó mudanzas impositivas de potenciales contribuyentes de altísimo poder adquisitivo. “Y el problema que siempre se vislumbra es que estos aumentos impositivos terminan recayendo no sólo en patrimonios muy altos (que suelen contar con recursos para atemperar el impacto) sino en la clase media”, enfatizó el tributarista. “La experiencia de los últimos años es que no se actualizan los valores por inflación y los contribuyentes terminan pagando impuestos sobre ganancias ficticias. Por lo tanto, el temor es que “altas rentas” también lo termine pagando la clase media, ya que está sufriendo una altísima presión tributaria”, afirmó, por su parte, Domínguez. Seguí leyendo: El Gobierno evaluará si incluye a más rubros en el el programa que ayuda a empresas a pagar sueldos
