Días antes de dejar el poder, el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ponía entre los grandes logros del gobierno de Mauricio Macri a la modernización del Estado. "Cuando llegamos -decía- había una administración analógica. Hoy es digital". La digitalización de la burocracia estatal que implementó la gestión anterior podría empezar a dar marcha atrás a partir de una decisión del presidente Alberto Fernández publicada hoy en el Boletín Oficial, según entienden quienes crearon el sistema. El decreto 338, que lleva la firma de Fernández y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aprueba el denominado "procedimiento de contingencia", para ser utilizado ante "eventuales fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos o comunicaciones" al Congreso. Dicho de manera más simple, si una dependencia tiene dificultades para utilizar el sistema, que está en marcha desde hace años, puede recurrir a la alternativa del papel. La misma norma sostiene, sin embargo, que luego deberá agregar el trámite al documento digital. Ante la consulta de LA NACION, el exministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra, sostuvo que la norma abre la puerta para que los trámites del Estado se vuelvan a hacer de manera analógica. "Este decreto habilita nuevamente a hacer trampa en la documentación y rompe también con la unicidad de un expediente electrónico. ¿Cómo van a hacer para agregar a un expediente electrónico un acto administrativo en papel? Han destruido lo que tomó tanto esfuerzo construir", lamentó. La modernización de los trámites fue una de las grandes apuestas de la gestión anterior. No sólo porque permitía reducir costos, sino también porque le daba transparencia a la administración pública. Por ejemplo, se puede saber en qué oficina del Estado estaba un trámite, y eventualmente así conocer si había alguien o algo que lo estaba demorando. Para Ibarra, el sistema que heredó Alberto Fernández es maduro. Se hicieron 17 millones de expedientes electrónicos y había más de 200 organismos que lo utilizaban. "No estaba en fase experimental", insistió ante la consulta. En el reverso de la discusión está la polémica por la transparencia. Un expediente electrónico es fácilmente rastreable porque deja múltiples huellas digitales. En cambio, un trámite en papel se puede posdatar, antedatar y hasta eliminar. Ibarra sostuvo que si bien el permiso para volver parcialmente a los trámites en papel generan un problema de transparencia, no cree que ese haya sido el objetivo de la norma conocida hoy. Sostiene, en cambio, que los nuevos funcionarios pueden haber encontrado problemas al relacionarse con el mecanismo. Por varios motivos, la implementación de los trámites a distancia por la vía digital enfrentó diversos problemas. Para el exministro, la dificultad ahora tiene que ver con "determinar quién y ante qué circunstancia se configura la contingencia. Por lo que desde este momento, con solo invocar que su oficina en ese momento no tenía conexión, el acto administrativo fue hecho en soporte papel y en el protocolo especial". El decreto publicado hoy se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nacion (AGN) aprobado el 26 de junio del año pasado. El documento indicaba que el sistema "no está diseñado para que los organismos usuarios de los ecosistemas APN y Cloud puedan -al menos temporariamente- operar el sistema en modo local". Para garantizar su seguridad, la nueva norma propone Libros de Actas "debidamente rubricados" por el área técnica, donde quedarán asentados los actos dictados por vía de excepción. Y que una vez restablecido el sistema "se deberá proceder a digitalizarlos e incorporarlos al mismo".
