El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz , presentó hoy un escrito en los tribunales de Comodoro Py en el que denunció que es víctima de una " burda operación ". Fue en respuesta al avance de una investigación penal en su contra, abierta tras una denuncia anónima que lo acusa de haber cobrado sobornos a través de 71 cuentas en paraísos fiscales. "La denuncia que se formula es absolutamente falsa -escribió Rosenkrantz en su presentación-. No tengo cuentas bancarias ni sociedades en paraísos fiscales. No soy el propietario ni el beneficiario de las cuentas que falsamente se me atribuyen. Nunca intenté cobrar ni cobré soborno alguno. Todo mi patrimonio está íntegramente declarado. " El 27 de febrero pasado, el juez federal Ariel Lijo , a cargo de la causa contra el presidente de la Corte, ordenó una serie de medidas de prueba para investigar las supuestas sociedades offshore y cuentas que la denuncia le adjudica a Rosenkrantz. Las medidas incluyen un exhorto a la justicia de Panamá y un pedido de informes a la UIF sobre diez presuntas cuentas (titularidades, fechas de apertura, autorizados, información de mantenimiento y posibles transferencias entre ellas). "Esta denuncia, aunque infundada y maliciosa, como todas las demás denuncias debe ser investigada -afirmó Rosenkrantz después de presentar su escrito-. Pero también oportunamente deberá investigarse quiénes la pergeñaron por poderosos que puedan ser. En cuanto al origen, tengo una sola conjetura y no involucra al Gobierno. " En su escrito, el juez de la Corte advirtió que la denuncia "no fue realizada por quien pueda ser identificado (la denuncia es anónima) y contra quien eventualmente se pueda accionar por el delito de falsa denuncia". "La denuncia tiene el solo propósito de afectar mi reputación y de hacerlo durante el tiempo más largo posible -afirmó-. En efecto, el atribuirme el burdo hecho de haber abierto a nombre propio 71 cuentas en distintas jurisdicciones seguramente responde a la aspiración del anónimo denunciante de mantener abierta esta causa durante un tiempo prolongado. " El pedido del juez Lijo a la justicia de Panamá incluye que le informen todos los datos que tengan sobre la sociedad The International Food y que le respondan si esa firma, Rosenkrantz o Gabriel Bouzat (que fue su socio) "registran cuentas bancarias en ese estado". En su escrito de hoy, Rosenkrantz afirmó que "la circunstancia de que en la denuncia no se identifica ninguna causa específica en la que se habría pagado un soborno, ni quién o quiénes los habrían pagado, sumado al hecho de que no se aportó ninguna prueba o evidencia de nada de lo que se afirma, son también, como el carácter anónimo de la denuncia, síntomas de su falsedad". Y manifestó que lejos de ser "la consecuencia del proceder de un lunático", responde a una "burda operación que ha requerido la creación y mantenimiento de una página web, la invención de datos financieros y el envío de mensajes masivos vía WhatsApp y mensajes de texto". "Lamentablemente -dijo Rosenkrantz- existen antecedentes en el país de denuncias de estas características en las que con la falsa atribución de cuentas bancarias en paraísos fiscales se pretendió dañar la reputación de personas públicas". El presidente de la Corte afirmó no obstante que "para desincentivar esta y otras denuncias en las que se pretende usar al Poder Judicial, es necesaria la dilucidación veloz de las imputaciones" y que "el país debe esforzarse para que los tribunales no puedan ser puestos al servicio de cualquier causa diferente al derecho y la justicia ". La denuncia contra el presidente de la Corte Suprema se difundió vía WhatsApp y llegó además en simultáneo a decenas de casillas de correo, incluidas las de todas las fiscalías federales. El juez de Comodoro Py que estaba de turno, Sebastián Ramos , la envió entonces a sorteo. Le tocó a Lijo, con el fiscal federal Federico Delgado , quien presentó un requerimiento de instrucción que abrió formalmente la investigación. En ese requerimiento, Delgado pidió una serie de medidas de prueba, que incluyen las que ordenó el juez el 27 de febrero, informaron a LA NACION fuentes judiciales. Por ahora, no hay más movimientos en la causa y no los habrá hasta tanto no lleguen las respuestas, dijo un funcionario que trabaja en el caso, que sostuvo que, si esas respuestas son "negativas", el caso se cerrará.
