Tres de las compañías eléctricas más importantes del país están siendo investigadas por haber contratado a un grupo de pequeñas empresas que terminaron desviando cientos de millones de pesos en los últimos cuatro años, de acuerdo con las fuentes judiciales y empresariales consultadas por PERFIL en las últimas dos semanas. Edenor, Edelap y Edea contrataron entre 2015 y 2019 a un grupo de pymes controladas por las mismas personas para realizar trabajos menores en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia: pozos, cableado y reparación de veredas, entre otros servicios. En ese lapso de tiempo, este grupo de pequeñas empresas habría permitido fugar del sistema al menos unos $ 900 millones, de acuerdo con la investigación en curso. El caso está a cargo del juez federal número 1 de San Martín, Emiliano Canicoba, que el miércoles 19 ordenó allanar Edenor y la auditora internacional PwC (ex PriceWaterhouseCoopers, también conocida como Price), como reveló este medio. El magistrado se basó en un informe preliminar entregado por la AFIP, que detectó que este grupo de proveedores no solo estaba facturando servicios millonarios a Edelap y Edea, sino también a Edenor. Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país. En el expediente se acumulan escuchas telefónicas, e-mails y documentación, secuestrados durante allanamientos que permitieron reconstruir este circuito. Tanto Edenor como Edelap y Edea negaron a PERFIL cualquier participación en la maniobra y apuntaron a estos proveedores “infieles” que habrían “inflado sus costos”, sostienen en las eléctricas. Los accionistas de estas tres eléctricas están vinculados entre sí. Edenor es controlada por Pampa Energía. En 2012, el accionista Alejandro Macfarlane dejó Edenor y adquirió Edelap y Edea. En 2017, vendió ambas a otro ex accionista de Pampa, Rogelio Pagano. Es decir, los dueños y ex dueños de Edenor, Edelap y Edea formaron un mismo grupo económico durante años. Actualmente, las tres compañías están siendo investigadas por utilizar los mismos proveedores sospechados. Este grupo de pequeñas empresas operaba como lo que se denomina “usinas mixtas de facturas falsas”. Es un paso “evolucionado” en las maniobras de las típicas “usinas” de facturas apócrifas, que consistía en crear empresas completamente falsas, sellos de goma. Las usinas mixtas, en cambio, son empresas reales. Los proveedores investigados son compañías inscriptas oficialmente y con empleados registrados. El negocio es simular que estas empresas pequeñas tienen más capacidad de servicios de la que realmente tienen, explicó uno de los investigadores del caso. De esta manera, pueden facturar por 100 cuando en realidad están vendiendo por apenas 10. ¿Adónde van los otros 90? Regresan en negro al cliente que pagó 100 en blanco, explica la fuente del caso. Tanto Edenor como Edelap y Edea negaron ser parte de estas maniobras. Edenor además sostiene que su sistema interno de control impediría que estas empresas hayan sido utilizadas para generar cajas negras. El origen. La causa se inició hace unos dos años, confió una fuente judicial, cuando un particular denunció que su clave fiscal estaba siendo utilizada por su contadora para generar facturación falsa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Tras la denuncia y una serie de allanamientos, se dieron cuenta de que esta contadora era solo el eslabón de una cadena. Pincharon teléfonos de otros presuntos miembros de la organización y realizaron más allanamientos en busca de información y documentos. Así, aparecieron las pistas que condujeron primero a dos de las principales compañías eléctricas de la provincia de Buenos Aires: Edea y Edelap, del grupo DESA, a cargo de Pagano. ¿Qué dicen las eléctricas? En Edenor, negaron ante la consulta de PERFIL haber pagado a estas empresas por servicios que no prestaron o por trabajos con sobreprecios y apuntaron a sus proveedores “infieles”. Algunos de los proveedores investigados facturaron a Edenor unos $ 200 millones por año, sostuvo la compañía, y representan en promedio el 4, 37% de la facturación total de la eléctrica entre 2015 y 2019. Al menos, dos de estas empresas emplean a 19 y 120 personas. En Edelap y Edea negaron haber cometido cualquier irregularidad y también sostienen que los servicios por los que pagaron son reales. Las tres eléctricas ofrecieron colaborar ante la Justicia. “En Edelap y Edea exigimos a este grupo de proveedores que se presentaran ante el juzgado y la AFIP a dar explicaciones y regularizar su situación. Algunos de ellos entraron en una moratoria, otros no pudieron debido a su situación penal”, agregaron en el grupo DESA. En las eléctricas de Pagano, además, sostuvieron: “Estos proveedores fueron heredados de la gestión anterior, cuando Edelap y Edea estaban a cargo de Alejandro Macfarlane”. PERFIL contactó a Macfarlane. Fuentes allegadas al empresario respondieron que mientras Edelap y Edea estuvieron a su cargo “los servicios contratados a las empresas investigadas fueron servicios efectivamente brindados, remunerados a precio de mercado y auditados en su realización previo a su certificación y pago”.
