El Gobierno se prepara para dar batalla en los tribunales frente a las demandas por la suspensión de los aumentos automáticos de las jubilaciones. Como anticipo, desde la Casa Rosada respondieron ayer que, más allá de los planteos judiciales, "no hay plata" para otorgar un incremento generalizado. Sin apuro para establecer un discurso unificado y una estrategia, en la Casa Rosada irán "paso a paso" . Con la firma de cerca de 7000 jubilados, con el patrocinio del director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, y otros abogados, fue presentada ayer una acción de amparo colectivo contra el decreto 163, que establece una suba de las jubilaciones y pensiones decidida de manera discrecional por el Gobierno. Si bien hasta ayer por la tarde en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no habían recibido la notificación, fuentes del organismo que lidera Alejandro Vanoli anticiparon que "se va a defender la legalidad de la ley (de emergencia económica)", que suspendió la actualización de las jubilaciones por 180 días y le otorgó al presidente Alberto Fernández una amplia delegación de facultades legislativas. Ahora, en la Anses esperarán el dictamen del fiscal. "Somos respetuosos de la Justicia y del derecho a peticionar", agregaron allegados a Vanoli. En el Gobierno no tienen dudas de que esto es el comienzo y anticipan una "catarata" de juicios contra el Estado. "Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pagaremos en la medida que podamos", dijo sin eufemismos uno de los principales asesores del Presidente. Hace ocho días, el Gobierno anunció un aumento para jubilados y pensionados de 2, 3 por ciento más una suma fija de 1500 pesos, a partir de marzo, lo que significó un incremento del 13% para los que perciben la jubilación mínima, que pasará de $14.068 a $15.891. La decisión del Presidente generó que más de dos millones de personas reciban en marzo un aumento de haberes inferior al que hubieran percibido en caso de no estar suspendida la aplicación de la ley de movilidad previsional. Pese a la posibilidad de que se inicien miles de demandas, en el Gobierno descartaban ayer que se hubiera extendido la preocupación. "Ya pasó en otros tiempos", se lamentó un funcionario que tiene despacho en la Casa de Gobierno. Y agregó: "El tema es la plata que tenés en el bolsillo. Los invitaría a que vean los números". Los demandantes pretenden que se disponga una suspensión de la medida del Poder Ejecutivo, con efecto para todos los jubilados afectados. Varios miles de pasivos en los últimos días firmaron su adhesión a la presentación judicial. Entre los argumentos, los querellantes invocaron el principio de igualdad ante la ley y de progresividad de los derechos fundamentales. Pese a esto, fuentes oficiales destacaron que la demanda no ataca la constitucionalidad de la norma que aprobó el Congreso. "Tenemos ya 7000 adhesiones, no solo las de la ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país", contó Semino en declaraciones a Radio Continental. Según el director de la Tercera Edad, la demanda busca evitar que "el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro", en que la Corte Suprema terminó estableciendo un concepto de movilidad a través de un índice distinto al que pagaba en ese entonces la Anses. Mientras tanto, sigue pendiente la nueva fórmula para el aumento jubilatorio. La semana pasada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, envió a la Cámara de Diputados una carta para solicitar que integre una comisión para resolver una nueva pauta jubilatoria. Pero aún nada se sabe sobre los avances de la comisión. El único que ha dicho algo en público sobre el asunto fue Vanoli, para quien la próxima ley de movilidad jubilatoria debería incluir el cálculo sobre la base de la actualización de salarios y la evolución de la recaudación. En paralelo, hace 10 días, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que reduce las jubilaciones de los jueces y diplomáticos que se retiren de aquí en adelante. La norma enviada prevé quitarles a los magistrados que se jubilen el beneficio de cobrar el 82% del salario, lo que provocó una fuerte reacción de magistrados y fiscales.
