El Gobierno está dispuesto a ofrecerle una salida acordada a Claudio Bonadio, el juez federal que llevó a juicio a Cristina Kirchner y a decenas de sus exfuncionarios. Algunos dirigentes del oficialismo reconocen la voluntad de negociar con el juez de la causa de los cuadernos una salida elegante y dejar de lado la vía del juicio político y la destitución. Por ahora, de todas formas, parece ser una expresión de deseo. En el oficialismo afirman no haber recibido del juez ninguna señal de querer renunciar ni jubilarse. "Dicen que está muy firme en que no se quiere ir", explicó, incluso, una alta fuente del Gobierno. La situación de Bonadio surge como un tema de conversación de las mesas en las que el Gobierno define el rumbo que tomará en materia judicial. Bonadio, de 64 años y con 26 años de carrera como juez federal de Comodoro Py, tuvo una intervención quirúrgica el año pasado que lo mantuvo fuera de los tribunales durante varias semanas. Durante todo el mes de enero se tomó licencia y en las últimas horas fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que esta se extenderá durante el mes de febrero también, por vacaciones no gozadas. Sin embargo, algunos interpretan que podría estar relacionado con la situación de su salud. El magistrado ya elevó a instancias superiores todas las causas que implican a la expresidenta. Ahora, después de una guerra que se extendió durante al menos cinco años, el oficialismo busca un modo de salida más pragmático. Así lo informo a LA NACION un funcionario que interviene en temas judiciales. "No está arreglado un encuentro con él, pero debería pasar", dijo el mismo funcionario, que considera necesaria la salida del juez por la vía de la renuncia por una cuestión "de pragmatismo". LA NACION intentó comunicarse con Bonadio, sin éxito. Fueron años de enfrentamiento. Acusaciones cruzadas, provocaciones y declaraciones de alto voltaje. El magistrado elevó a juicio más de cinco causas contra Cristina Kirchner, la citó a siete indagatorias en un solo día y le dictó nueve prisiones preventivas, seguidas de pedidos de desafuero al Congreso. También investigó a sus hijos, Máximo y Florencia. Cristina lo acusó de persecución política y lo calificó como el ejemplo del lawfare. Antes de llegar a la presidencia, Alberto Fernández lo mencionó como uno de los jueces que iban a tener que explicar sus sentencias. Algunas fuentes que dialogaron con la nacion le atribuyen a Sergio Massa la interlocución con el magistrado. Su amistad es conocida. Pero desde el entorno del tigrense negaron a este medio que haya un canal de diálogo abierto. Bonadio tiene tres denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, el entonces representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, pidió desestimar dos de esas denuncias y salvar al juez. El oficialismo sabe que no cuenta con mayoría para impulsar el juicio político a Bonadio y lograr su destitución. Las posiciones tendientes a impulsar un proceso de destitución serían, de acuerdo con la información recolectada por este medio, Mariano Recalde, María Inés Pilati Vergara, Vanesa Siley y el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz. Pero con sus votos no se alcanzaría la mayoría requerida para enjuiciar al magistrado: para que una acción así prospere es necesario que haya 9 votos de apoyo. A principios de 2016, Mauricio Macri le aceptó la renuncia al exjuez Norberto Oyarbide, que acumulaba denuncias en el Consejo de la Magistratura y pedidos de juicio político. Esa decisión, que Macri anunció bajo la explicación de que le produjo una "doble sensación", despertó la bronca de un sector de su gobierno, representado por Elisa Carrió, quien apuntó a Daniel Angelici como el operador y responsable para acordar la salida del magistrado. Una denuncia fue presentada por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, por haber dispuesto medidas de prueba de manera "arbitraria y abusiva" respecto del patrimonio de la expresidenta en la causa Los Sauces. Otra fue formulada por el exdirector de la AFI Oscar Parrilli, por la supuesta falsificación de testimonios en una causa que investiga los gastos de un libro sobre toda la gestión kirchnerista. La tercera denuncia la formuló la pareja de Gerardo Ferreyra, de la firma Electroingeniería, Myryam Cohen. El consejero Juan Manuel Culotta, a cargo de esa investigación, pidió desestimar esa denuncia, pero el cierre se postergó.
