En el último año del gobierno de Mauricio Macri, la Argentina mejoró su posición en el ranking anual de percepción de la corrrupción en el sector público, elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI). Nuestro país pasó del lugar 85 en el ranking de 2018 al puesto 66 el último año, entre los 180 países analizados por TI para el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019. La medición se hace en base a encuestas de distintas instituciones internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la corrupción en el Estado. El ascenso en el ranking es el más significativo en los últimos ocho años y en el último de la gestión de Cambiemos, que buscó hacer de la lucha contra la corrupción uno de sus caballitos de batalla de cara a las elecciones. Sin embargo, el ascenso se explica no solo por los méritos propios de un país, sino también en relación al resto de los países, en una edición del Índice que revela que muchos bajaron su puntuación. Por eso, cuenta más el puntaje obtenido por una serie de encuestas que la ubicación en el ranking de esta medición. Y en 2019, Argentina consiguió 45 puntos sobre 100 máximos posibles, 5 más que en 2018. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país “fue bochado” al ser percibido con una corrupción elevada y 100, que el país es percibido como muy transparente. Con este puntaje, Argentina se ubica, por primera vez, por encima, de la media global en materia de percepción de corrupción que es de 43 puntos –un puntaje de por sí pobre-, aunque sigue entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador que TI. Desde 2012, cuando Transparencia Internacional modificó la metodología del índice, la peor perfomance del país había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 32, mucho más cerca del final de la tabla que hoy. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) mide anualmente la percepción de la corrupción pero solo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Las preguntas se refieren a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos de obra pública, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos de públicos, entre otros aspectos. En el caso de Argentina, se hizo en base a ocho encuestas de distintos entidades internacionales: el Índice de Gobierno Sustentable de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), el Ranking de Países de la Unidad de Inteligencia Económica, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial. “Los últimos años esos sectores percibieron algunos avances que se siguen reflejando en este índice que elabora Transparencia Internacional. Los desafíos en Argentina siguen siendo muchísimos más allá de los avances que marca este estudio”, sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI. Sin embargo, opinó que “no se observan cambios de fondo en la matriz de corrupción de nuestro país”. La región En relación a los países del continente americano, Argentina se ubica en el puesto 13 sobre 32 países, ranking que encabezan Canadá con 77 puntos sobre 100, Uruguay con 71, Estados Unidos con 69 y Chile con 67, apenas un punto por encima de Argentina. En el otro extremo de la tabla, los países percibidos como más corruptos son Honduras con 26 puntos, Nicaragua con 22, Haití con 18 y Venezuela, en último lugar del continente en el puesto 173, con solo 16 puntos sobre 100. Brasil es destacado por la ONG internacional ya que “la corrupción sigue siendo uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico y social del país”. Con 35 puntos sobre 100, obtuvo su puntaje más bajo desde 2012. Su performance ha venido cayendo desde que se conoció el escándalo del Lava Jato, lo que despierta un interrogante aplicable a otros países: ¿el puntaje de un país empeora cuando se conocen más casos de corrupción? El hecho de que salgan a la luz ¿no implica que comienzan a ser perseguidos? El ranking global El ranking global en 2019 lo lideran nuevamente Nueva Zelanda y Dinamarca con 87 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia con 86 puntos, y en tercer lugar, con 85, Suecia, Suiza y Singapur. Por el contrario, los países percibidos como más corruptos de los 180 analizados son Venezuela con 16 puntos, Yemen con 15, Siria con 13, Sudán del Sur con 12, y Somalía con 9. Según TI, de acuerdo a esta nueva edición del Índice, ”más de dos tercios de los países —incluidas las economías más avanzadas del mundo— muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, y obtienen puntuaciones menores a 50, con una puntuación media de solo 43”. Para Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, “la frustración por la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones refleja la necesidad de una mayor integridad política”. Según esta politóloga argentina, ex presidente a su vez de Poder Ciudadano, “los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”. Los números del IPC 2019 analizados por TI muestran que los países europeos son los mejores posicionados respecto del resto en el Índice, aunque el puntaje empeoró en varios de ellos. Cuatro países del G7 redujeron sus puntuaciones en relación con el año pasado: Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3), Estados Unidos (2). Alemania y Japón no experimentaron ninguna mejora, mientras que Italia aumentó un punto. En el caso de Estados Unidos, TI destacó que confianza de los norteamericanos en su gobierno cayó a un piso histórico, un 17%, de acuerdo al Pew Research Center. Y menciona entre las “amenazas” desde “las influencias creciente de intereses especiales en el gobierno hasta el uso de compañías pantalla para que corruptos, criminales y terroristas”. En comparación con 2012, 22 países empeoraron significativamente, entre ellos Australia, Canadá y Nicaragua. “Una amplia mayoría de países que empeoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 no impulsan la participación de los actores políticos, sociales y empresariales más relevantes en los procesos de toma de decisiones”, analizó la ONG, una de las líderes en el movimiento anticorrupción desde hace más de 25 años. Corrupción y financiamiento electoral “Los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis”, consideró TI en el informe que difundió esta madrugada hora de Argentina. Para la organización, “el análisis demuestra que los países que tienen un buen desempeño en el IPC también cumplen con la regulación sobre la financiación de campañas electorales y cuentan con procesos de consulta muy participativos”. Y consideró que “los países donde hay regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática, tienen una puntuación media de 70 en el IPC, mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente tienen una media de 34 y 35, respectivamente. El 60% de los países que mejoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 también fortalecieron sus regulaciones sobre las donaciones a las campañas políticas”. Recomendaciones Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional enumeró una serie de recomendaciones a los gobiernos: 1) Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política 2) Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés; 3) Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”; 4) Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones; 5) Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas; 6) Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
