Una resolución firmada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, suspendió sin plazo los beneficios impositivos para el sector de la economía del conocimiento que habían sido establecidos en la ley 27.506, sancionada en mayo de 2019. La decisión anuló dos resoluciones del gobierno anterior que ponían en marcha el régimen de incentivos de esa ley, destinado a empresas del sector informático y de los servicios profesionales. También designó como autoridad de aplicación de la ley a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, que conduce Ariel Schale. “Suspéndanse los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento presentadas hasta la fecha de emisión de la presente, hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente”, señala la norma publicada hoy en el Boletín Oficial. Las resoluciones anuladas establecían, precisamente la implementación del Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Con esta inciativa del Gobierno se abre un interrogante para la actividad de medio centenar de empresas como Mercado Libre, Accenture, Globant, Exxon, Deloitte, INVAP, Oracle, PWC o JP Morgan, dedicadas a la informática y a otras actividades con una particular orientación a la exportación de servicios profesionales, que generó ingresos por USD 3.600 durante el año pasado. En el sector recuerdan que durante la campaña electoral, el presidente Alberto Fernández habló positivamente de la ley de Economía del Conocimiento, un dato peculiar ya que la norma fue promovida y sancionada íntegramente durante el gobierno de Mauricio Macri. No obstante eso, la decisión de Kulfas pone una traba en su desarrollo, ya que no queda claro el tiempo que llevará la nueva reglamentación y, por tanto, podría retrasar decisiones de inversión. En el interín, las empresas que habían sido beneficiadas por la ley del Software perdieron esas ventajas, ya que esa norma perdió vigencia el 31 de diciembre pasado, ante el supuesto de que la ley de la Economía del Conocimiento iba a reemplazar los incentivos que generaba para la actividad. En el ministerio de Desarrollo Productivo explicaron que el gobierno mantiene su posición de la campaña en cuanto a que el espíritu y los objetivos de la ley son positivos pero todavía no hay decisión tomada sobre la implementación. Por tal motivo, van a estudiar con mayor detalle la implementación del registro de empresas que debía comenzar a fin de enero. También destacaron que un punto sensible es qué actividades económicas van a recibir los beneficios y qué tamaño de empresas. Seguí leyendo:
