El candidato de Alberto Fernández para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, es abogado del gremialista y presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño Víctor Santa María, según información oficial a la que accedió LA NACION. La Justicia investiga al sindicalista por lavado de dinero sobre la base de una denuncia realizada por la propia UIF, la entidad que ahora podría quedar en manos de su abogado. Cruz informó en su declaración jurada que fue abogado de al menos unas diez personas y sociedades vinculadas a Santa María en los últimos ocho años, según los datos que el propio abogado entregó ante el Ministerio de Economía como parte de su proceso de selección para presidir la UIF. En la nómina de clientes con los que Cruz declaró haber trabajado -a la que accedió LA NACION- no solo figura Santa María como persona física, sino también dos empresas del gremio de los porteros: Aseguradora de Riesgos de Trabajo Interacción SA y Edificar Seguros. Edificar Seguros, incluso, aportó fondos a la campaña presidencial de Alberto Fernández, que luego fueron devueltos por el Frente de Todos por temas legales. Santa María mantiene una estrecha relación con el presidente Fernández después de décadas de militancia en el PJ porteño. Cuando le advirtieron a Fernández sobre el vínculo de Cruz con Santa María, el Presidente dijo: "Los méritos de Cruz exceden el ejercicio de la profesión y no puedo prejuzgar a los abogados por las causas que llevan", pudo reconstruir LA NACION entre fuentes de su entorno. Cerca del Presidente negaron que el desembarco de Cruz haya sido un pedido de Santa María y aclararon que se conocieron hace décadas en el mundo académico (ambos son profesores de la Universidad de Buenos Aires) y en la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Pero desde la Casa Rosada advirtieron que Cruz debería excusarse en caso de recibir un pedido de cooperación de la Justicia sobre el expediente de Santa María y del resto de sus clientes. "Es como el caso de la deuda del Correo. (Mauricio) Macri le pasó el expediente para que lo firme a (Gabriela) Michetti, pero se lo llevó puesto a (Carlos) Balbin por no firmarle el dictamen a la medida de los intereses de los Macri", retrucaron. LA NACION intentó contactarse con Cruz, pero el abogado no respondió la consulta de este medio. "Declaro que no poseo ningún tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de mi criterio por actividades propias, de mi cónyuge, de mis ascendientes y de mis descendientes en primer grado", indicó Cruz en el expediente donde se detallan sus antecedentes laborales. Más allá de sus vínculos con Santa María, la mayoría de los clientes informados por Cruz son compañías de seguros y empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario. Tanto Cruz como Mariana Quevedo -sugerida como vice de la UIF- fueron impugnados por diputados opositores por "falta de idoneidad" e "inhabilidad moral" para conducir el organismo cuyo máximo objetivo es la prevención del lavado de activos. Santa María fue denunciado en 2018 por la UIF tras detectar que movió US$1, 9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 83 años, ingresara en el blanqueo de capitales. La familia Santa María había tenido otros US$6, 5 millones a través de dos fideicomisos suizos hasta agosto 2017. Pero la causa judicial, en manos del juez Claudio Bonadio, prácticamente no avanzó en estos dos años. Santa María nunca fue indagado. La Justicia analiza si la familia Santa María puso a su nombre dinero proveniente del sindicato. "El Sr. José Santa María (el padre de Víctor) habría manifestado que los fondos operados se originarían en hospitales que registraría su familia. No obstante, atento a que dichas instituciones en realidad pertenecerían al sindicato, queda de manifiesto que a los fines de operar en Suiza el citado habría indicado como propios fondos que pertenecerían al sindicato", según consta en el informe de la UIF que está en manos del juez Bonadio. Cruz también declaró haber trabajado como abogado para la Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal, una institución que forma parte del gremio conducido por Santa María. Y entre los clientes del postulante a conducir la UIF aparecen tanto empleados del sindicato y la obra social, así como personas vinculadas a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, también vinculada al sindicalista. El candidato a dirigir la UIF defendió en los últimos años a Santa María en expedientes vinculados al sindicato de porteros, según pudo reconstruir LA NACION. La audiencia para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo para encabezar la UIF está programada para el 22 de enero y la designación de Cruz y Quevedo se formalizaría el 27 de este mes. La diputada Elisa Carrió y varios diputados de la Coalición Cívica, que ya impugnaron a Cruz, plantearán sus objeciones al nombramiento por su cercanía con Santa María. También lo impugnaron la legisladora Graciela Ocaña y el diputado Alberto Assef. Quevedo también quedó bajo la lupa por su pasado en la UIF. Abogada especializada en derecho tributario, cristinista, fue la mano derecha de José Sbattella entre 2010 y 2016, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Fue la responsable de las querellas en las causas por lavado de dinero que se tramitaron en tribunales federales. Esas acusaciones fueron "discresionales" desde el punto de vista político, según las impugnaciones ya presentadas en su expediente.
