Luego de trece días de escarpadas negociaciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró esta semana que la Legislatura apruebe su Ley Impositiva 2020, “un instrumento imprescindible, más aún en el marco de la emergencia económica, social, productiva, educativa y sanitaria” en la que se encuentra la provincia. Sin embargo, se hizo con modificaciones por parte de la oposición en 6 artículos del proyecto originalmente presentado el 24 de diciembre, que implican incrementos segmentados hasta el 75% y un mayor beneficio para el pago anual del impuesto inmobiliario, que pasó del 25% al 35%; la reducción de la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos en determinados bienes y servicios (para operadores de cable, profesionales, importadores y exportadores, por ejemplo) y que acotan los aumentos del impuesto automotor con topes del 50% y la reducción a la mitad de las tasas para actividades portuarias. El gobernador no quedó contento con esta ley que pudo sacar y a través de un extenso hilo en Twitter expresó que: “Nos acusaron de querer hacer un "impuestazo", nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas”. Agregando que no están de acuerdo ni acompañan las modificaciones propuestas por Juntos por el Cambio porque desfinancian a la Provincia: “Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas”. A modo de balance de su primer mes de gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos preguntamos por qué temas que venían funcionando históricamente desde siempre, debido a cuestiones de aprendizaje; de liderazgo de Kicillof y lógicamente del nuevo balance de poder a partir de octubre, estarían costando ahora un poco más. El primer aspecto fundamental es que nos encontramos con un acomodamiento de piezas donde hay un gobernador que quiere ejercer su poder formal y le cuesta muchísimo porque el poder real, el poder territorial, lo tienen los intendentes. Básicamente, estamos en presencia de un mandatario que pretende ejercer no un poder omnímodo, pero sí de plenas facultades de gobernador, sin reconocer el poder territorial de los intendentes e incluso teniendo más dificultad con los propios que con los de Juntos por el Cambio, debido a que están acostumbrados a cogobernar. Hace 20 años que en la provincia hay liderazgos de gobernadores oriundos de la ciudad de Buenos Aires, que están generalmente acompañados por vicegobernadores como representantes del poder territorial. Esto se dio sobre todo a partir de quien fuera el vicegobernador de Carlos Ruckauf, Felipe Solá, quien tuviera como compañera de fórmula a la gobernación a Graciela Giannettasio, proveniente de las filas del duhaldismo. También con Alberto Balestrini, vicegobernador de Daniel Scioli del 2007 a 2010 quien había sido intendente de La Matanza por dos períodos, del 1999 al 2005. E incluso con el saliente vicegobernador de María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, aunque no representaba el poder de los intendentes sino el poder de un partido, la UCR, con cierto arraigo tradicional y territorial, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Además, las dificultades y resistencias que tuvo que afrontar Kicillof, en un contexto en el que cuenta con la venia y el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández, también pondrían de manifiesto los problemas de PJ con Cristina, donde si bien ella claramente es una figura muy fuerte en particular en el conurbano bonaerense, no lo es tanto en el interior provincial. Es que el objetivo del proyecto de ley enviado por Kicillof pretendía que los recursos y obras de la Nación para los municipios, aún en casos de urgencia, no vayan en forma directa, sino que pasen primero por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que encendió las alarmas de todos los intendentes, ya que limitaba sus recursos y, sobre todo, su poder. Y rememoraba, además, la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en la segunda gobernación de Scioli, en 2011, le impuso como vicegobernador a Gabriel Mariotto, (resistido por los intendentes y por el propio gobernador) como una forma de vaciarlo de poder territorial. Es que Scioli, se había convertido en una especie de gerente de los intendentes peronistas, a quienes había dado demasiado atribuciones, según el criterio de la presidenta. En algún sentido, éste es el espejo en el cual debe mirarse el gobernador Kicillof, cuyo riesgo, por ser un delegado de Cristina, es el de convertirse temporalmente en un líder con cierta cuota de poder, pero que, al igual que Mariotto, no logran construir nada estable. Otro aspecto, es estrictamente financiero, fiscal, donde hay una puja enorme porque en algún sentido Kicillof lo que está pretendiendo son recursos propios para no depender tanto de las transferencias del poder central. Aunque finalmente tuvo que sucumbir y pedirle ayuda o apoyo político al presidente Alberto Fernández para que “ablande” a propios y ajenos, hecho que fue publicitado por la Casa Rosada. Sin embargo, se da en un contexto en el cual la Nación está dando auxilio con anticipos financieros a varias provincias como Chaco, Tucumán, Chubut, Río Negro, Santa Cruz (coincidencia o no, todas gobernadas por el peronismo o fuerzas aliadas), por lo que se trataría más de conflictos que tienen que ver con la propia dinámica del federalismo, a nivel más nacional. Finalmente, un punto interesante para destacar es el rol de la oposición: Juntos por el Cambio se transformó en una fuerza que está dispuesta a dar gobernabilidad, incluso en la provincia de Buenos Aires, no obstaculizando, pero sin dejar de defender los intereses de su electorado y tratando de negociar un incremento más acotado de la carga impositiva, demandado por sus votantes, en especial por los que habitan en el interior de la provincia. Si bien existen matices dentro de la oposición, con alas más flexibles o cooperativas como las de Emilio Monzó o el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en este punto, ambos representantes del bloque Cambio Federal, formalizaron la conformación de una tercera vía al rechazar y votar en contra de las subas en los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural aprobadas por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, como respuesta al reclamo de las bases de apoyo que demandan una postura muchísimo más rígida y confrontativa. Ejemplo de esto es el tractorazo protagonizado por los productores de Pergamino en la última semana, demostrando así su malestar por la suba de las retenciones por parte del gobierno nacional y del impuesto rural bonaerense. Fue muy importante como expresión de una especie de pre 125, no en este caso generada por el gobierno nacional sino por la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y locales que implican una carga tributaria percibida como totalmente exagerada o difícil de tolerar por los productores del campo. Como conclusión, en el primer mes de gobierno de Kicillof, se observa un desgaste del poder del gobernador, que pone de manifiesto que no comprende cabalmente la lógica de la política en general, la cual la requiere ceder, y de la provincia en particular, con los intendentes como factor de poder fundamental. En algún sentido, Kicillof transformó algo meramente material en una puja de simbólica/distributiva entre ricos vs pobres, que se cristalizó en la sanción de una Ley Impositiva donde todos por igual sienten que algo pierden y que no deja conforme a nadie: ni al propio gobernador, porque desfinancia a la provincia y sobre todo desvirtúa el espíritu “robinhoodiense” del proyecto enviado, ni a los contribuyentes en general, urbanos y rurales, y mucho menos a los sectores más radicalizados piqueteros que la ven como “moderada e insuficiente”. Así es la democracia. Por Sergio Berensztein.
