El costo que tendría para la administración central bonaerense el conjunto de modificaciones introducidas a la Ley Impositiva, con respecto al proyecto original enviado a fines de diciembre, ascendería a 10 mil millones de pesos, según estimaciones oficiales. El rendimiento extra que debía resultar de los cambios de alícuotas en los impuestos inmobiliario (urbano y rural), ingresos brutos, tasas portuarias , patentes, sellos y otros, era de 30 mil millones de pesos, pero a raíz de las dos tandas de cambios, un primer paquete consensuado y otro surgido de las modificaciones impuestas en el Senado bonaerense por la oposición, ese rendimiento se verá recortado en una tercera parte. Los cambios no consensuados, los que impuso Juntos por el Cambio haciendo uso de la mayoría propia en la cámara alta, tienen un perfil reconocible: benefician fundamentalmente a los grupos económicos más concentrados (cerealeras, grandes exportadoras e importadoras, multimedios, grandes propiedades urbanas y rurales) que hicieron valer, una vez más, su poder de lobby sobre los poderes del Estado. En este caso, el legislativo. El proyecto impositivo de AXel Kicillof apuntaba a otorgarle una progresividad al Inmobiliario Rural y al Urbano que le fijó una actualización anual al gravamen muy por debajo de la inflación para las unidades de menor valor (15 por ciento), que se compensaba en términos fiscales con una actualización superior al índice estimado de inflación del año 2019 para las propiedades mayores (75 por ciento). Además, se contempló eximir del gravamen a las propiedades destinadas a la explotación tambera. La negociación entre oficialismo y oposición provincial había arrojado como resultado limitar la cantidad de propiedades alcanzadas por una tasa del 75 por ciento. Pero el manotazo que le dio al proyecto la mayoría de Juntos por el Cambio en el Senado fue mucho más allá: restringió a una mínima proporción de grandes propiedades la aplicación de la tasa máxima. Pero como, además, aumentó el descuento para quienes paguen el inmobiliario anual en una sola cuota (por su capacidad adquisitiva, se supone que todos los contribuyentes alcanzados estarían en condiciones de hacerlo), quienes hagan uso de esta opción pagarán incluso menos del 55 por ciento de aumento con respecto al año pasado. En Ingresos Brutos, la barrida que le pegó al proyecto la oposición en el Senado prácticamente dejó a las alícuotas del tributo en el mismo nivel que tenían el año pasado. Uno de los vuelcos más significativos que se le dio al proywecto original fue la eliminación del aumento de un punto que se había propuesto para el gravamen que recae sobre los operadores de TV por cable. La propuesta de llevarlo del 2 al 3 por ciento tropezó en el Senado, que lo volvió al nivel del 2% de alícuota: un triundfo del lobby de la corporación multimediática. El otro gravamen cuya modificación reflejó la representación de intereses fue el de la tasa sobre operaciones portuarias, que en los cálculos del gtobierno provincial hubiera representado una recaudación de 4500 millones de pesos anuales. La tasa original era de 93 pesos por cada tonelada cargada, hasta 273 por cada tonelada de descarga y 46 pesos por tonelada de mercadería que permaneciera un mes en instalaciones portuarias sin ser retirada. El recorte del Senado redujo su rendimiento a la mitad. También hubo otros recortes o eliminación de aumentos de alícuotas propuestos en Ingresos Brutos y actualización en Patentes, todo lo cual lleva al resultado de reducción de recursos fiscales del orden de los 10 mil millones para este año. "Se trataba de una ley impositiva diferente, que calificaba a aquellos que tienen posición más vulnerable, productores en riesgo, población con menos posibilidades, pidiendo un mayor aporte a los que más tienen. Esto no fue entendido por el sector más duro de Cambiemos, que entorpecieron primero el tratamiento de la ley y terminan favoreciendo a los sectores más privilegiados, los que concentran el poder económico: operadores portuarios, operadores de la TV por cable, cerealeras, en defensa de cuyos intereses la oposición abrió distintos frentes de combate", definió Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en una entrevista que dio ayer por la mañana (Am 530 en Siempre es Hoy), para quien no hay dudas de que la Ley Impositiva dejó de manifiesto el enfrentamiento de dos modelos de sociedad diferentes.
