Cambiemos logró eliminar un artículo clave en la ley impositiva, que se sancionó hoy en la Legislatura bonaerense, para proteger al Grupo Clarín y así desfinanciar a la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof quería una ley progresiva y justa, pero la oposición presionó a favor del multimedios y del resto de las cableoperadoras para ahorrarles impuestos por $600 millones. El Frente de Todos, tras la eliminación de este artículo del proyecto en el Senado, se vio obligado a aprobar la ley en Diputados porque de otra forma no iba a salir y la gestión de Kicillof necesita sí o si de ella para afrontar la deuda que heredó de María Eugenia Vidal. "No pataleaban por el campo ni por el inmobiliario de alguien que tiene una casa en San Martín sino por los $600 millones de Clarín y las cableoperadoras", denunciaron en el oficialismo. Cambiemos obligó a borrar de la iniciativa la suba del 3% para las empresas de televisión por cable. Con este incremento, las compañías iban a pagar $600 millones. Ahora, implica una suba de $18 millones, bastante lejos del total global. Este punto, según informaron a El Destape desde el oficialismo, es el único que le importaba a la oposición. Ni bien supo de la noticia, Kicillof salió a cruzar a Cambiemos en Twitter, muy enojado: "Acaba de aprobarse en la Legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que mantenía -como el original- la recaudación del año pasado en términos reales pero agregando segmentación y progresividad". "Mientras Cambiemos protege a los empresarios del cable a los bonaerenses les saca hospitales, cloacas, seguridad, ambulancias y hospitales Prioridades de algunos vs prioridades de TODOS", acusó el legislador Jorge D'Onofrio. Además de este punto, el proyecto sufrió varias modificaciones. Los jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y asociaciones civiles, entre las que están los clubes, quedarán exentos de la suba. En tanto, el gobierno buscó mantener el espíritu progresivo de la norma: que los que más tienen sean los que más paguen, con un tope de aumento del 75%. Ese porcentaje, cuestionado, estaba destinado a ruralistas con más de 2000 hectáreas y a propiedades urbanas de más de US$300.000 a valor real. Ahora, acordaron disminuir el impacto del aumento del 75% para 1.400.000 partidas, a las cuales se les va a aplicar el 55%.
