Los diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Elisa Carrió, impugnaron hoy las candidaturas de Carlos Cruz y Mariana Quevedo como futuros directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), el estratégico organismo antilavado. En un escrito presentado ante el ministerio de Economía de la Nación, que abrió una etapa de impugnaciones antes de mandar los candidatos al Congreso, fundaron su pedido “esencialmente, en la falta de idoneidad manifiesta del señor Cruz puesto que carece de los antecedentes técnicos y profesionales en la materia que exige el artículo 11 inciso 2) de la Ley 25.246; y en la inhabilidad moral de la señora Quevedo, en los términos del artículo 9 bis del mismo cuerpo normativo”. La impugnación está firmada además por los diputados del bloque de la CC, Maxi Ferraro, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Mariana Stilman y Juan López. Actualmente y hasta marzo, la UIF está dirigida por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes tuvieron un papel clave en causas por corrupción K y narcotráfico. Además, Federici preside el Grupo Egmont, que coordina el intercambio de información de inteligencia de todos los organismos antilavado del mundo. En la nota, los diputados resaltaron que “Cruz, si bien posee cierto conocimiento académico en relación los delitos económicos, carece del más mínimo conocimiento técnico para ejercer la Presidencia de la UIF, de acuerdo con las misiones y funciones asignadas por ley al organismo en cuestión”. De la simple lectura de sus antecedentes curriculares se “revela su falta de experiencia en materia regulatoria (incluyendo la supervisión y sanción en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo), su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF, y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Los diputados de la CC destacaron que “la orientación de sus principales estudios y antecedentes profesionales de Cruz no guardan relación alguna con la temática específica sobre la que la UIF ejerce competencias y coopera internacionalmente. A modo de ejemplo podemos mencionar su posgrado en “Especialización en Protección Jurídica del Medio Ambiente, Flora y Fauna, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico”, que, como puede apreciarse, no se relaciona en absoluto con las misiones y funciones de la UIF”. Además, Cruz ha hecho críticas públicas al Grupo de Acción Financiera (GAFI), y a otros organismos internacionales, por “su supuesta injerencia en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos, sin advertir que Argentina es miembro pleno del GAFI y ha asumido voluntariamente su compromiso de cumplir con los estándares globales que dicha organización fija en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”. El GAFI tiene programada una evaluación de la lucha contra el lavado para la República Argentina para fines del 2020. En cuanto a Quevedo, los diputados de la CC puntualizaron que ya se desempeñó como directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera desde el año 2010 al 2016, cuando dicho organismo era presidido por Sbatella, es decir, “durante la gestión más desprestigiada en la vida de la institución, que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI (solo 2 de los 49 estándares evaluados resultaron cumplidos), la consecuente inclusión del país en la ya citada lista gris de dicho grupo internacional, y un trabajo posterior altamente deficiente que llevo a la Argentina a ser el país del GAFI que más años tardara en superar dicha situación (4 años en la lista gris)”. En primer lugar, afirmaron que “Quevedo, a cargo de la mencionada dirección, ejerció la facultad de querellar con absoluta discrecionalidad, sin la existencia de protocolos para el ejercicio de la misma como existen en la actualidad, y sin los criterios objetivos hoy vigentes para justificar la actuación de la UIF en causas penales. Dicha situación dio lugar a un ejercicio arbitrario de dichas facultades y a abusos de autoridad por los cuales su ex titular, el señor Sbatella, se encuentra procesado”. En tal sentido, “desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, durante la gestión de Quevedo, puede decirse que se utilizaron las querellas penales a su cargo para proteger a imputados vinculados al gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como para perseguir a quienes ella considerara sus adversarios, como por ejemplo algunos de los medios de prensa más importantes de la Argentina”. Aseguraron que Quevedo “se encuentra imputada, en los términos del artículo 62 del régimen de investigaciones administrativas, en el sumario disciplinario que instruye el Ministerio de Economía tendiente a esclarecer las serias irregularidades detectadas en el llamado a licitación pública para el reacondicionamiento de las antiguas oficinas de la UIF y la adjudicación de la misma a la empresa BEBANATO S.A. hechos que dieron lugar a una denuncia ante la Oficina Anti-Corrupción y posterior denuncia penal, aun bajo investigación por parte del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, Secretaria Nº 6 (en el Expediente Nº17159/2016)”. Sbatella, además, fue investigado por su inacción, cuando se encontraba a cargo de la UIF, en un caso en el que se investiga a Sergio Schoklender y su relación con la empresa Antártida Argentina S.A. y en otro expediente en el que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, su sobrina Carolina Pochetti y el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz (fallecido). COMENTARIOS Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
