Tras el decreto de designación, publicado en el Boletín Oficial de este sábado, la nueva interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, podría encontrarse este lunes con una interna que es un sálvese quien pueda. En la central de espías existe una clara diferenciación entre lo que llaman personal de inteligencia de carrera y los ex comisarios de la Federal y la Bonaerense, así como ex militares, con los que Cambiemos pobló la AFI en los últimos cuatro años. Los de carrera dicen que los comisarios fueron ñoquis y más bien lucraban quedándose con la plata de operativos que nunca se hicieron. Para esos actos de corrupción les vino perfecto el decreto 656/16, dictado por Mauricio Macri, que volvió a imponer el secreto en los gastos de la ex SIDE. Sin embargo, el mayor de los problemas no estuvo en el dinero, sino en la intromisión de la AFI en la política y la justicia, a través de los Fariñas, los D'Alessios y las increíbles visitas a jueces exigiéndoles que, por ejemplo, metan preso a Hugo y Pablo Moyano. El DNU publicado ayer limita las funciones de la AFI, de la misma manera que recorta el secreto y la confidencialidad en el uso del dinero. Además, pone en disponibilidad a todo el personal de la AFI, con lo que Caamaño queda facultada para resolver quién se va y quién se queda en la central de espías. Como es obvio, el punto principal del DNU fue el nombramiento de Caamaño como interventora. Se sabe que por decisión de Cristina Fernández de Kirchner y la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, la fiscal Caamaño se hizo cargo a mediados de 2015 de lo que se conocía como Ojota (Observaciones Judiciales), la estructura que realizaba las escuchas telefónicas. Fue un golpe durísimo para la ex SIDE, porque le quitó un instrumento clave, pero también porque desde allí se manejaba una enorme cantidad de "negocios" ilegales e incluso extorsiones. El método no era sofisticado: en una causa de narcotráfíco, por ejemplo, se pedían 40 intervenciones telefónicas, algunas de las cuales no tenían nada que ver con los sospechosos. Eran escuchas que se le vendían a un competidor comercial de quien las pagaba o a un empresario o empresaria que buscaba pruebas de la infidelidad de su cónyuge. Algunos hoy lo denominan como "la gran Ciro James", refiriéndose a aquel espía contratado por los Macri, que trabajaba para el gobierno porteño y lucraba con escuchas realizadas por la SIDE. Durante toda la gestión de Caamaño al frente de la ex Ojota se cortaron esos negocios y, sobre todo, no hubo ni una sola filtración. Su gestión fue elogiada por todos. Lo más probable es que tarde o temprano el aparato de escuchas vuelva al Ministerio Público Fiscal, seguramente tras el nombramiento del candidato propuesto por Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas. El DNU publicado ayer también le fija a Caamaño una misión muy concreta a completar durante los seis meses que durará la intervención. "Instrúyese a la Interventora a preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas, y reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional". El texto apunta directamente a enfrentar lo que hizo la AFI en estos cuatro años: operar en la justicia y en la política nacional. Basta mencionar el show de escuchas telefónicas usadas contra los opositores políticos; la forma en la que desde la AFI guionaron a "arrepentidos" para que declaren contra ex funcionarios del kirchnerismo; los inorgánicos u orgánicos que manejaron a Marcelo D'Alessio o a Leonardo Fariña; los directores de la central de espías que fueron a ver jueces para intimidarlos y la cantidad inédita de sobres con escuchas o documentos que, supuestamente de forma anónima, llegaron a manos de periodistas, jueces y fiscales. O sea, la instrucción es que la AFI debería concentrarse sólo en lo que es información sobre terrorismo y las demás amenazas que enfrenta el país en el contexto mundial y regional. Todo indica, como ya adelantó Página/12, que la ex SIDE dejará de operar en el terreno de los delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y las grandes bandas. Todo eso queda en el Ministerio de Seguridad, en lo que se llama Dirección de Inteligencia Criminal. Se corta el vínculo de los agentes con fiscales y jueces, en especial con los de Comodoro Py. El DNU de ayer también deroga el decreto 656/16 de Macri que volvió nuevamente secretos los gastos de la AFI. El texto publicado en el Boletín Oficial reivindica la ley de Inteligencia y luego la ley, formulada por CFK, con la que se reestructuró la SIDE creando la AFI. También hay una valoración del decreto 1311/15, igualmente de CFK, que levantaba el secreto sobre buena parte de los gastos reservados. La instrucción que emana del DNU de este sábado es que Caamaño debe seguir el camino de sacar de la confidencialidad los gastos de la central de espías. Parece obvio que los gastos de algunas operaciones no se pueden hacer públicos --el seguimiento de un sospechoso de terrorismo, por ejemplo--, pero el decreto 1311/15 instruía que incluso esos gastos debían ser supervisados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Quienes conocen la central de espías dicen que eclosiona una interna entre lo que llaman el personal de carrera y los ex comisarios y ex militares que llegaron en masa durante el macrismo. Durante la intervención de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, en el gobierno de Cristina, se ordenó la jubilación de numerosos agentes y directores, dado que la SIDE venía de grotescos operativos políticos y judiciales. El vacío fue aprovechado por Cambiemos para designar gran cantidad de ex uniformados a los que pusieron directamente como jefes. Según los de carrera, esos policías y militares se dedicaron a operar en política, en la justicia y sobre todo, "fueron ñoquis que falsearon operativos para quedarse con la plata". La versión es que esos hombres de carrera, que entraron a la SIDE o la AFI como auxiliares de inteligencia y llegaron a las categorías de personal superior, van a declarar contra los que metió el macrismo. Habrá que ver si se concreta. En todo caso, la interventora tiene, según el decreto, amplísimas facultades porque el texto indica que todo el personal queda en disponibilidad. Por supuesto que Caamaño no encontrará una alfombra roja a la entrada. Se dice que habrá presentaciones de amparos judiciales contra el decreto, tanto por la puesta en disponibilidad del personal como las atribuciones para modificar los estatutos de quienes revistan en la central. La lógica indica que nada será fácil en un organismo que se dedicó cuatro años a perseguir opositores.
