La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, pidió abrir una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por Israel en territorio palestino. Israel habría cometido delitos de guerra como potencia ocupante de los territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén este y la Franja de Gaza. La fiscal debe esperar la confirmación del CPI para avanzar en la investigación. La decisión fue celebrada por la dirigencia palestina. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la calificó como indignante. La fiscal del CPI sostuvo que cuenta con elementos suficientes para denominar la actuación israelí como crímenes de guerra. "Creo que hay una base razonable para avanzar con una investigación sobre la situación en Palestina. Creo que se cometieron o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén este, y la Franja de Gaza", aseguró Bensouda. La fiscal arrastra una relación conflictiva con la dirigencia palestina. Anteriormente fue criticada por no investigar el ataque a la llamada Flotilla de la Paz que intentó romper de manera pacífica el bloqueo a Gaza. Diez activistas pro palestinos murieron en la operación. Para empezar a investigar la fiscal debe esperar que la CPI le confirme si tiene jurisdicción sobre el caso. "Pedí la confirmación de que el 'territorio' sobre el que la corte puede ejercer su jurisdicción y el cual quedaría sujeto a la investigación comprende Cisjordania, incluida Jerusalén este, y Gaza. Esta determinación debe hacerse estrictamente para definir si la corte tiene la capacidad de ejercer su jurisdicción y cuál es el alcance de dicha jurisdicción bajo el Estatuto (de Roma)", explicó Bensouda al diario israelí Jerusalem Post. La respuesta no se hizo esperar desde el gobierno israelí. El fiscal general, Avichai Mandelblit, manifestó que la CPI no tiene injerencia sobre su país. "La posición legal del Estado de Israel, que no es parte de la CPI, es que la corte no tiene jurisdicción en relación a Israel y que cualquier acción palestina con respecto a la corte es legalmente inválida. Solo estados soberanos pueden delegar su jurisdicción penal a la corte. La Autoridad Palestina claramente no cumple con el criterio de un estado bajo el derecho internacional y el Estatuto fundante de la corte", aseguró el funcionario israelí. El 1 de abril de 2015, Palestina se convirtió en el país número 123 en adherir a la CPI. De esa manera le otorgó jurisdicción sobre su territorio. Esto se pudo dar gracias a que la Asamblea General de la ONU reconoció en noviembre de 2012 a Palestina como Estado observador no miembro, el mismo estatus que tiene el Vaticano. Pese a este apoyo internacional contundente, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el gobierno palestino, no controla realmente sus territorios, que desde hace más de 50 años están bajo ocupación militar israelí. Allí Israel construye y expande constantemente sus colonias pese a infringir el derecho internacional. Las principales organizaciones humanitarias del mundo suele denunciar esas situaciones. Aún cuando no está claro qué decidirán los jueces de la CPI, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, festejó la decisión de la fiscal Bensouda. "Hoy es importante recordar que los pasos determinados y claros de Palestina dentro del sistema internacional son medios importantes de protección para el pueblo palestino y el respeto del derecho internacional es universalmente aplicable", sentenció Erekat en un comunicado. El primer ministro israelí, Netanyahu, dijo que la actuación de la CPI está politizada. "La CPI se convirtió en un arma política en la pelea contra Israel. Quieren tergiversar el hecho de que hay judíos que viven en Israel, es su tierra natal, y convertirlo en un crimen de guerra. Es absurdo", aseguró el premier. Luego calificó a la investigación preliminar de Bensouda como sesgada e indignante y dijo que no aceptaría esa injusticia.
